El Consell Jurídic Consultiu ha desmontado la Ley de Residuos del tripartito valenciano. Cabe recordar que Compromís, Unidas Podemos y el PSPV (Partido Socialista del País Valenciano) presentaron en diciembre del año pasado un anteproyecto de ley de la economía circular con el objetivo de fomentar el reciclaje y reutilización, pero entre las medidas de más calado se escondía la imposición de un nuevo sistema de reciclaje, el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno).

En un dictamen del pasado lunes, el Consell Jurídic Consultiu da un varapalo en toda regla al anteproyecto de ley promovido por los tres partidos mencionados, que pretendían imponer, de forma obligatoria, el sistema de depósito. La implantación del SDDR ha sido rechazada enérgicamente por comerciantes y supermercados, debido al coste de las máquinas de depósito y por cuestiones operativas (espacio, personal, equipamiento y organización).

El Consell Jurídic se muestra categórico en su dictamen: la norma invade la autonomía local y excede al ámbito competencial de la Generalitat y, por tanto, la normativa se saltaría las competencias estatales delimitadas por el Tribunal Supremo. En concreto, el Jurídic excluye la posibilidad de que las comunidades autónomas dicten normas sobre responsabilidad ampliada del productor contrarias o superiores a las estatales.

Asimismo, el organismo de la Comunidad Valenciana recomienda que “se eliminen todas las cuestiones que se vean afectadas por la nueva legislación estatal”.

El dictamen del Consell coincide con el inicio de la tramitación parlamentaria a nivel estatal de la Ley Residuos. Se está también a la espera de que próximamente el Gobierno aprueba el decreto de residuos de envases, que recogerá algunos aspectos que se han puesto en cuestión en la regulación valenciana.

La normativa de Unidas Podem, Compromis y PSPV obligaría a comercios y supermercados a instalar un sistema que, según diferentes informes, no puede ser considerado una solución al problema del reciclaje en España, ya que sólo admite 2% del total residuos sólidos urbanos (sólo algunas latas y botellas de bebidas de menos de 3 litros).

La instalación de las máquinas de depósito (que cuestan entre 18.000 y 24.000 euros, y las tendría que pagar el comercio) supondría un enorme coste para uno de los sectores que más ha sufrido con la pandemia.

Hasta el momento, los tres partidos impulsores de esta iniciativa en la Comunidad Valenciana han preferido no pronunciarse, ni siquiera en redes sociales, sobre el varapalo jurídico que han recibido.