Jueves 1 de junio 2010. El PP formaliza recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en el que pide a los magistrados que suspendan de forma cautelar, antes de que entre en vigor la ley, los ocho preceptos con los que no está de acuerdo, entre los que figura la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Viernes 23 de diciembre 2011. En su primera rueda de prensa como vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría declara: “El Partido Popular llevaba en su programa una modificación de la Ley del Aborto en el sentido de preservar el derecho a la vida y garantizar la situación de las menores. Es conocido que fue un compromiso público del entonces candidato a la Presidencia del Gobierno y que el presidente del Gobierno es persona, y el Partido Popular también, que cumple sus compromisos”.
Lunes 19 de Marzo 2012. El presidente del Tribunal Constitucional descarta en la Cadena SER que haya sentencia sobre la constitucionalidad de la ley del aborto que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, antes de que el PP la derogue con una nueva reforma: “No es ese el recurso que se tiene que resolver inmediatamente y que aunque se está estudiando se trata de una impugnación muy profunda y muy densa”.
Domingo 22 de julio 2012. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reitera en una entrevista a La Razón los contenidos del anuncio que hizo en el Congreso el pasado mes de enero de modificar la legislación sobre el aborto: "Nos inspiraremos en la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional cuando tuvo ocasión y obligación de pronunciarse sobre la primera ley del aborto, y también les anuncio que algunos principios anunciados por nuestro partido, como la exigencia del consentimiento paterno en relación a los menores, estarán incluidos en este Proyecto de Ley".
Lunes 23 de julio 2012. Los magistrados Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Encarnación Roca y Fernando Valdés toman posesión oficial de sus nuevos cargos como miembros del Tribunal Constitucional. Los dos primeros adscritos al sector conservador mientras que los dos segundos al progresista. El magistrado Ollero, supernumerario del Opus Dei y ex diputado popular, es un conocido jurista contrario a cualquier legislación sobre el aborto que no sea para prohibirlo. En el caso de la magistrada Roca, además, con el respaldo de CiU.
Martes 24 de julio 2012. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante voto secreto, confirma a Pascual Sala Sánchez como presidente y como vicepresidente a Ramón Rodríguez Arribas. El primero era presidente desde el 20 de enero de ese mismo año y magistrado desde junio del 2004. El segundo, magistrado del Tribunal también desde el año 2004. Tanto uno como otro dejaran de serlo en la próxima renovación allá por la primavera que viene. Uno está adscrito al denominado sector progresista y el otro, al conservador. La elección se enmarca dentro del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE respecto a las cuatro plazas que se encontraban pendientes de renovación.
Hecha esta breve descripción y como resumen resumido de lo anterior resulta que a fecha de hoy la distribución teórica de los 12 magistrados en función de sus “sensibilidades políticas” arroja un resultado de 7 progresistas frente a 5 conservadores. Esta mayoría se verá alterada la próxima primavera con la salida de 3 magistrados progresistas y 1 conservador y la llegada de otros 4, de los que 1 será progresista a propuesta del CGPJ y 3 conservadores, 2 a propuesta del gobierno y 1 a del CGPJ.
Por tanto, es un dato cierto que con independencia de que el magistrado y antiabortista Ollero se inhibiera o no sobre el recurso presentado por su Partido,- por el tiempo transcurrido no podría ser ya recusado-, con la actual composición, el Tribunal podría dictar sentencia desestimando el recurso del PP.
En un primer supuesto el resultado sería de 7 sobre 5 y en un segundo se podría producir un empate a 6, si uno de los magistrados del sector progresista se decantara, como ya ha sucedido en alguna ocasión, por las tesis del sector conservador. En este caso, el voto de calidad del presidente rompería el empate y se desestimaría igualmente el recurso.
Hasta aquí un relato cierto de hechos contrastados. Sin embargo, y aquí entramos en el terreno de lo verosímil, aliñado con tintes de verdad, es probable que si no se le pone remedio, este recurso no será resuelto en los próximos meses y seguirá en un cajón hasta que las nuevas mayorías en el Tribunal coincidan con las que representa el Gobierno de Rajoy.
De hecho, son numerosos los observadores del alto tribunal que además de bien informados coinciden en que las presiones genovesas, directas e indirectas, al presidente de Sala son más que evidentes. Las técnicas utilizadas variarían según la resistencia mostrada. La salida natural y menos comprometida para las partes es que así las cosas, lo más práctico y más socorrido es dejar correr el tiempo hasta que se sincronicen las mayorías conservadoras. El primero se jubilaría habiendo batido todos los records conocidos en presidir órganos constitucionales: Tribunal de Cuentas, CGPJ y Tribunal Supremo más Tribunal Constitucional mientras que el Gobierno de Rajoy cumpliría su sueño dorado: Disponer de una holgada mayoría , para aplicarla, en todas y cada una de las instituciones del Estado.
Y el hecho es que, si a la vuelta de la navidad, desde la Presidencia no se incluye este asunto en un próximo orden del día, cuestión ésta que solo depende del propio Presidente, será una entonces una nueva mayoría conservadora la que resuelva el recurso en el sentido más favorable posible a las tesis del PP.
Incluso los hay que sostienen con fundamento fundado que solo después de la sentencia conservadora será cuando el Gobierno de Rajoy apruebe su propia reforma. Para que eso sea así, un nuevo presidente del Tribunal Constitucional, probablemente Francisco Pérez de los Cobos, será el encargado de incluirlo en un orden del día y esta vez sí, las mujeres españolas serán las únicas europeas, junto al Estado del Vaticano, las que durante los próximos veinte años no podrán abortar en los términos y en los tiempos que están establecidos en la actual LeyOrgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Así son las cosas y así os las estamos contando.
