En la última década, el ayuntamiento de la localidad murciana de San Javier, gobernada por el Partido Popular desde 2011, tiene una retahíla larga de procesos de contratación millonarios opacos y con denuncias por presuntas irregularidades y prácticas corruptas tras de sí. José Miguel Luengo Gallego, el actual alcalde, es el que más frentes abiertos ha acumulado en tan solo una legislatura y media.

No hace falta ir demasiado hacia atrás para comprobarlo: el caso más reciente y mediático es el referente a la polémica concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado adjudicado a Aqualia. Actualmente se encuentra bajo la investigación de la Fiscalía de Cartagena, al observar presuntos “indicios de criminalidad” y un posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. Del contrato, valorado en 247 millones de euros, se desprenden varias sospechas sobre el tráfico de influencias derivado de la relación entre la consultora Ingeagua y FCC Aqualia. La consultora fue contratada por el ayuntamiento para la redacción y evaluación de las propuestas que se presentaran en la licitación de la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad. La polémica salta cuando la propia Ingeagua presenta a su también cliente Aqualia a este concurso, convirtiéndose en juez y parte del proceso, con el beneplácito de técnicos y responsables políticos municipales. Según varias investigaciones periodísticas, esta práctica es habitual por parte de Ingeagua y la filial de FCC en concursos por toda España.

En el caso de San Javier, Aqualia obtuvo la máxima puntuación en las valoraciones, una valoración hecha por la propia Ingeagua, y su oferta económica superó en más de 16 millones el límite permitido, siendo un 56% más alta que las demás. Además de la montaña de supuestas irregularidades de todo el proceso de licitación que actualmente está investigando la fiscalía, también se añade que al alcalde Luengo Gallego estuvo empleado durante 3 años en el principal contratista de obras propuesto por Aqualia.

Relacionado con todo el desaguisado del proceso de licitación y las lógicas quejas de partidos de la oposición al respecto, Luengo Gallego ha acabado en el banquillo como investigado en un juicio en contra suya por supuestamente amenazar al presidente del partido de la oposición, Pleamar. En día de las elecciones municipales, Manuel Reyes, presidente de Pleamar, se acercó a saludar cordialmente a su rival político, Luengo Gallego, y a su esposa. Fue en ese momento cuando el actual alcalde de San Javier perdió los nervios y amenazó a Reyes diciéndole que «la política tiene un límite y te has sobrepasado, eres un sinvergüenza, voy a por ti, te arrastrarás hacia mí e iré a por tus propiedades y por la farmacia de tu esposa». El caso está visto para sentencia.

Tirando las culpas a técnicos municipales

No solo el ámbito del jugoso contrato de la gestión del agua centra las supuestas malas praxis del alcalde y lleva constantemente a juicio al consistorio murciano. Este mismo año, en el mes de junio, el juzgado de Lo Social número 3 de Cartagena condenó al Ayuntamiento de San Javier a pagar al coordinador de Protección Civil, José María Gil, 49.664,68 euros que dejaron de abonarle cuando un decreto del alcalde Luengo Gallego le sancionó con cuatro años de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave

El conflicto comenzó en 2019, cuando la Mesa de Contratación encomienda al coordinador de Protección Civil un informe con la valoración de las ofertas presentadas por los licitadores del contrato para la prestación del servicio de emergencias municipal valorado en 1,2 millones de euros. José Miguel Luengo culpó al técnico municipal de haber permitido que la empresa OSS incluyera informes y certificados falsos para adjudicarse el contrato de Emergencias y por ello lo sancionó.

El alcalde de San Javier, en vez de arremeter contra la empresa que, presuntamente, había falseado documentos para tener ventaja en el proceso de adjudicación del contrato de emergencias, que finalmente se adjudicó, cargó duramente contra los técnicos que valoraron las ofertas, patrón similar al que se está produciendo actualmente en la licitación del servicio de agua.

Parque Almansa y la Gürtel

Un poco más atrás, en 2020, el PSOE de San Javier denunció la adjudicación de la obra del Parque Almansa, con un presupuesto de 3,5 millones cofinanciados con fondos europeos, a la empresa CHM Obras e Infraestructuras, empresarios vinculados a la Gürtel. Entre las 11 empresas que presentaron su propuesta, el ayuntamiento concedió los 3 millones de euros a una empresa cuyos dueños admitieron haber financiado ilegalmente al PP. Además, a una empresa murciana que presentó una oferta mejor la declararon baja temeraria.

En todos los presupuestos municipales desde que se concedieron los fondos EDUSI se contemplaban el auditorio, el Parque Almansa y el centro cívico como tres proyectos distintos, cada uno con su dotación económica. Sin embargo, Luengo Gallego decidió juntarlos y hacer un macroproyecto de forma que no se pudieron presentar pequeñas ni medianas empresas del municipio ni empresas especializadas.

De hecho, la Federación Regional de Empresarios de la construcción recurrió esta decisión, pero Luengo Gallego se empeñó en dárselo solo a una empresa grande.

El caso Valhalla

Parece que Luengo Gallego sigue el camino histórico de la corrupción en San Javier. Si echamos una vista al pasado, el caso Valhalla fue abierto por una querella de la fiscalía por corrupción urbanística en el municipio de San Javier, en los tiempos en que era el regidor municipal José Hernández (1999 – 2007), del Partido Popular.

Los hechos, según el juez instructor, serían constitutivos de un delito de negociaciones prohibidas de funcionarios públicos, en concurso con un delito de asociación ilícita, cometido a través de la mercantil Gruparq 3 SL, así como de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias cometidos por el que fuera arquitecto municipal de San Javier, Miguel Botella, respecto de los proyectos de las constructoras Peinsa e Inmonova.

En concreto, el juez instructor señaló a tres arquitectos, entonces con funciones en distintos municipios, entre ellos San Javier, los cuales deciden crear una sociedad de arquitectura profesional que habría de gestionar los proyectos encargados a los tres de manera independiente. Y que, además, “podría soslayar la eventual incompatibilidad” por razón del cargo de arquitecto técnico municipal del ayuntamiento de San Javier de uno de ellos”.

Según el relato de hechos recogido en la resolución, “para dicho fin se sirvieron de sus esposas por razón de ser personas de la máxima confianza de cada uno de los arquitectos mencionados, si bien, no puede dejar de llamarse la atención sobre el hecho de que las investigadas son personas sin cualificación técnica de Arquitectos o Ingenieros, actuando como meras figurantes en la trama concebida por sus esposos, siendo precisamente dichas investigadas las que crearon efectivamente la sociedad Gruparq como administradoras mancomunadas, interponiendo así su personalidad tanto física como jurídica frente a la de sus respectivos esposos”.