En conversaciones “a dos” con mi compañera la diputada nacional por la circunscripción de Albacete, María Luisa Vilches, surgen asuntos cotidianos que nos afectan a ambos en relación con el lugar donde hemos decidido vivir, convivir y trabajar.
Constituimos la mitad de los representantes de Albacete en la Cámara Baja y bajo las siglas del Partido Socialista; ambos vivimos en núcleos rurales o municipios con menos de 500 habitantes. María Luisa reside en Viveros, un municipio de Albacete de menos de 400 habitantes y a más de una hora de viaje de Albacete; yo resido en Agramón, una pedanía de Hellín, con escasamente 500 habitantes, que en su día fue municipio.
No tengo claro si esta situación se produce en otros territorios; que la mitad de los diputados de la circunscripción de una provincia residan y hagan vida en zonas rurales, en pueblos muy pequeños y además por convicción. Digamos que somos diputados de pueblo, rurales, y por tanto podemos decir de manera humilde que sabemos de primera mano los problemas, inconvenientes y también la confortabilidad espiritual y material de vivir cerca de las gentes que abren el día a la salida del sol con un saludo sincero de buenos días que te acompaña hasta la noche, sabiendo que tienes a los vecinos para lo que necesites y que constituyen una gran familia más allá del empadronamiento común.
Respiramos el aire puro del campo, conocemos aquellos árboles más viejos del lugar, los hitos de antaño que sirven de apoyo a los lugareños de más edad, las aguas de los manantiales y de los ríos discurren cerca de nosotros hasta casi poder elegir mojarnos los pies a un salto desde nuestras casas, o podemos comernos un tomate recién cogido de nuestros huertos, afición que compartimos la familia de mi compañera y yo.
No somos los únicos; en España hay 6.827 municipios de un total de 8.131, de menos de 5.000 habitantes, donde reside el 12% de la población, o lo que es lo mismo, menos de seis millones de personas en un territorio que supone más de 80% de España.
Estos municipios, donde conservamos el agua limpia y pura que llega a las ciudades, el aire puro por absorción del carbono a través de nuestros bosques y esos paisajes que se exhiben como salvapantallas en el ordenador de cualquier torre de oficinas de la Castellana en Madrid, llevan tiempo siendo objeto de debate sobre qué hacer para que no queden vacíos y se han hecho famosos ahora bajo palabras o conceptos como “reto demográfico”, “España vaciada” o “desarrollo sostenible”, todos ellos tendentes a que tengan los servicios adecuados y una capacidad de oportunidades laborales similar a las ciudades para evitar el abandono de sus habitantes.
La Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha aprobó la primera Ley, y hasta ahora, la única, sobre despoblamiento, `Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha´, que privilegia y protege aquellos ciudadanos que viven en ciertos municipios a través de una catalogación con base al grado de despoblamiento y otras circunstancias que supone dignificar y diferenciar con medidas de discriminación positiva la vida en las zonas rurales de Castilla La Mancha y que está siendo objeto de interés por otras comunidades autónomas.
La Agenda 2030, la Red Española de Desarrollo Sostenible, la creación de la primera Secretaría de Estado para el Reto demográfico, la apuesta decidida de los fondos europeos Next Generation y la existencia de otras Instituciones y Organismos del Ministerio de Agricultura y de Transición Ecológica que abordan la lucha del cambio climático y el reto demográfico, suponen evidenciar la importancia, el protagonismo y una decidida estrategia en favor de las zonas rurales por el Gobierno de Pedro Sánchez sin precedentes.
Hasta la fecha, por poner un ejemplo, por el Estado se han hecho llegar más de 700 millones de euros exclusivamente a los municipios de menos de 5.000 habitantes de los fondos Next Generation, y otros 400 millones de euros en proyectos turísticos de estos fondos a través de las comunidades autónomas, aparte de otros fondos en trámite en la actualidad.
Este 2023 es un año de incertidumbre y es precisamente el año de los pueblos pequeños, porque se elegirán a la mayoría de los representantes políticos de nuestros municipios en estos “insignificantes” pueblos, donde se “fabrica” el aire y el agua pura y los salvapantallas sin derechos de autor de esos paisajes idílicos sin coste alguno para el resto de la ciudadanía y que constituyen la mayor parte del territorio de nuestro país.
Es el momento de que el mundo rural reivindique más que nunca, y por el bien de todos, que tengamos gobiernos socialistas que sigan apostando por acciones transformadoras del mundo rural, pero no desde la ciudad, sino desde el epicentro de nuestros pueblos pequeños a través de la opinión de sus conciudadanos rurales. Estos lugares recónditos son en realidad “los padres” de las ciudades, de donde han salido desde hace siglos las manos y las cabezas para construir los entornos urbanos. Si nuestro mundo rural muere, las ciudades seguirán ese mismo camino, quedando un reducido número de megalópolis, inabordables y caóticas, de decenas de millones de habitantes como si de la peor de las películas apocalípticas se tratara.
Desde mi pueblo escribo, no sin las inconveniencias de vivir en él -la cobertura y a veces incluso la luz a veces va y viene, debo coger el coche casi para todo, los trenes no sólo no paran sino que ya ni pasan y ciertos servicios debo pagarlos “a sobrecoste rural”-, pero con la seguridad de que el reto demográfico es un reto democrático que debe afrontarse día a día para luchar contra la brecha de género, para aumentar las oportunidades y expectativas de los jóvenes y que decidan dónde quieren vivir ajenos a consideraciones negativas a su deseo, de una mejor, autónoma y propia financiación, y en definitiva para abordar los problemas que ponen en peligro la existencia de nuestros pueblos. Es nuestro año… de lo que dependerá que los siguientes sean mejores.
Carlos Díaz Rodríguez
Diputado del PSOE por Albacete
