Tras más de un año en el cajón y mucho polvo acumulado, se reactiva la iniciativa legislativa popular para la regularización de migrantes. El Partido Socialista ha activado el botón nuclear con una nueva propuesta que está sujeta a cambios. El texto, que afectaría a medio millón de personas extranjeras que “viven y trabajan” en España, puedan ser regulados. La letra pequeña del texto fija el límite para recibir la autorización en el 31 de diciembre de 2024. Precisamente esa frontera no termina de convencer a los aliados parlamentarios del Ejecutivo, que abogan por subir esa barrera al pertenecer a “un estadio anterior”. Además, pese a admitir que les suena bien la música que escuchan, piden que se dé a conocer la partitura al completo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, aplaudía que la Cámara Baja reactivase el debate para la regularización extraordinaria. “Vuelve a coger velocidad de crucero”, señalaba la socialista, en alusión al año que la Iniciativa Legislativa Popular ha cogido polvo en algún cajón de la Carrera de San Jerónimo. Lo ha hecho mientras recordaba que este martes se aprobaba el reglamento de la Ley de Extranjería que contempla el mecanismo de arraigo. Un instrumento que favorece “muchos ciudadanos que están en España, viven y trabajan en España, puedan ser regulados”.
Alegría no se ha adentrado en exceso en el debate, pero sí ha celebrado que se reactive. “Bienvenido sea”, apostillaba la ministra portavoz, que apelaba a la calma y los plazos de la tramitación parlamentaria. “Tendremos que poder primero participar y concurrir en ese debate que se tiene que formular en el Congreso para poder dar respuesta”, sentenció. Lo ha hecho al hilo de la propuesta que el Grupo Socialista presentó ante los grupos para regularizar a los migrantes que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024 a través de una “autorización de circunstancias excepcionales únicas”.
Pegas de los socios
La melodía que sale de las dependencias de Moncloa y de Ferraz suena bien en el grueso de los grupos parlamentarios, pero con matices. Este martes, en el escenario que ofrece la sala de prensa del Congreso de los Diputados, los portavoces de las diferentes formaciones han expresado sus reticencias a la propuesta de los socialistas. La mayoría han bendecido la reactivación del debate en la Carrera de San Jerónimo, pero discrepan en los plazos propuestos por el PSOE para la regularización de las personas migrantes.
El socio minoritario de la coalición propone aprobar el texto en dos meses, acelerando el calendario frente a los seis que defienden los socialistas. Pero además existen “un par de cuestiones” que preocupan a los magentas. En particular, se refieren al periodo de regularización -31 de diciembre de 2024-. Consideran que esta frontera pertenece a un “estadio anterior” que se aleja de “cualquier aspiración” actual. “Tenemos que estar hablando del plazo de entrada en vigor”, precisaba ante los medios de comunicación la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, quien resaltaba que “todas las personas que estén en la situación descrita por la norma hasta ese momento se regularicen”.
En cualquier caso, resaltaba que “por fin” se desbloqueará la iniciativa. Un primer paso fundamental para después pulir el texto definitivo. Martínez Barbero celebraba el “cambio de posición” de los socialistas porque el articulado es una “cuestión central de derechos humanos”. En definitiva, apostillaba, de “personas que ya forman parte de nuestro país, que trabajan en nuestras empresas, que ya militan en nuestras asociaciones y que crían aquí a sus hijos e hijas”. Por ello, exhibía su “orgullo” ante este “paso adelante” que supone el desbloqueo y poner la primera piedra hacia la negociación.
Sin embargo, ha indicado que, además de las discrepancias con los plazos, los magentas ponen otras objeciones. “Debe aprobarse esta ILP como tal para no perder las 700.000 firmas y las 500.000 personas que sin poder firmar la llevaron a cabo”, defendía, al tiempo que ponía sobre la mesa la opción de ensanchar las paredes del articulado para que sea “lo más amplio posible” y abarque al “mayor número de personas, criterios y requisitos”.
En Compromís blanden ideas simétricas. Si bien celebran que el foco regrese sobre la ILP, creen que “llega tarde”. Por ello, urgen a los socialistas a pisar el acelerador para pasar a la “negociación” y que recorra una tramitación rápida. “Sabemos de su importancia y de la necesidad de que las personas que aquí viven y trabajan lo puedan hacer con todos los derechos”, resaltaba Águeda Micó, que matizaba que “hasta qué punto” se puede llegar a la fecha máxima posible “para que el máximo de personas migrantes puedan estar regularizadas”.
El BNG, por su parte, eleva el tono de sus exigencias. Los nacionalistas gallegos, representados por Néstor Rego en la Cámara Baja, han indicado que el Gobierno “mueve ficha” con el borrador del texto. Un movimiento que, además, muestra una “posición diferente” a la que venían defendiendo hasta la fecha. Sin embargo, Rego exige al Ejecutivo mayor concreción porque, a su juicio, el texto que se ha puesto a disposición de los grupos “sigue siendo bastante indefinido”.
