En plena regresión planetaria a lomos de Trump, Milei, Bukele, Kast, Netanyahu, Abascal, Meloni, Le Pen, Kickl, Weidel, Farage, Wilders, Lukashenko y Magyar, entre otros líderes internacionales, España se ha erigido como el último faro de la socialdemocracia en Occidente.
En un mundo cada vez más belicoso, polarizado, amoral e incierto, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió librar la batalla de la coherencia, el humanismo y la cooperación multilateral en una legislatura ―conflictiva y sufrida en lo doméstico― que determinará la salud de nuestro Estado del bienestar en el futuro.
Tras el éxito de la primera moción de censura de la historia de la democracia, en junio de 2018, el Ejecutivo ha desplegado una agenda social que nada a contracorriente de la ola ultraderechista que inunda las instalaciones y la esfera pública. La creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, la ley de eutanasia o dos reformas sociales de la constitución son algunas de las iniciativas desplegadas en este sentido.
En 2020, la pandemia del Covid 19 golpeó con fuerza a la realidad de los españoles, pero el Gobierno respondió con una estrategia de vacunación modélica y un paquete de protección económica y laboral basado en un voluminoso escudo social: ERTEs, ayudas ICO, planes de recuperación, etc.
Esa misma ambición es la que permitió que, por primera vez, Europa se endeudara conjuntamente para crear los fondos Next Generation. Una idea impulsada por Sánchez y que ha supuesto más de 38.000 millones movilizados en nuestro país, con más de 350.000 proyectos ya en marcha. España es a día de hoy líder en ejecución de esos fondos.
Otras de las banderas enarboladas por Sánchez han sido la transición ecológica y la proliferación de las energías verdes, bajo el paraguas de la Agenda 2030. Por ejemplo, la Solución Ibérica posibilitó que, actualmente, la mitad de nuestra electricidad sea renovable, algo que contraviene las normativas petroleras, arancelarias y proteccionistas de negacionistas del cambio climático como el presidente de los Estados Unidos o el cabecilla de la ultraderecha española.
Las fuerzas conservadoras han abierto de par en par la Ventana de Overton sobre cuestiones que, hace no mucho tiempo, eran innegociables; derechos y libertades que dábamos por presupuestas. Asimismo, la incertidumbre internacional, la volatilidad de los mercados, la promiscuidad bélica y el auge de los populismos han contribuido a la zozobra colectiva.
Pese a la voluntad legislativa del Gobierno, especialmente en materia presupuestaria, social y de igualdad, la aritmética del Congreso de los Diputados bloquea la materialización de iniciativas legislativas materiales. Los negativas de Podemos, ERC, PNV o Junts han vetado la reducción de la reducción de la jornada laboral y el decreto que prorrogaría el tope del precio de los alquileres, entre otras propuestas.
En el marco internacional, España atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de las últimas décadas. La guerra en Oriente Medio, la creciente tensión entre potencias, el debate sobre el rearme europeo, la crisis migratoria y la desaceleración económica mundial han situado al Gobierno español en una posición compleja: intentar consolidarse como un actor europeo confiable y diplomático mientras lidia con una fuerte polarización política interna.
La posición española frente a la guerra en Irán, la ofensiva israelí en Gaza o el conflicto en Ucrania refleja una línea diplomática basada oficialmente en la defensa del derecho internacional y en el rechazo a una escalada militar de consecuencias imprevisibles.
Uno de los principales desafíos para España reside en gestionar su relación con Estados Unidos sin romper el equilibrio dentro de la OTAN y la Unión Europea. El Gobierno español ha evitado alinearse plenamente con las posiciones más agresivas de Washington respecto a Irán y ha rechazado aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, como reclaman algunos socios atlánticos.
La postura de Moncloa evidencia una estrategia dual: mantener la alianza transatlántica, pero reivindicar al mismo tiempo una mayor soberanía europea en defensa, energía e industria. Esta posición acerca a España a países como Italia o Bélgica en determinados debates, aunque también ha generado fricciones con sectores conservadores europeos y con la Administración estadounidense.
La guerra en Oriente Medio iniciada por Trump y Netanyahu ha incrementado la incertidumbre energética, presionado los precios del petróleo y encarecido los costes logísticos internacionales. El Gobierno teme además un impacto indirecto sobre la inflación y el consumo interno si el conflicto se prolonga.
A ello se suma el debate sobre el modelo económico europeo, cada vez más condicionado por la competencia industrial con China y por la dependencia tecnológica respecto a Estados Unidos. España intenta posicionarse como un país receptor de inversiones estratégicas vinculadas a energías renovables, digitalización y semiconductores, aunque sigue arrastrando problemas estructurales como el acceso a la vivienda, la precariedad juvenil o la dependencia del sector servicios. Por ello, el secretario general del PSOE realizó su cuarta visita a China en cuatro años, después de que lo hicieran el jefe del Estado, Felipe VI.
Otro de los grandes retos internacionales y sociales es la gestión migratoria. La presión sobre rutas como la canaria o la mediterránea continúa aumentando en paralelo a los conflictos armados y a la inestabilidad climática y económica en África y Oriente Medio.
El Gobierno español ha intentado defender una política migratoria basada en la cooperación europea y los derechos humanos, aunque el auge de fuerzas de extrema derecha en distintos países europeos ha endurecido el debate. En España, la inmigración se ha convertido también en uno de los principales ejes de confrontación política entre izquierda y derecha.
No obstante, el Consejo de Ministros impulsó recientemente una regularización masiva de personas migrantes que recocería los derechos de ciudadanía y dignificaría las condicioles legales de medio millón de personas que conviven entre nosotros.
En medio de una Europa atravesada por el auge de la extrema derecha, el endurecimiento de las políticas migratorias, el repliegue nacionalista y la creciente tensión geopolítica internacional, el Gobierno de Sánchez aspira a consolidar a España como uno de los últimos referentes de la socialdemocracia occidental.
Frente a la expansión de liderazgos ultraconservadores y discursos autoritarios en buena parte del mundo, Moncloa reivindica una agenda basada en la protección del Estado del bienestar, la cooperación multilateral, la transición ecológica y la defensa de los derechos sociales y civiles.
Sin embargo, esa apuesta se desarrolla en un contexto de enorme polarización política y presión internacional, donde cada decisión económica, diplomática o social sitúa al Ejecutivo ante el desafío de sostener un modelo progresista en un escenario global cada vez más convulso, incierto y escorado hacia posiciones reaccionarias.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
