La extrema derecha no siempre necesita imponer sus propuestas para ganar una batalla política. A veces le basta con algo menos visible, pero igual de eficaz: mover los límites de lo discutible. Colocar en la conversación pública ideas que hace unos años habrían sido consideradas marginales, extremas o incompatibles con los consensos democráticos básicos. Repetirlas, amplificarlas, victimizarse cuando se las cuestiona y, finalmente, lograr que el resto de la derecha empiece a debatir en esos términos. Ahí entra en juego la llamada ventana de Overton, el concepto que describe cómo una idea puede pasar de impensable a debatible, de debatible a aceptable y, en algunos casos, de aceptable a política pública.
En España, Vox ha convertido ese desplazamiento del marco en una de sus principales herramientas de influencia. No necesita gobernar en solitario ni sacar adelante todo su programa para dejar huella. Su éxito consiste, muchas veces, en conseguir que el PP, aunque rechace inicialmente sus postulados más duros, termine asumiendo parte del lenguaje, del enfoque o de las prioridades. La victoria no siempre está en la ley aprobada. A menudo está antes, en el terreno del relato.
El ejemplo del pacto entre PP y Vox en Extremadura y la "prioridad nacional" es probablemente el más claro. La idea de que “los españoles primero” deben tener preferencia en ayudas, acceso a servicios o protección pública era, hasta hace no tanto, una consigna asociada a la extrema derecha xenófoba europea. Hoy, en cambio, su lógica ha ido penetrando en el debate con formulaciones más suavizadas, pero con el mismo trasfondo: enfrentar a los sectores más vulnerables entre sí y presentar los derechos como un bien escaso que debe repartirse según origen o nacionalidad. No se discute ya cómo reforzar lo público para todos, sino quién merece antes que otros la protección del Estado.
Ese desplazamiento se ha producido también con la inmigración en general. Vox ha trabajado durante años para vincular inmigración con inseguridad, saturación de servicios, pérdida de identidad o competencia desleal por los recursos. El PP no siempre compra la versión más cruda de ese discurso, pero en demasiadas ocasiones acaba operando dentro del mismo marco: más control, más sospecha, más asociación entre frontera y amenaza. El resultado es que el debate deja de centrarse en derechos, integración o convivencia y pasa a girar alrededor de la contención, el miedo y la exclusión.
Con los menores extranjeros no acompañados, el proceso ha sido incluso más evidente. El uso político de la palabra “menas” no es neutral: convierte una categoría administrativa en un estigma. Reduce a un niño o adolescente en situación de desamparo a un problema de orden público. Y cuando ese lenguaje se normaliza, cuando empieza a usarse sin comillas ni contexto, la batalla cultural ya está bastante avanzada. Porque se deja de hablar de protección de la infancia para hablar de amenaza, de reparto de cargas o de conflictividad.
De lo impensable a lo discutible
Algo parecido ha ocurrido con el pin parental, una propuesta que en su formulación original parecía demasiado burda incluso para amplios sectores de la derecha. Vox la convirtió en bandera con un doble objetivo: limitar contenidos vinculados a igualdad, diversidad o educación afectivo-sexual y, a la vez, instalar la idea de que la escuela pública adoctrina. Aunque el PP evitara en ocasiones la etiqueta exacta, sí ha incorporado parte de ese terreno de sospecha: el cuestionamiento de materiales escolares, la apelación a los padres como muro frente a supuestos excesos ideológicos o la caricaturización de cualquier política educativa igualitaria como imposición sectaria. El triunfo no estaba solo en imponer el veto; estaba en sembrar la sospecha permanente sobre la escuela.
El aborto ofrece otro caso de manual. La extrema derecha reabre un debate que la sociedad española tenía ampliamente asumido y lo hace mediante una ofensiva política, moral y cultural. A veces se pide directamente la derogación del derecho; otras, se opta por una táctica más gradual: desacreditarlo, cuestionarlo, rodearlo de culpa y promover obstáculos indirectos. El PP no siempre acompaña el maximalismo de Vox, pero con frecuencia contribuye a reintroducir el tema como si se tratara de un derecho revisable, sujeto a tutela moral y sometido a una discusión interminable. No hace falta prohibir para erosionar: basta con deslegitimar, retrasar o presentar como problema lo que era un avance consolidado.
En el terreno de la violencia machista, la ventana de Overton también se ha movido. Vox ha tratado de sustituir un consenso muy básico —que la violencia contra las mujeres tiene una raíz estructural y requiere una respuesta específica— por la idea de la “violencia intrafamiliar”, una fórmula que diluye el machismo, borra la desigualdad de poder y desactiva décadas de lucha feminista. El PP se resiste a veces a asumir por completo esa tesis, pero en determinados pactos, discursos o silencios ha contribuido a legitimar parte de ese marco. El efecto es claro: lo que antes era un consenso democrático se convierte en terreno de disputa partidista.
Cuando el marco ya ha ganado
La misma dinámica aparece en el pucherazo electoral, un concepto importado de la derecha trumpista que busca sembrar sospechas sobre la legitimidad del sistema cuando los resultados no favorecen a la propia trinchera. Aquí el objetivo no es demostrar nada, sino contaminar. Inocular la idea de que las reglas quizá estén amañadas, de que los árbitros no son fiables, de que el adversario no gana limpiamente. Vox lo formula sin demasiados rodeos. El PP, por lo general, no llega tan lejos, pero cuando da altavoz a bulos, desacredita instituciones sin pruebas o sugiere sombras sin sostenerlas, contribuye a erosionar la confianza democrática. La sospecha, aunque sea infundada, también desplaza la ventana.
Esa lógica de normalización alcanza igualmente al cambio climático. Vox lleva años presentando la agenda ambiental como una imposición ideológica, un castigo al campo o una amenaza para sectores productivos. La novedad no está solo en su negacionismo o minimización, sino en el modo en que ese discurso contamina después a la derecha convencional, que adopta una versión más presentable: rechazo a regulaciones “excesivas”, confrontación entre ecología y economía o caricaturización de la transición energética como capricho elitista. El marco ultra vuelve a funcionar: ya no se debate cómo hacer una transición justa, sino cómo frenar una agenda supuestamente fanática.
También en la Memoria Democrática se observa esa sedimentación. Vox no oculta su hostilidad hacia cualquier política pública que condene el franquismo, repare a las víctimas o fortalezca una cultura democrática antifascista. El PP, sin asumir siempre toda esa carga ideológica, sí ha recurrido con frecuencia al discurso de las “viejas heridas”, del “revisionismo” o del supuesto uso partidista del pasado. Así, un deber democrático elemental —recordar, reparar, dignificar— queda rebajado a controversia interesada.
Eso es, en el fondo, la ventana de Overton aplicada a la política española contemporánea. Extremadura sirve ahora como escaparate porque el pacto ha puesto por escrito parte de todo eso. No es una anomalía; es una señal. Vox extrema; el PP traduce. Vox lanza el marco; el PP lo modula. Vox hace de ariete; el PP termina gestionando parte del terreno conquistado. Y así, casi sin que parezca una ruptura brusca, lo que ayer resultaba inaceptable empieza a sonar razonable para una parte del debate público. La cuestión no es solo cuánto avanza la extrema derecha en las instituciones. La cuestión es cuánto consigue que los demás hablen como ella, discutan donde ella quiere y acepten como punto de partida lo que antes habría sido motivo de escándalo.
