El Gobierno ha dado este martes un paso político de alto voltaje al aprobar en Consejo de Ministros la reforma de la Constitución que busca blindar el derecho al aborto y obligar a todos los poderes públicos a garantizar su ejercicio efectivo. El cambio, que llega después del visto bueno del Consejo de Estado, introduce un añadido en el artículo 43.3 de la Carta Magna para incorporar de forma expresa la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho que debe ser protegido por las instituciones.
La reforma no parte de cero. El derecho al aborto ya está recogido en la ley de 2010, modificada después por la ley orgánica de 2023, y quedó ratificado por el Tribunal Constitucional en una sentencia que avaló el núcleo del modelo de plazos aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que hace ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez es llevar esa protección un escalón más arriba y situarla dentro del texto constitucional, con la intención de dificultar cualquier marcha atrás futura.
“Con esta reforma, España se coloca a la vanguardia de países europeos en la protección de derechos de las mujeres”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. "Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. No está en riesgo la dimensión de libertad de este derecho, pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional. [...] Nos preocupan algunas actitudes, como en Madrid, de desobediencia a la ley actual. Hay un riesgo real que pone en peligro los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo. Como sociedad tenemos que actuar", ha subrayaddo, por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
En Moncloa no ocultan la lectura política de la maniobra. El Ejecutivo considera que tanto el PP como Vox mantienen posiciones que pueden poner en cuestión este derecho si vuelven a sumar una mayoría suficiente. La reciente moción aprobada en Elche con apoyo de ambos partidos, en la que se pedía la derogación de la ley del aborto, sirvió al Gobierno para reforzar ese argumento y presentar la reforma como un dique frente a una eventual involución.
La modificación aprobada este martes afecta al artículo 43, el precepto constitucional que reconoce el derecho a la protección de la salud. El Consejo de Estado ya avaló en febrero la vía elegida por el Ejecutivo, aunque introdujo observaciones técnicas sobre la redacción y recordó que la oportunidad política de la reforma corresponde al Gobierno y al Parlamento. El órgano consultivo dio su respaldo por una amplia mayoría y aceptó la tesis de fondo del Ejecutivo: si la Constitución protege la salud y la autonomía de las mujeres, también puede incorporar de forma explícita la obligación de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.
La reforma entra ahora en su fase más difícil
La decisión del Consejo de Ministros abre ahora un recorrido parlamentario mucho más difícil que la aprobación dentro del propio Gobierno. Al tratarse de una reforma constitucional, el texto necesitará una mayoría reforzada de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Ese requisito obliga al PSOE y a sus aliados a lograr el apoyo del Partido Popular o, al menos, a forzar un escenario político en el que la derecha tenga que retratarse de forma explícita sobre un derecho que hoy cuenta con amplio respaldo social. La dificultad aritmética es evidente, pero el Ejecutivo da por hecho que el mero debate ya le permite marcar perfil político y colocar a PP y Vox en una posición incómoda.
El movimiento también llega en un momento de fuerte tensión sobre la aplicación real de la ley. Aunque el aborto está legalmente reconocido, el acceso sigue siendo desigual en varios territorios, sobre todo por las objeciones de conciencia, la dependencia de clínicas privadas y la resistencia de algunas administraciones autonómicas a desplegar todos los mecanismos previstos en la ley de 2023. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, inició hace solo unos días el trámite para crear el registro de objetores por mandato judicial, después de haber retrasado durante meses una obligación fijada por la normativa estatal. Ese episodio ha servido al Gobierno para insistir en que no basta con reconocer un derecho sobre el papel: hay que garantizarlo de forma efectiva.
En esa idea insiste también el planteamiento político de Igualdad y Sanidad. La reforma no se limita a reafirmar que el aborto es legal, sino que pretende obligar a los poderes públicos a asegurar que cualquier mujer pueda ejercer ese derecho sin obstáculos territoriales, administrativos o ideológicos. Es una respuesta directa a la estrategia de la derecha y de la ultraderecha de disputar el consenso social que se había asentado en torno a la ley. El Ejecutivo quiere convertir la defensa del aborto en un terreno de confrontación clara y presentar al PP como un partido atrapado entre su intento de moderación pública y la presión de Vox en comunidades, ayuntamientos y pactos institucionales.
El espejo exterior que inquieta al Gobierno
La experiencia internacional refuerza el argumento del Gobierno: el aborto no es un derecho irreversible. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo dinamitó en 2022 la doctrina de Roe v. Wade y abrió la puerta a que más de una veintena de estados activaran prohibiciones o fuertes restricciones; a comienzos de 2025, Reuters seguía contabilizando 14 estados con vetos casi totales. En Polonia, la restricción impuesta en 2021 dejó al país con una de las legislaciones más duras de Europa, y aunque el Ejecutivo de Donald Tusk ha intentado corregir parte de ese escenario en la práctica, la reforma legal de fondo sigue bloqueada.
Tampoco hace falta irse tan lejos para ver cómo un derecho reconocido puede vaciarse por la vía de los hechos. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orbán impuso en 2022 la obligación de que las mujeres escuchen el latido fetal antes de abortar, una medida leída como un paso más en la presión institucional contra la interrupción del embarazo. En Italia, donde abortar es legal desde 1978, el acceso sigue siendo muy desigual: la objeción de conciencia deja amplias zonas, sobre todo en el sur, con enormes dificultades para encontrar atención, y el Gobierno de Giorgia Meloni ha impulsado medidas que permiten a grupos antiabortistas entrar en las clínicas para tratar de disuadir a las mujeres.
Argentina ofrece otro aviso. La ley de 2020 sigue vigente, pero organizaciones y medios llevan meses alertando de que los recortes presupuestarios y el deterioro del acceso a anticonceptivos y medicamentos bajo el Gobierno de Javier Milei están erosionando en la práctica un derecho ya reconocido. Ese es precisamente el argumento que Moncloa quiere colocar sobre la mesa: no basta con que un derecho exista en la ley si una mayoría política futura puede limitarlo, vaciarlo o convertirlo en una carrera de obstáculos. Blindarlo en la Constitución busca anticiparse a ese riesgo.
