El rescate a la aerolínea Plus Ultra y la imputación por el posible papel del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la operación han llegado al debate de Bruselas. En este sentido, la Comisión Europea ha determinado este viernes que el rescate de 53 millones de euros se ajustó a la normativa legal comunitaria en torno a las ayudas del Estado, que no precisó del visto bueno del Ejecutivo de Ursula Von der Leyen para salir adelante por ceñirse a las reglas europeas y no alcanzaba el umbral mínimo que requiere que una operación de estas características sea notificada para su examen individual, además de que el apoyo se dio a través de un fondo de recapitalización que sí obtuvo luz verde de sus servicios. Todo ello pese a los intentos del Partido Popular en Europa de reabrir el expediente.
Pese a esta postura, el PP desde el Parlamento Europeo instó al Ejecutivo comunitario este lunes a revisar las condiciones en que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó este rescate durante la pandemia de coronavirus; una petición que vino motivada por la imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y cohecho presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y cohecho, acusado de considerarse, según el auto del juez José Luis Calama, como el “líder” de una presunta red de tráfico de influencias dentro de este entramado empresarial.
Fue a raíz de una pregunta formulada por la eurodiputada y vicepresidenta del PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat, en la que instó al Gobierno de Von der Leyen a esclarecer si “se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista” y, además, si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión Europea tales como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de las ayudas de Estado.
En estos términos, Montserrat sostuvo que la UE “no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos”.
Acompañando al PP europeo, los eurodiputados españoles dentro del grupo parlamentario ERC en la Eurocámara, donde se encuentra la familia política de la primera italiana, Giorgia Meloni, de extrema derecha, han compartido sus quejas, remitiendo así una batería de preguntas a la Comisión en la que instaron a reabrir la investigación, reclamando al tiempo la devolución íntegra de los fondos en caso de que se prueben los indicios. A su vez, los eurodiputados exigen trasladar el expediente de Plus Ultra a la Fiscalía Europea.
Bruselas defiende la legalidad del rescate
Siguiendo las directrices del marco temporal que el Ejecutivo comunitario puso en marcha para apoyar a las compañías más golpeadas por los efectos de la crisis económica que dejó la pandemia en 2020 en adelante, “sólo las decisiones de ayuda superiores a 250 millones de euros, destinadas a la recapitalización o al apoyo a la solvencia de empresas específicas, debían ser notificadas a la Comisión para su evaluación individual”, según ha recordado el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, este viernes.
Debido a ello, el rescate a Plus Ultra, en concreto, no se situó dentro del arco de estos casos y, por ende, no hizo falta someterlo al escrutinio de Bruselas, por lo que la Comisión “no lo examinó individualmente”. El portavoz ha precisado al tiempo que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a través del cual se canalizó el apoyo a la aerolínea sí fue validado por la institución comunitaria el año anterior a que se concediera el rescate.
En julio de aquel año, el Ejecutivo de Von der Leyen determinó que “el Fondo de Solvencia español se ajustaba a las normas de la UE sobre ayudas estatales del Marco Temporal, adoptado en respuesta a la grave perturbación económica provocada por la pandemia”.
Bajo este marco, la Comisión Europea cierra el debate sobre cómo se llevó a cabo el rescate de Plus Ultra conforme a la legalidad establecida, tanto la española como la europea. No obstante, el Ejecutivo comunitario no ha entrado en valorar la investigación judicial en curso de la Audiencia Nacional ni el impacto en la política nacional que ha desencadenado en los últimos días.
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