El foco político y judicial se sitúa desde este miércoles sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, imputado por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional (AN) por presunto delito de tráfico de influencias bajo el marco del rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Con este contexto, la hemeroteca rescata otros casos que pasaron por sede judicial años atrás y que, pese a similitudes en la forma y el fondo, fueron archivados. Destaca así la causa que pesó sobre el exdiputado del Partido Popular Vicente Martínez Pujalte hace una década.
Cabe retroceder a 2016, cuando el dirigente del PP se vio inmerso en el epicentro de una investigación judicial a raíz de una denuncia que presentó la Fiscalía de Valladolid en su contra al haber percibido posibles delitos de falsedad documental y cohecho vinculados a los pagos que éste recibió a través de la consultora Sirga XXI Asesores, donde figuraba como socio junto a la exsenadora del mismo partido Ana Torme. En este sentido, la causa se focalizó en los 75.000 euros que cobró el diputado entre 2008 y 2009 por medio de la constructora Collosa, todo ello mientras ocupaba su escaño en el Congreso de los Diputados.
Según argumentó entonces el Ministerio Público, percibieron indicios de que algunos de estos pagos podrían corresponder a trabajos inexistentes o no adecuadamente acreditados, habiéndose simulado por contratos o facturas emitidas por la consultora mencionada. Entre otras figuras en la trama además de Martínez Pujalte, destacaron responsables de la constructora y otras sociedades que, a su vez, estaban relacionados con el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna y el exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui; ambos cargos que, en paralelo, entonces estaban siendo investigados por la AN en otra causa sobre comisiones en el extranjero.
Pese a que en un primer lugar fue el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid el que abrió diligencias contra el exdiputado del PP, finalmente asumió la causa el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, cuya jueza citó como imputados a Martínez Pujalte y Torme en noviembre de 2016. La instrucción se prolongó dos años y, durante ella, uno de los factores determinantes fue la declaración de Torme, quien denunció supuestas irregularidades en el funcionamiento de la consultora a nivel interno, llegando a acusar al cargo del PP de haber utilizado la empresa para canalizar ingresos a través de asesorías presuntamente ficticias; motivo por el que aseguró haberse sentido “engañada”. No obstante, no se consiguió acreditar que los trabajos facturados no se realizaron realmente, así como que ni los pagos respondiesen a contraprestaciones ilícitas de la condición de diputado de Martínez Pujalte.
Finalmente, en mayo de 2018, la jueza archivó la causa después de que la Fiscalía concluyese no haber encontrado indicios suficientes para sostener los presuntos delitos de falsedad documental y cohecho que pesaban sobre el exdiputado del PP. Durante las declaraciones de éste en el juicio, la magistrada dio por válidas las explicaciones sobre las “asesorías verbales”, por los que justificó que no se materializaron dictámenes o trabajos. Una postura que fue corroborada por el resto de responsables investigados y que pagaron, precisamente, por esas asesorías verbales.
En lo que concernió a los pagos, según el fiscal en el caso, no se ocultaron y se declararon a Hacienda, puesto que se realizaron transferencias a cuentas de empresas, las cuales no pagaban a través de sociedades pantalla. Por ende, se descartaron los supuestos delitos de falsedad documental y cohecho.
Zapatero, imputado en el 'caso Plus Ultra'
Este caso guarda ciertas similitudes en el fondo y la forma con las acusaciones y el inicio de la investigación judicial que pesa sobre el expresidente del Gobierno socialista. Zapatero está acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental por su supuesta implicación en el rescate a Plus Ultra. Quizás, la principal coincidencia entre ambos casos se sitúe sobre que los dos la Justicia puso entonces –y ha puesto ahora- el foco en los ingresos económicos percibidos por estas dos figuras políticas desde el ámbito empresarial y privado, con la sospecha de que se pudieran producir influencias y movimientos monetarios entre terceros.
En el caso de Plus Ultra, también destaca la fijación sobre los pagos realizados a la consultora Análisis Relevante, donde figura el empresario Julio Martínez Martínez, muy cercano a Zapatero, además de otras sociedades vinculadas y reflejadas en el auto del juez Calama. Otra de las claves es que la acusación que se cierne sobre el exmandatario socialista es que se sustenta en indicios económicos y documentales no concluyentes, así como por conversaciones entre terceros en los que aludían a su figura, por las cuales se deduce la implicación ante la posibilidad de existir cierta influencia o favores.
Aunque la investigación que pesa sobre Zapatero acaba de comenzar, y quien deberá acudir a la Audiencia Nacional a declarar el próximo 2 de junio, en el primer auto del juez Calama ya se le sitúa como “líder” de una estructura organizada de tráfico de influencias a partir de meros indicios no concluyentes aún.
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