En tiempos donde el conservadurismo está en auge y las democracias en riesgo de enfermar crónicamente, la protección, reivindicación y defensa de los derechos fundamentales siempre es una buena noticia. Este miércoles, la Eurocámara ha apoyado una iniciativa ciudadana para garantizar el derecho al aborto seguro en toda la Unión Europea (UE). Mientras que los 'populares' europeos han votado mayoritariamente , la facción española del Partido Popular (PP) ha votado masivamente no.

El Parlamento Europeo avaló dicha propuesta de blindaje del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de su embarazo gracias a 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones. Sin duda, una gran noticia para todas aquellas mujeres que viven en países donde el aborto está netamente prohibido, como puede ser el caso de las maltesas o polacas (que solo pueden abortar en caso de que haya sido violadas sexualmente). Otros países tienen leyes más laxas, pero carecen de protecciones legales que despenalicen totalmente el aborto, de una amplia disponibilidad de servicios, de cobertura sanitaria nacional o de información gubernamental sobre la materia.

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que recogió 1.124.513 firmas en los 27 estados miembros, buscaba crear un fondo con el que financiar los tratamientos médicos necesarios, porque, aunque la competencia no es europea, sí pueden ayudar a garantizar este derecho, puesto que, las mujeres croatas o italianas, a vísperas de 2026, siguen enfrentándose a graves trabas -económicas, políticas, sociales- para poder abortar libre y decididamente. “Es el mayor triunfo que podría imaginar para fin de año. ¡Un regalo fantástico!", ha celebrado el abogado y oficial de defensa de la Fundación Federal para la Mujer y la Planificación Familiar, Mateusz Biezunki.

El hemiciclo comunitario, virado hacia el impulso reaccionario de grupúsculos ultras y formaciones populistas, ha sacado adelante esta medida en contra de los votos de los eurodiputados populares españoles. Y ello no es baladí dentro del momento de calma tensa y amenaza constante que sufre occidente y Europa en particular debido a la radicalización de la derecha tradicional y al crecimiento demoscópico de la ultraderecha. No obstante, la propia resolución del Parlamento reiteró su petición de incluir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

El PP de Feijóo, encadenado al relato de Vox y dependiente de su apoyo para desbloquear cualquier tipo de gobernabilidad, ha preferido ponerse de perfil y abogar por la desprotección del aborto, un elemento que a los de Abascal les habrá reforzado y decepcionado al mismo tiempo: por un lado, habrán celebrado la digestión del PP del enésimo litigio ideológico de la ultraderecha, y por otro, se habrán lamentado de no poder recriminar que “los azules y los rojos votan en el mismo sentido en Bruselas”. En contraposición, liberales, socialistas y grupos de izquierda apoyaron la iniciativa.

"Los 20 millones de mujeres que en la Unión Europea no tienen acceso a un aborto seguro son solo las que viven en países donde está prohibido. Pero son muchísimas más. Entre ellas, las migrantes en situación administrativa irregular en países donde se permite como en España", explicó Kika Fumero, portavoz y coordinadora del movimiento Mi voz, Mi decisión (My Voice, My Choice) en España.

Tras la votación, Abir Al-Sahlani (Renew, Suecia) declaró: "Esta votación es una gran victoria para las mujeres en Europa. La UE ha mostrado por fin que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico. Los ciudadanos de la UE han hablado, demostrando su preocupación por las vidas, la salud y los derechos de las mujeres. Y el Parlamento Europeo ha respondido. Esta iniciativa muestra lo que puede lograrse cuando los ciudadanos y las instituciones unen fuerzas. De esto se trata la democracia".

La presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, la socialista sevillana Lina Gálvez, ha apuntado en declaraciones al diario Público que es clave el hecho de que la iniciativa no pise competencias estatales. "No obliga a ningún estado miembro a nada, se pueden sumar a este fondo de manera voluntaria para poder defender a las mujeres que quieren abortar, independientemente de su origen", recordó. Cabe mencionar que uno de los principales argumentos de la ultraderecha en contra de la iniciativa es que quería legislar sobre un asunto que es competencia de los Estados miembros.

"También en España, donde tenemos una mejorable, pero buena legislación en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, en las 13 de 17 comunidades autónomas donde gobierna la derecha y la extrema derecha se están vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", apuntó Fumero. La iniciativa, que comenzó su camino hace tres años surgida en Eslovenia, presentó las firmas requeridas en abril de 2025 ante la Comisión Europea, que a más tardar en marzo de 2026 tiene que dar una respuesta.

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