El Partido Popular y Vox han suscrito esta semana un nuevo capítulo en sus relaciones con el pacto de Gobierno en Extremadura para investir nuevamente a María Guardiola como presidenta autonómica. El acuerdo no le ha salido gratis al PP, ya que ha tenido que cederle a la extrema derecha la vicepresidencia y las consejerías de Familia, Desregulación y Servicios Sociales y Agricultura, Ganadería y Medio Natural, y Vox ha hecho exigencias muy marcadas en materia migratoria a las que los 'populares' han accedido y que se terminarán traduciendo en racismo institucional por distintas vías. Pero las peticiones de la ultraderecha para facilitarle al PP el bastón de mando no han sido siempre las mismas, sino que han ido cambiando durante los años.
La senda comenzaba en 2022, cuando 'populares' y ultraderechistas comenzaban a unirse por conveniencia para formar gobiernos autonómicos en diferentes regiones. Castilla y León, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares fueron las primeras comunidades que fueron testigo de este binomio, y por aquel entonces, el pin parental y la violencia intrafamiliar eran los asuntos sobre los que más repicaban los de Abascal. Ante esta última, el PP, todavía firme sobre los consensos democráticos más generales, plantó cierta resistencia: el término fue incluido tanto en el primer pacto en Castilla y León en 2022 como en el firmado por Mazón, pero no volvió a aparecer con esa redacción nunca más. Fue sustituido por "No a la violencia contra las mujeres", y en Extremadura ya no hubo ninguna mención expresa a esta violencia.
En cuanto al pin parental, el mecanismo con el que los padres podrían "autorizar el contenido de las actividades extracurriculares" de manera arbitraria e individual, especialmente dirigido a las charlas sobre educación y diversidad sexual, consideradas por la extrema derecha como "ideología de género". Jamás prosperó, pero provocó el primer choque con el PP y el entonces socio de ambos en Murcia, Ciudadanos.
De la memoria histórica a la inmigración
Los de Santiago Abascal también se acostumbraron a presionar al PP con la memoria histórica, en lo que también consideran una batalla ideológica clave. Las llamadas leyes de Concordia impulsadas por este binomio, que se contraponen a la de Memoria Democrática, están recurridas por el Gobierno en el Tribunal Constitucional. En el acuerdo de Extremadura, así como en diferentes proposiciones de ley autonómicas, Vox lleva al PP al compromiso de preservar "el valor del patrimonio perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda" y promueve la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de elementos como cruces de los caídos, escudos o placas franquistas, ensalzando el periodo dictatorial. Esta misma semana, en Valencia, se aprobó una iniciativa en este sentido que puede provocar un choque legal y de competencias entre el Ejecutivo y las autoridades autonómicas.
Otro terreno en el que Vox también ha llevado al redil al PP, aunque en este caso con menores dificultades por mantener mayores similitudes ideológicas al respecto, es la ocupación. La ultraderecha ha presionado a los de Feijóo para endurecer las medidas antiocupación, garantizar el derecho a la propiedad y crear oficinas especializadas en el asesoramiento a las víctimas, y han intentado aplicar medidas nuevas como las reformas del padrón municipal, la inclusión del criterio de exclusión en el proceso para acceder a una vivienda pública y la aplicación firme del "desalojo exprés".
Pero la batalla estrella de la ultraderecha y la que ocupa el presente es, claramente, la inmigración. Llega a aparecer en hasta 11 epígrafes del pacto extremeño, y la evolución se nota si se compara con el acuerdo de Castilla y León en 2022, donde era el último punto del pacto y se limitaba únicamente a promover "una inmigración ordenada", o con el de la Comunidad Valenciana, donde, de igual forma, solamente había un epígrafe en el apartado de Seguridad referido a "poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas" y "eliminar subvenciones a entidades que amparen estas prácticas". En el caso de Murcia, en septiembre de 2023, la redacción era parecida: "luchar contra las mafias de la inmigración ilegal". Ha sido ahora cuando, alineados con la escalada discursiva de la extrema derecha internacional contra la inmigración, Vox se ha adscrito a dichos planteamientos y ha intensificado sus esfuerzos para criminalizar a la población migrante.
Arrastrando al PP a cambio de los Presupuestos
Los planteamientos de la ultraderecha se endurecen, además, cuando sus votos se vuelven necesarios para la aprobación de los proyectos presupuestarios. Por ejemplo, en Valencia, se exigió a Mazón eliminar las subvenciones a "ONG de apoyo a la inmigración ilegal", una partida presupuestaria para pruebas de diagnóstico de edad y no acoger, textualmente, "ni a un mena más", con un discurso directamente deshumanizante hacia estos menores de edad. Ni los diagnósticos de edad ni la exigencia sobre los menores migrantes se cumplieron porque eran ilegales, pero la ultraderecha se lo exige ahora a Guardiola en Extremadura. Del mismo modo, tampoco se reservó una partida para un plan de retorno de migrantes que también aparece en Extremadura, y en Murcia se incluyó el cierre de un centro de menores al que López Miras cedió.
Poco a poco, Vox ha ido imponiendo sus políticas en las autonomías en las que ha ido ganando implantación. Sin salir de Extremadura, algunas de las exigencias del documento para la primera investidura de Guardiola se fueron aprobando durante la legislatura, y en la Comunidad Valenciana, a principios de 2025, los de Abascal pidieron estadísticas diferenciadas entre nacionales y migrantes, algo que fue respaldado por los 'populares', y este mismo mes de abril, se aprobaron en esta misma comunidad "medidas urgentes ante la inmigración masiva", entre las que estaban la ubicación de los centros de menores extranjeros en las afueras de centros urbanos, en un claro conato de guetificación, o el impulso de un programa de "retorno voluntario". A cambio de su apoyo, el PP valenciano logró sacar de la propuesta "la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y servicios públicos", algo que también estaba presente en el documento firmado por Guardiola. En Extremadura, Vox se ha comprometido a darle el 'sí' a la 'popular' y a aceptar el proyecto de Presupuestos en cada uno de los cuatro años que dure la legislatura.
PP y Vox han acordado para darle el Gobierno a Guardiola que las personas que se encuentren en situación irregular en la región no puedan acceder a los servicios públicos salvo supuestos de "urgencia vital", es decir, muriéndose. Los migrantes podrán disfrutar de "prestaciones y servicios sociales estructurales" únicamente en ese supuesto, y tampoco tendrán la posibilidad de beneficiarse de los recursos públicos en igualdad de condiciones, ni siquiera los residentes extranjeros legales, dado que pasará a imperar el “principio de prioridad nacional” para "todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas". Actuaciones que, aparte de xenófobas, son ilegales, pues contravienen el artículo 14 de la ley de Extranjería.
"Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españole", recoge dicha ley. En consecuencia, priorizar a los nacionales contraviene una ley orgánica, además de la normativa europea. Es decir, el acuerdo de Gobierno incurrirá en prácticas ilegales y pisará competencias, dado que la materia migratoria corresponde única y exclusivamente al Gobierno nacional. Esto podría suponer duros castigos en los tribunales para quienes acometan oficialmente, rubricando papeles oficiales, esta discriminación.
