Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox han empezado a dar sus frutos. En Extremadura han llegado a un acuerdo gracias a la actitud de un PP cada vez más dependiente del partido liderado por Santiago Abascal, ya que el marco de la inmigración ha sido el punto principal del acuerdo. Todo el mundo sabía que esto iba a ocurrir si el PP quería llegar al poder, con un Vox cada vez más fuerte, los populares han tenido que aceptar muchas de las propuestas que traía consigo el partido de ultraderecha. A su vez, en el acuerdo de 2023 que ambos partidos aceptaron los puntos sobre la inmigración no existían, y sin embargo en el acuerdo actual es el punto más importante.
Vox lo tenía claro y llegó a la mesa de negociaciones con una postura muy firme sobre la inmigración, por ello, el PP de la extremeña María Guardiola con tal de llegar al poder ha firmado lo que sus socios más deseaban: la “prioridad nacional” de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones sociales. “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional”, expresa textualmente el acuerdo entre ambos.
Sin embargo, tal y como publica El País, el documento que llevo Génova a las negociaciones ponia todo lo contrario: “No aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición”. La “prioridad nacional” es un punto que lleva buscando Vox a lo largo de todas sus negociaciones con el PP y en Extremadura lo han conseguido. Para los de Abascal esta prioridad significa que los españoles tengan preferencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas públicas, sin tener en cuenta su situación económica o familiar.
La medida es clara: priorizar a los españoles por encima de la población inmigrante en el acceso a las prestaciones sociales. El criterio que se utiliza para materializar la diferenciación entre inmigrantes y españoles es el llamado “arraigo”, que se evalúa principalmente en función de un tiempo mínimo de empadronamiento. En el caso del acceso a la vivienda pública, este requisito puede prolongarse hasta diez años - un plazo considerable que muchos inmigrantes difícilmente podrán cumplir -, ya sea mediante tres años continuos o diez discontinuos. Además, no solo se tiene en cuenta este aspecto, sino también la “trayectoria de cotización y contribución al sistema”, es decir, el hecho de contar con empleo y haber cotizado.
Esto se aplica en el caso de los inmigrantes con la documentación en regla, ya que el pacto establece la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular”, limitando su acceso únicamente a casos de urgencia vital. De este modo, las personas en situación irregular quedan fuera de todas las ayudas, algo que, en el caso de la renta mínima de inserción en Extremadura, ya venía ocurriendo.
Se plantea estructurar el sistema de “prioridad nacional” a partir de criterios como el arraigo, el empadronamiento prolongado y la cotización y contribución previas al sistema. De este modo, se busca, al menos formalmente, evitar una discriminación explícita por nacionalidad - prohibida por la legislación vigente - y sustituirla por criterios vinculados a la relación efectiva con el territorio. Sin embargo, en la práctica, la diferencia entre un “criterio de arraigo” y una “discriminación por origen” dependerá de cómo se apliquen estas medidas.
El pacto alcanzado en Extremadura entra en tensión con la filosofía del documento marco de Génova para las negociaciones, que establece como principio “no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de origen”. Como mínimo, si no lo contradice de forma directa, sí lo lleva al límite hasta prácticamente desvirtuarlo en este punto. No obstante, el PP defiende que apenas introduce cambios, argumentando que, en la práctica, las personas en situación irregular ya no acceden a ayudas y que expresiones como “soberanía nacional” se utilizan únicamente como títulos de apartados, sin trasladarse de forma explícita al desarrollo de las medidas.
Choque con el marco de Génova
Génova también fijó como línea roja el respeto a “la legalidad vigente”. “Como es obvio, fuera de la legalidad vigente, base de una convivencia sana y segura, no puede materializarse ninguna propuesta”, señalaba el documento. El acuerdo extremeño incluye numerosas referencias a la ley; sin embargo, en aspectos como el rechazo a la acogida de menores migrantes, entra en conflicto con las directrices de la dirección nacional del partido.
“No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”, recoge el pacto, que establece que la Junta “se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Sin embargo, las comunidades autónomas no pueden rechazar la tutela de menores extranjeros una vez que el Estado los pone a disposición del sistema de protección. Este rechazo “en ningún caso” a los mecanismos de reparto choca con la Ley de Extranjería. La cuestión adquiere mayor relevancia al recaer la Consejería de Asuntos Sociales en Vox, lo que implica que Óscar Fernández Calle será quien acuda a las conferencias sectoriales donde se decide ese reparto y tenga un papel determinante.
El documento marco de Génova también contempla el respeto al actual reparto competencial en España. En este sentido, la “repatriación de menores” incluida en el acuerdo extremeño entra en contradicción con ese principio, ya que las comunidades autónomas no tienen competencias en materia de relaciones internacionales ni en procesos de repatriación. El PP ha rebajado el alcance de esta medida, aludiendo precisamente a esa falta de competencias, y la interpreta más como la posibilidad de trasladar información a la Delegación del Gobierno para que esta active los procedimientos de retorno. Queda por ver si, en caso de alcanzar el Gobierno central y disponer de las competencias necesarias, impulsarían realmente estas medidas. En cualquier caso, la devolución de menores es una propuesta que Génova respalda abiertamente, ya que fue incluida en su plan de inmigración aprobado el pasado otoño.
