La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa en torno a Santos Cerdán y Leire Díez una presunta red de contactos, apoyos y actuaciones orientadas a proteger intereses afectados por causas judiciales con impacto en miembros del PSOE o del Gobierno. Así consta en el atestado 93/2026, al que ha tenido acceso ElPlural.com y remitido al juez en el marco de las Diligencias Previas 150/2025, declaradas secretas, en el que los investigadores sostienen que el análisis de las evidencias recabadas habría revelado “otra actividad criminal” iniciada en 2024.
Según la diligencia de exposición de hechos, esa actividad tendría como objetivo principal proteger intereses afectados por procedimientos judiciales que, directa o indirectamente, alcanzaban al PSOE o al Gobierno. La UCO describe actuaciones basadas en “promesas, ofrecimientos, compensaciones o influencias sobre terceros” a cambio de información sensible u otras acciones dirigidas al entorpecimiento de procedimientos penales. El documento no es una sentencia ni una resolución judicial, sino una hipótesis policial incorporada a un atestado, por lo que las responsabilidades deberán ser determinadas por el juez instructor.
Santos Cerdán y Leire Díaz, los dos grandes nombres
Santos Cerdán León aparece en el atestado como una de las figuras principales del entramado descrito por la Guardia Civil. La UCO sostiene que la actividad se habría desarrollado “bajo el soporte del PSOE” mediante la puesta a disposición, a través de Cerdán, de infraestructuras y apoyo económico para sufragar actuaciones y dar cobertura logística al grupo.
El documento también recoge que Cerdán figura entre las personas a las que los investigadores atribuyen participación en los hechos. Además, durante las actuaciones de mayo de 2026, la Guardia Civil practicó registros vinculados al exsecretario de Organización socialista en dos inmuebles de Milagro, Navarra, uno de ellos su domicilio particular y otro inmueble donde, según el atestado, guardaba enseres personales.
Leire Díez Castro aparece como el nombre más transversal de la investigación. Las diligencias previas se nutren de evidencias obtenidas en actuaciones vinculadas a ella y a otros investigados, y las declaraciones testificales la sitúan en distintos contactos con empresarios, abogados, testigos y personas relacionadas con investigaciones sensibles.
En las actas remitidas por la UCO, varios comparecientes describen a Díez como una interlocutora que habría buscado información, facilitado contactos o planteado gestiones vinculadas a causas judiciales. Su papel aparece conectado a líneas distintas: desde procedimientos relacionados con hidrocarburos hasta contactos con miembros de la Guardia Civil o personas con litigios propios.
El resto de nombres
El atestado menciona también a Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y Javier Pérez Dolset como personas que, según la UCO, participarían en los hechos investigados. Ambos fueron informados de su condición de investigados en las actuaciones policiales de mayo de 2026.
En el caso de Zarrías, la Guardia Civil practicó una entrada y registro en su domicilio de Madrid. Allí se intervinieron dispositivos electrónicos, documentación y 19.850 euros en efectivo, cantidad que fue ingresada en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado. En el caso de Pérez Dolset, se practicó otro registro en su domicilio de Boadilla del Monte, donde se intervinieron varios soportes digitales, teléfonos, discos duros, pendrives y documentación.
La UCO incluye en la misma relación a Juan Manuel Serrano Quintana, Jacobo Teijelo Casanova e Ismael Oliver Romero. Los tres fueron informados de su condición de investigados en el marco del atestado.
Serrano aparece vinculado a las actuaciones por su papel en contactos y gestiones que la Guardia Civil considera relevantes para reconstruir la operativa del grupo. Teijelo e Ismael Oliver aparecen asociados al ámbito jurídico. En el caso de Teijelo, el atestado recoge un requerimiento judicial en su despacho profesional, donde se aportó documentación, entre ella una nota de encargo profesional y varias facturas. En el caso de Oliver, los requerimientos se dirigieron a Oliver Gruppe SL y Estudio Jurídico Oliver & Partners SL.
La abogada Leticia de la Hoz Calvo aparece en el atestado como colaboradora de la red, según la formulación de la UCO. Su nombre conecta directamente con las declaraciones de María del Carmen Pano y Álvaro Gallego, dos testigos relevantes por sus manifestaciones sobre las supuestas entregas de dinero en Ferraz.
Pano y Gallego declararon que fueron citados en el despacho IDBO Consultants y que allí se les habría planteado modificar su versión sobre esas entregas. Según sus testimonios, la propuesta habría consistido en sustituir la referencia al dinero por una entrega de documentación y descargar la responsabilidad en Víctor de Aldama. También relataron ofrecimientos económicos a cambio de ese cambio de relato.
El atestado atribuye un papel logístico a Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso, empleadas del partido. Según la UCO, ambas habrían gestionado algunas necesidades de transporte, desplazamientos o gastos surgidas en el marco de la actividad investigada.
Las dos fueron informadas de su condición de investigadas y se les intervinieron terminales móviles durante las actuaciones policiales. Su papel, según el documento, no sería de dirección política, sino de apoyo operativo o administrativo.
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