Ayuso califica de "ilegal" el acuerdo racista alcanzado por Feijóo y Abascal en Extremadura

El pacto suscrito por el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura para elevar de nuevo a María Guardiola, a cambio de una Vicepresidencia, dos Consejerías y una larga lista de políticas racistas, alcanza tales cotas de ilegalidad en su contenido que hasta Isabel Díaz Ayuso ha querido desvincularse. La presidenta de la Comunidad de Madrid se está esforzando por copar a todo el voto ultraderechista y ha sido la primera en posicionarse contra la regularización extraordinaria de migrantes, pero no se atreve a apoyar un acuerdo que llama directamente a incumplir la ley.

Las direcciones nacionales de los dos partidos ultraderechistas han acordado negar servicios públicos a las personas en situación irregular salvo caso de “urgencia vital” y han firmado la prioridad nacional, que se traduce en que aquellos con nacionalidad española tengan prioridad de acceso “todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”. Más allá del asqueroso racismo, el principal problema de estas políticas es que son ilegales, ya que contravienen el artículo 14 de la ley de Extranjería y vulneran la normativa europea. Además, los Gobierno regionales no gozan de competencias en materias de migración.

Muchos de esos requisitos no son legales

La baronesa del PP de Madrid lo sabe y por eso ha arrojado a Génova 13, que se mostraba muy alegre por haber conseguido cerrar el pacto, a los pies de los caballos. “Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos”, ha pronunciado Ayuso sin titubeos. “Así que como se va a tener que cumplir la ley pienso que muchos de esos requisitos no son legales”, ha insistido, por si había quedado alguna duda.

“Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles”, recoge la Ley Orgánica 4/2000 (de Extranjería). En consecuencia, priorizar a los nacionales contraviene una norma orgánica, con las consecuencias judiciales que esto tiene. Esto podría suponer duros castigos en los tribunales para quienes acometan oficialmente, rubricando papeles oficiales, esta discriminación. Por esta razón, Vox y el PP se han dejado algunas trampillas de huida en el texto para justificar ante sus momentos los incumplimientos futuros.

Las dos formaciones extremistas aseguran en su pacto que se va a establecer el principio de prioridad nacional ilegal, pero apostillan que esto estará “adecuado a la legalidad vigente”. También garantizan que se atenderá ilegalmente a “la trayectoria de cotización y actividad laboral” y a la “vinculación real y duradera” para repartir vivienda protegida, aunque matizan que esto se producirán “con sujeción a la legalidad”. PP y Vox son conscientes de que no podrán cumplir sus promesas, pero las plasman para seguir difundiendo discursos racistas y calmar a sus bestias.

Por esa razón, a la hora de hablar de sanidad, se comprometen a “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”, como si pudiesen excluir de este sistema y sus mejoras a los migrantes. Sobre esto, Ayuso también ha tenido algo que decir. “Pienso que no se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”, ha trasladado la mandataria regional.

Ayuso insiste en la regularización

Alberto Núñez Feijóo ya no sabe como contentar a su baronesa madrileña, que marca el compás político del resto de líderes autonómicos del PP. Y no es que haya emanado un sentimiento de acogida o internacionalismo en el pecho de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, mientras criticaba el pacto en Extremadura, criticaba la regularización. Es más, fuentes del propio Gobierno madrileño ha trasladado que va a pedir medidas cautelares y a presentar este mismo viernes un recurso contra esta medida, que califican de “populista”.

“El mensaje no puede ser ante los ojos del mundo que España es barra libre”, aseguran, considerando que “no es propio de un país de la Unión Europea”. “Si seguimos trabajando de la misma manera como venimos haciendo en estos años nos vamos a convertir una confederación de países aplastados, no solo España sino el resto de la Unión Europea, por el Estado para sufragar subvenciones, pensiones y empleos públicos”, ahondan desde Madrid, augurando que “el talento joven, las empresas y las inversiones nos van a abandonar y lo vamos a pagar por muchos años”.