Desde Génova y Bambú, al mando de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, se fraguaron las negociaciones para conformar gobierno en Extremadura; un pacto que se confirmó este jueves y que conlleva, como uno de los puntos primordiales, la confrontación total con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes y, en esencial, una agenda antimigratoria más cercana a los ideales de la ultraderecha. Con este acuerdo sobre la mesa, cierto es que algunas voces del Partido Popular no lo han recibido con favorables palabras, siendo los casos más acuciantes los de la baronesa madrileña y su homólogo andaluz.
La derecha y la ultraderecha se han propuesto poner coto a los derechos y libertades de la población migrante en Extremadura, incluyendo medidas como que estas personas no puedan acceder a los servicios públicos a menos que se trate de “urgencia vital” y, en estos aspectos, primará “el principio de prioridad nacional” para “todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”. Puntos que amenazan con materializarse en el ámbito autonómico y que contradicen de lleno la Ley de Extranjería estatal.
En este sentido, de la línea de discurso de los de Núñez Feijóo se ha salido, de nuevo, Isabel Díaz Ayuso, quien ha llegado a tildar de “ilegal” el acuerdo migratorio de PP y Vox en Extremadura. En términos menos ásperos, pero de cierto desacuerdo, se ha postulado a su vez Juan Manuel Moreno Bonilla quien, en plena campaña, se ha distanciado del proceso de negociaciones que se han seguido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, estas dos últimas aún sin pacto para conformar gobierno.
Ayuso, la voz más crítica frente a la Génova de Feijóo
A la contra del contenido y la forma del pacto de Extremadura, la baronesa madrileña esgrimió este viernes su desacuerdo señalando su creencia en “la ley” y, por ende, entendió que “no se puede ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos”: “Así que como se va a tener que cumplir la ley, pienso que muchos de esos requisitos no son legales. El tiempo lo pondrá todo en su sitio”, defendió. Ha insistido reiterando que “no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”, situando como ejemplo de la sanidad pública.
En línea con lo que reza en la Ley de Extranjería, “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles”, se pronunció Ayuso, marcando claras distancias con los aplausos que se percibieron, paralelamente, de Génova 13 al congratularse de haber logrado acuerdo en Extremadura.
No obstante, esta postura choca con la misma esgrimida hace apenas dos días atrás por el Ejecutivo de la Puerta del Sol, el cual avanzó que llevará al Tribunal Supremo la regularización de migrantes del Gobierno central al considerar que afecta “gravemente” a la prestación de servicios públicos y supondría “un caos en la política migratoria”: “Se va a traducir en riesgo de quiebra de la convivencia en nuestro país, en una saturación y desgüace por parte de los servicios públicos y un efecto llamada, por tanto más negocio para las mafias que ya sitúan a nuestro país como uno de los paraísos de la inmigración”, trasladó al respecto el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa el miércoles.
Moreno Bonilla busca “evitar” la senda de Extremadura
Desde Andalucía, aunque en términos no tan precisos, se ha postulado también en choque con Génova el presidente de la Junta. En plena precampaña electoral, de cara a la cita en las urnas del 17 de mayo y en aras de no elevar el tono en demasía contra Génova, ha apostado por “evitar” que se repita el modelo de negociaciones y tiempos que se han dado –y sigue dando- en Extremadura, Aragón y Castilla y León, con meses de incertidumbre hasta alcanzar un pacto para conformar Gobierno.
Según Moreno Bonilla, los andaluces podrán elegir “una vía única, que es la vía andaluza” que encabeza su propia candidatura. Para materializar este escenario, sí que ha reconocido que se deberá “ceder por un lado y por otro”, en relación a los sacrificios políticos que podrían darse en virtud de llegar a un pacto.
En reacción directa sobre las noticias que llegan desde Extremadura, el barón andaluz ha confiado en que Guardiola terminará aplicando las medidas tradicionales del PP en su inminente nuevo mandato, aplaudiendo así la “estabilidad” que al fin ha logrado para su tierra tras meses de espera. En detalle sobre la negativa al reparto de menores migrantes, Moreno Bonilla ha señalado tan sólo que “cada comunidad autónoma toma sus decisiones” y que él, como tal, las respeta, señalando que desconocía los detalles del acuerdo sobre esta cuestión específica.
La cúpula de Feijóo se felicita por el pacto con Vox
Frente a esta oposición de algunos de sus esenciales barones territoriales, desde Génova se han congratulado de, al fin, alcanzar un pacto en Extremadura, teniendo en cuenta que las elecciones fueron el pasado 21 de diciembre y, hasta ahora, habiendo pasado una investidura fallida de Guardiola, no se ha materializado el inminente gobierno de coalición entre PP y Vox.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado que el equipo de Feijóo se siente “muy satisfecho” por “haber contribuido a facilitar” el acuerdo “para superar la situación de bloqueo”: “Será un Gobierno diseñado para dar estabilidad durante los próximos cuatro años”, ha prometido.
Con respecto a las tareas pendientes aún en Aragón y Castilla y León, en lo que se refiere a la primera autonomía, han confiado que “en los próximos días” puedan darse resultados del mismo calibre. Hasta el momento, Núñez Feijóo no se ha pronunciado personalmente sobre el pacto, aunque sí lo ha hecho Santiago Abascal, quien lo ha calificado de “buena noticia”.
Como cabía de esperar, a su vez, desde el Gobierno central, el presidente, Pedro Sánchez, sí que ha esgrimido un discurso en contra de lo que supone este pacto para la población migrante en Extremadura: “Históricamente, ha sido una tierra de migrantes. (…) Traiciona la historia de la propia Extremadura”, reprochó este viernes en la Primera Cumbre de Brasil y España desde Barcelona, agregando que el pacto “recorta oportunidades, presentes y futuras, para los extremeños”.
El pacto antimigratorio de PP y Vox, punto por punto
Entre los múltiples puntos que componen el acuerdo de gobierno e investidura de María Guardiola en Extremadura, en el ámbito migratorio se ha cedido terreno a Vox. El pacto establece un choque directo con la normativa estatal, esencialmente sobre el reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados.
En el momento en que el Ejecutivo extremeño quede constituido, sobre esta materia, las partes han prometido oponerse por las vías legales, judiciales y políticas a cualquier sistema de distribución, bien sea de adultos o menores inmigrantes. A su vez, incluyen un examen exhaustivo de las subvenciones públicas a organizaciones con relaciones migratorias, a las cuales se les suprimirán ayudas económicas en caso de que alimenten el “efecto llamada”.
Además, en línea con otras de las polémicas medidas que se han venido defendiendo a nivel estatal, también reflejan la prohibición del burka o niqab en espacios públicos. De la misma manera, y a menos que se trate de una “urgencia vital”, los inmigrantes no podrán acceder a los servicios públicos, como bien puede ser la sanidad, debido a que primará “el principio de prioridad nacional” para “todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.
Todas estas normas en aras de seguir unos criterios de seguridad y convivencia en Extremadura, según argumentan en el texto.
