El secretario judicial de la trama Gürtel ayudará paralelamente a Calama con Zapatero y a Moreno con el caso Koldo

El juez Javier Ángel Fernández-Gallardo está siendo objeto de pugna entre el magistrado al cargo de la plaza dos de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Ismael Moreno, y el magistrado al frente de la plaza cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, José Luis Calama. Pese a tan solo llevar tres años en la magistratura, a la que accedió a través del cuarto turno, ambos togados han requerido a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional los servicios de Fernández-Gallardo como juez de refuerzo.

El juez Fernández-Gallardo no es nuevo en la Audiencia Nacional, aunque su carrera como magistras aún es corta y es titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara. Diez años antes de convertirse en juez y de que Calama solicitase su apoyo, saltó a la fama como secretario judicial del juez Pablo Ruz, quien en 2013 instruía el caso Gürtel en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Su figura resultó ser clave en esta causa que investigaba las corruptelas que afectaban al Partido Popular (PP).

Fue Fernández-Gallardo quien cayó en la cuenta de que la formación conservadora, entonces dominada por Mariano Rajoy, no había facilitado toda la documentación referida a la reforma de su sede que, posteriormente, se descubriría que fue pagada con dinero negro de la trama. Su trabajo minucioso permitió levantar la liebre y le llevó, junto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a desplegar el largo y famoso registro de Génova 13. El caso terminaría con la condena del PP como partícipe a título lucrativo.

Lucha entre Calama y Moreno

Calama solicitó la presencia de Fernández-Gallardo hace ya tres años, como apoyo para la causa contra los directivos del Banco Popular. Cada seis meses, la Audiencia Nacional ha ido solicitando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la prolongación de la adscripción a la plaza cuatro. El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional había decidido trasladar, el próximo 30 de junio, al juez a la plaza dos, a cargo de Moreno, por la saturación del juzgado, pero la llegada de la causa que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la plaza cuatro volvió a alterar la situación.

Moreno, titular de la plaza dos de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, recamó también la presencia de Fernández-Gallardo. Sobre este juzgado recaen investigaciones de gran relevancia, como el caso Koldo, situación que llevó a su titular a solicitar colaboración, asistencia y asesoramiento de un tercero. Algo que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional concedió al entender que la mejor manera de calificar la situación de la plaza dos era “saturación”.

Esta problemática llevaba a órgano a aceptar la solicitud de traslado de Férnandez-Gallardo, debido a al “listado de causas aportado por el insigne magistrado en su petición de apoyo, caracterizadas muchas de ellas por su enorme complejidad, a lo que ha de unirse la necesidad de atender las tareas propias de un órgano de instrucción, con sus correspondientes guardias”.

"La comparación entre los órganos números Dos y Cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia pone de manifiesto de manera evidente una mayor necesidad de refuerzo en la Número Dos, que precisa de forma urgente la actuación de un Juez de Apoyo, en los términos solicitados por su titular", añadía la Sala de Gobierno en su acuerdo de febrero. No obstante, con la llegada de la causa Plus Ultra, que cayó en el número cuatro porque Moreno se vio obligado a rechazarla, pese a que le correspondía, por haber tenido trato con uno de los encausados, la situación cambió.

Calama volvió a la carga y consiguió que dividiesen la dedicación de tiempo de Férnández-Gallardo en un 50-50 entre ambas plazas. Así, el juez de apoyo trabajará con Moreno, pero también con Calama hasta que este último cierre el caso de Madeira Invest Club, que investiga los pagos de un empresario de cryptomoneadas a Alvise Pérez; dos casos de hidrocarburos, una causa de tráfico de drogas y blanqueo de capitales y, desde hace poco, el caso Plus Ultra.