En la tarde de este martes el Congreso de los Diputados ha tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox con las que pretendían modificar el reglamento del Congreso de los Diputados para que se sancione a periodistas acreditados que dificulten la actividad parlamentaria. Con el voto en contra de 174 diputados y el apoyo de los 166 escaños de la derecha y la extrema derecha, la iniciativa para implementar estas sanciones sigue su curso y este miércoles se presentarán las enmiendas parciales. 

Con este telón de fondo, durante el debate celebrado en la Cámara Baja sobre las enmiendas presentadas por PP y Vox, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha protagonizado uno de los momentos clave de la sesión. Sus encuentros en los exteriores del Congreso con el agitador Vito Quiles ya son algo frecuente, forzados todos ellos por el pseudoperiodista que acostumbra a seguirle para formularle preguntas vinculadas a la actualidad política pero siempre buscando cargar contra el Ejecutivo central y la izquierda del país. Al hilo de ello, el portavoz de ERC ha querido lanzar desde el hemiciclo un claro mensaje a Quiles, planteándole un pacto con el que, además, ha retratado el evidente beneficio a la derecha y la extrema derecha que contienen las preguntas de Quiles a los dirigentes políticos.

“Hagamos un trato, señor Quiles. Si usted aquí me jura que va a preguntarle a Abascal por la financiación ilegal de Vox, que le va a preguntar a Ayuso por las mordidas durante la pandemia de sus familiares, que le va a preguntar a Mazón qué hacía en El Ventorro mientras su gente se ahogaba, si usted aquí me promete que va a hacer esto, yo le prometo que no voto a favor de expulsar a propagandistas de la derecha y la ultraderecha. Se lo prometo, pero por lo que sea no me lo va a poder prometer”, ha lanzado. 


Sin embargo, poco después de que finalizara la sesión en el Congreso, el agitador ha optado por ofrecerle una respuesta a Rufián: “Acepto el trato, pero solo si usted me promete que cumplirá su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses”.

Una iniciativa contra “activistas de ultraderecha”

Tras el rechazo del Congreso a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, el proceso para modificar el reglamento de la Cámara Baja sigue su curso. A través de la iniciativa del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, se pretende regular la renovación de las credenciales de los informadores que concede el Congreso e introducir un régimen sancionador para aplicarlo a aquellos que perjudiquen la actividad del resto de compañeros de medios de comunicación. Se busca también "evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo" y actuar contra “activistas de la ultraderecha”.

El Reglamento del Congreso, impulsado en 1982, encargó a la Mesa de la Cámara la concesión de acreditaciones a representantes de los medios y con esta reforma se pretenden fijar "los requisitos que resulten exigibles". También se crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, con un miembro de cada grupo y representantes de los colectivos profesionales, que podrá proponer sanciones contra un informador acreditado, aunque la última palabra la tendrá la Mesa.

Entre algunos apuntes de calado que conforman esta reforma del reglamento, cabe reiterar que existen dos tipos de infracciones. Las graves serán consideradas por actuaciones como la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, interrumpir durante las ruedas de prensa de portavoces parlamentarios y grabar imágenes o audios sin la autorización, entre otras cuestiones. Mientras, entre las infracciones muy graves, destacan las faltas de respeto profiriendo insultos o amenazas, también la realización de grabaciones ocultas con un fin posterior de difusión pública.

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