El caso de la compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid al empresario malayo San Chin Choon ha regresado a la palestra mediática, y con él, cabe recordar dos cosas. La primera, que buena parte del mismo resultó ser defectuoso y no servir para su cometido en pleno auge de la pandemia, además de que dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, se llevasen comisiones millonarias por la operación. Y la segunda, que la que fuera coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, fue fichada como responsable de Eficiencia y Modernización Pública en la Vicesecretaría de Economía por el PP de Feijóo.
Fue ella, cuando servía como coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, quien ejecutó la compra de este material. "Soy un poco pava, eh", llegó a poner como excusa en su declaración en sede judicial para rehuir la responsabilidad de las operaciones. Por este caso, la Fiscalía Anticorrupción cifra en hasta 4 millones de euros el material sanitario que se desperdició por ser considerado defectuoso, es decir, un 25% de la compra, ya que el montante total se elevaba hasta los 16 millones.
En esta operación, además, Luis Medina y Alberto Luceño se llevaron un millón y seis millones de euros respectivamente en comisiones, por lo que Elena Collado no solo apenas habría conseguido que menos de un tercio del material comprado con dinero público llegara en buenas condiciones, sino que además no interpuso ninguna denuncia en nombre del Ayuntamiento de Madrid contra la empresa vendedora. Una ineficiencia que no supuso un impedimento para ser renombrada y recompensada por el líder del PP a nivel nacional, que también se encuentra en el foco mediático por la opacidad que caracterizaba a la Xunta de Galicia en los procedimientos de adjudicación durante su mandato.
Almeida felicitó a Luceño tras la estafa al Ayuntamiento
Por otra parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, llegó a felicitar a la empresa de la que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño habían sido intermediarios para vender mascarillas con un precio claramente inflado a la capital de España, después de adquirir este material por el descabellado coste de entre 5 y 6,24 euros la unidad.
Después de dar las gracias al hermano del actual duque de Feria por una "donación" de mascarillas, el responsable de Cibeles quiso hacer lo propio con la después polémica compañía Leno por medio de una misiva. En el documento, que se publicó el 2 de abril de 2020, el alcalde empezaba señalando que "la expansión de la propagación y el contagio por el Covid-19 en España está afectando con especial intensidad a la ciudad de Madrid, por su dimensión poblacional y su relevancia económica y social, como capital política del Reino de España".
El texto, que Medina entregó a la Fiscalía Anticorrupción, continúa señalando que "ante esta grave situación, además de las gestiones que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid para adquirir los elementos sanitarios y de seguridad necesarios a sus trabajadores (…) el Ayuntamiento está recibiendo donaciones de este material por parte de empresas y de particulares", y añade: "El Ayuntamiento ha recibido una oferta de donación muy generosa por parte de Alberto Luceño y Luis Medina, quienes nos ofrecen gratuitamente 238.000 mascarillas N95 de grafeno, fabricadas por la empresa asiática Leno. Estas mascarillas viajan a Madrid junto con otro millón de mascarillas de características similares, adquirido por el Ayuntamiento a este mismo fabricante, por lo que la cifra total de mascarillas que debemos rescindir asciende a 1.238.000 unidades".
Ambos comisionistas fueron después procesados por estafa contra el Consistorio. La investigación concluyó en abril de 2023 y determinó que los implicados estafaron seis millones de euros al Consistorio de la capital, y se les atribuyeron los delitos de estafa agravada y falsedad documental, aunque la Justicia imputó también un delito contra la Hacienda Pública a Luceño. Se pidieron 15 años de prisión para él y 9 para Medina.
Feijóo, también en el foco por las mascarillas de la Xunta
A raíz de lo ocurrido con el conocido como 'caso Koldo', que ha comenzado a levantar las alfombras de diferentes administraciones, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado esta semana la forma de proceder en materia de contratación por parte de la administración autonómica gallega, cuando Alberto Núñez Feijóo estaba al frente de la misma. Ha sido Luís Bará, el viceportavoz nacionalista, quien ha argumentado que dichos procedimientos acumulaban "muchas sombras", especialmente en algunos de los contratos de emergencia; y también ha hablado del "incumplimiento sistemático de la ley de contratos", con alusión directa a la falta de transparencia y al fraccionamento de contratos "para adjudicarlos discrecionalmente como práctica normalizada".
En concreto, la empresa que se encuentra en el foco de este caso es Sibucu 360, con la que tanto Feijóo como Isabel Díaz Ayuso hicieron negocio. José Ramón García González es el hombre que se encuentra tras ella, y cabe recordar que fue condenado a nueve meses de cárcel y una multa de 615.372,75 euros por fraude y falsedad documental.
Durante lo peor de la pandemia, Sibucu 360 creció en aproximadamente un 4.000%, cerrando el ejercicio de 2020 con una facturación de más de 31 millones de euros cuando venía de una cifra de negocio de 765.000 euros en 2019. Dicho de otro modo, la firma multiplicó hasta por diez sus beneficios, pasando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año.
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