Una de las reivindicaciones más justas y perentorias del memorialismo español, es, sin duda alguna, de que los restos de los republicanos enterrados a la fuerza en el antiguo Valle de los Caídos (ahora de Cuelgamuros), comienza a tener respuesta por parte del Gobierno.
Imputada la alcaldesa del PP
Los trabajos para exhumar, a petición de sus familias, los restos de 118 víctimas de la guerra, se han reanudado en el Valle de Cuelgamuros. Se produce, a pesar del Partido Popular, tras la paralización que supusieron las medidas cautelares impuestas por el juzgado número 10 de Madrid ante los diversos recursos presentados por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y su alcaldesa popular, Carlota López Esteban. Esta ha sido imputada por esta paralización de las exhumaciones del Valle de los Caídos y acudirá como investigada por una querella presentada por familiares de inhumados en el Valle. La regidora se negó a reactivar la licencia de obras para permitir dichas exhumaciones que, finalmente, han dado comienzo.
Levantadas medidas cautelares
Una vez levantadas las medidas cautelares por parte del TSJM el pasado mes de julio y después de que el Ayuntamiento estableciese que el consistorio no tenía competencia para suspender la licencia de obra, desde Patrimonio Nacional, se ha procedido a reanudar los trabajos para terminar así con el sufrimiento que esta situación estaba ocasionando a los familiares de las víctimas.
Las actuaciones se desarrollarán de acuerdo a un plan impulsado desde el Ministerio de la Presidencia junto a Patrimonio Nacional, con el objetivo de dar respuesta a la solicitud de los familiares de las víctimas y a su voluntad de recuperar los restos de sus seres queridos inhumados en el Valle y reparar así el dolor que estas familias llevan sufriendo desde hace décadas
Con dotación de medios
Este plan, que cuenta con el aval del Consejo Médico y Forense, está dotado con los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo los trabajos y se desarrollará en todo momento bajo criterios de carácter técnico y forense y de acuerdo con los principios de legitimidad, legalidad, respeto y confidencialidad hacia las víctimas
Sepultura digna
De acuerdo con la voluntad decidida del Gobierno de España de colocar a las víctimas de la guerra y la dictadura en el centro de la acción del Ejecutivo en materia de memoria, y con el objetivo de reparar cuanto antes el dolor de quienes llevan décadas intentando recuperar los restos de sus seres queridos para darles una sepultura digna, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha establecido, junto con Patrimonio Nacional, un plan dotado con 650.000 euros con el que dar respuesta a la solicitud de los familiares y a su voluntad de recuperar los restos inhumados en el Valle.
Complejidad de los trabajos
Este plan tiene el aval del Consejo Médico Forense y cuenta con los medios materiales necesarios para llevar a cabo las labores de localización y extracción, así como con los medios humanos y profesionales especializados en materia de antropología forense. De esta forma se garantiza la adecuada proporcionalidad entre los medios necesarios y los resultados que se pretenden alcanzar, sin crear falsas expectativas dada la complejidad de los trabajos, derivada del estado de los enterramientos.
El equipo forense encargado de esta investigación, de alta cualificación y experiencia, actuará de conformidad a principios éticos y deontológicos propios de las Ciencias Forenses y aplicando metodologías y protocolos universalmente reconocidos. Tras las primeras apreciaciones de carácter forense, se llevarán a cabo, siempre en las propias dependencias de la Basílica, los análisis antropológicos y la toma de muestras que serán después utilizadas para los análisis genéticos, a cargo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, dependiente del Ministerio de Justicia.
Entrega de restos a las familias
Una vez sean identificados los restos que hayan sido requeridos por los familiares de las víctimas, se procederá a elaborar los correspondientes informes técnicos forenses para llevar a cabo la entrega de estos a las familias. Está previsto también que aquellos restos que no sean objeto de devolución a sus familiares por no haber sido establecida su identidad sean retornados al correspondiente columbario.
En todo momento el procedimiento estará guiado por criterios de carácter técnico y forense y el plan se desarrollará de acuerdo con el cumplimiento de los principios de legitimidad, legalidad, respeto y confidencialidad.
Los trabajos serán desarrollados desde Patrimonio Nacional, y están financiados con un fondo de 650.000 euros procedentes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
