El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, en rueda de prensa en La Moncloa tras un Consejo de Ministros. Foto: PP El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, en rueda de prensa en La Moncloa tras un Consejo de Ministros. Foto: PP



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabía el miércoles pasado (día 4 de diciembre) que su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, iba a poner en entredicho la autoridad de su también ministro, pero de Industria, José Manuel Soria, a raíz de los cambios introducidos a última hora en la ley del servicio eléctrico. Montoro recibió en las cercanías de la Puerta del Sol madrileña a los máximos ejecutivos de las eléctricas mientras su compañero Soria estaba en Bruselas. Y la guerra entre los hermanos Nadal (Álvaro y Alberto) se decanta cada día más hacia una victoria del más cercano a Rajoy (Álvaro), que goza de la confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, cosa de la que no puede presumir su hermano Alberto.

En la Puerta del Sol
Cristóbal Montoro, al que le gusta utilizar su despacho oficial de la Calle de Alcalá, muy cercano a la Puerta del Sol, cuando se trata de escenificar su actuación como ministro de Hacienda (tiene otro despacho junto a la Plaza de Colón cuando quiere ejercer de ministro de Administraciones Públicas), habló con su jefe, el presidente del Gobierno, antes de recibir a cuatro representantes de las eléctricas el pasado miércoles, día 4 de diciembre. A la cita del ministro acudieron el presidente de Endesa, Borja Prado; el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el de Gas Natural-Fenosa, Salvador Gabarró; el consejero delegado de E.ON, Javier Anzola, y el consejero delegado de EDP, Miguel Stillwel.

Promesa incumplida
Mientras su compañero de Gobierno José Manuel Soria estaba en Bruselas hablando de la industria naval con el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, un crecido Cristóbal Montoro se comprometía con llos jefes de las eléctricas a buscar una fórmula que les permitiera sacar de sus cuentas (y fundamentalmente de sus deudas) los 3.600 millones de euros que Soria había pactado en julio que serían sufragados por el Estado para terminar con el déficit de tarifa. Montoro dijo que el déficit público español no podía permitirse tal dispendio. Soria tuvo que tragarse su promesa. Los 3.600 millones se sumarán a los 26.000 millones que los españoles debemos a las eléctricas y Álvaro Nadal le ganó una batalla a su hermano Alberto. Se llevan bien, pero en política cada uno tiene a su jefe y el de Álvaro manda más.

Los inventores siguen ahí
Para entender este embrollo habría que retrotraerse a 2001, cuando el entonces vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, tenía como ministro de Hacienda a Cristóbal Montoro (es reincidente en el cargo) y pululaba por allí, como secretario de Estado de Economía, Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado, hoy sentado en la silla de presidente de Red Eléctrica de España. Fue entonces cuando el Gobierno de Aznar, en su segunda legislatura, con mayoría absoluta y sin ganas de que se la arrebataran, decidió que la luz no subiría si no lo quería así el Consejo de Ministros. Se creó entonces el déficit de tarifa, que es la diferencia entre lo que el Gobierno reconoce al sector eléctrico como coste de mantener en funcionamiento el sistema y los ingresos que genera el cobo de los recibos de la luz a los españoles (particulares y empresas). Este agujero se ha ido sumando año tras año, con la garantía del Estado, eso sí, como un derecho de cobro reconocido a las compañías eléctricas. Y ya suma casi 30.000 millones de euros.

El PP enmienda al Gobierno
La ley de presupuestos de 2013 y la malograda ley del sector eléctrico, modificada en el Senado con 105 enmiendas del propio Partido Popular, preveían que esta manera de acumular deuda para los españoles terminara este mismo año. Para ello, en un primer momento de transición, se preveía que el Presupuesto del Estado asumiera un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros, un pago de 900 millones por los costes extraordinarios de la generación de electricidad en las islas y 500 millones más por derechos de emisiones de CO2. Pero desde Moncloa se dijo que no. El todopoderoso Álvaro Nadal, que ahora es una especie de ministro en la sombra protegido por la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó a Montoro de que el déficit público es sagrado y que esos 3.600 millones no podían salir del presupuesto estatal.

La guerra de los Nadal
Alberto Nadal, hermano del todopoderoso Álvaro, y secretario de Estado de Energía, era uno de los que, junto a su jefe, José Manuel Soria, había prometido a las eléctricas, una transición hacia el déficit cero en las tarifas eléctricas. Y ni siquiera fue convocado por Montoro a su reunión con los mandatarios del sector en las cercanías de la Puerta del Sol. Rajoy estaba al tanto, pero fiel a su línea, dejó hacer a Soraya y a Álvaro Nadal. Su ministro de Industria, José Manuel Soria, vio cómo sus cimientos se movían cuando el 29 de noviembre, tras el anuncio de las enmiendas en el Senado, tuvo que aguantar las críticas de los presidentes eléctricos. Tampoco hizo nada por defender su dignidad de ministro venido a menos. Tras la entrevista de Montoro con sus interlocutores de pocos días antes, Soria se limitó a decir que el déficit público es lo primero y que eso no quiere decir que la luz vaya a subir por los famosos 3.600 millones.

Intereses que corren
¿Y cómo se consigue eso? Muy fácil. Como inventaron en su día Rato, Montoro y Folgado. Los 3.600 millones van a la deuda acumulada por el sector. Las eléctricas, con la garantía del Estado, podrán ceder los derechos de cobro a terceros (bien al Fondo de Titulización existente, el FADE, o bien a otros inversores) y apuntarse en sus cuentas como ingresos esa cantidad. Lo malo es que después hay que devolverla y de eso se encargará el Gobierno, o lo que es lo mismo, todos los españoles. Los intereses de esa deuda acumulada suman en este momento algo más de 1.100 millones de euros anuales (se paga a un 4,48% de media), que todos los españoles, consuman la luz que consuman, costean a través de sus impuestos y lo seguirán haciendo, al menos, durante los próximos quince años.