El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a maniobrar en la instrucción que dirige sobre el caso de Begoña Gómez para ahora pedir todos los correos de la investigada desde 2018 para que sean investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) dentro del proceso judicial.
Tal y como ha adelantado este miércoles El Confidencial y ha recogido este periódico, el magistrado instructor ha solicitado a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que le haga entrega de “la copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” desde el 11 de julio de 2018 hasta la actualidad. Una decisión que viene después de las palabras del presidente Pedro Sánchez en la entrevista concedida este lunes en TVE, donde dijo que una minoría de jueces “se dedican a hacer política”.
Sobre este escenario, y teniendo en cuenta esta última decisión judicial, desde el plano político las reacciones no han terminado de sucederse, siendo la esgrimida por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha dicho que este no es más que un ejemplo de “investigación prospectiva”, es decir, aquella que se diseña para planificar un futuro aún incierto.
“Cuando te preguntes qué es una investigación prospectiva solo tienes que seguir la instrucción de Peinado en esta causa”, ha determinado el ministro a través de X -antigua Twitter- tras conocer la noticia.
Cuando te preguntes qué es una investigación prospectiva solo tienes que seguir la instrucción de Peinado de esta causa. https://t.co/6Mss7zcRJp
— Oscar Puente (@oscar_puente_) September 3, 2025
El último movimiento del juez Peinado
Cabe recordar que a principios de agosto el juez ya se dirigió a Moncloa para reclamar que se aclarase si Gómez contaba con “un correo electrónico oficial de @presidencia.gob.es”.
En paralelo, aunque bajo el mismo telón de fondo, hace unas semanas atrás, el juez Peinado citó a declarar tanto a Begoña Gómez como a su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, acusada de un presunto delito de malversación de fondos. Ambas hablarían respectivamente los próximos 10 y 11 de septiembre, pero ahora esa conversación podría retrasarse tras la petición de la defensa de la investigada para esta fecha al coincidir con otro compromiso previo.
La decisión de llamar a Gómez y a Álvarez se concretaba después de que elevara su exposición razonada al Tribunal Supremo contra el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tras el archivo, el instructor tomó la decisión de continuar con las actuaciones.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en junio la imputación de la asesora de Moncloa. Los magistrados declararon nula la primera declaración que prestó como testigo, pero permitió el “registro de llamadas entradas y salientes”. Más tarde, la asesora explicó durante cerca de una hora cuáles eran sus funciones para la mujer del presidente del Gobierno, cuando explicó el correo electrónico que le mandó a Reale, una de las empresas patrocinadoras de la cátedra universitaria de Gómez sobre la que el magistrado no encontró nada punible.
