PSOE y Sumar han pactado una nueva reforma fiscal que, entre otras cosas, mantiene el impuesto a la banca y deja fuera a las energéticas. Además, fija un nuevo tributo al lujo y sube dos puntos el IRPF a las rentas del capital de más de 300.000 euros, así como fija un IVA del 21% a las viviendas turísticas. No obstante, el punto sobre el impuesto a las energéticas está aún en negociación, ya que su no mención ha provocado el rechazo de ERC y, por ello, Hacienda ha pospuesto el debate.
El Gobierno de coalición han apostado por establecer un nivel de tributación mínimo del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes empresas, aprovechando la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva comunitaria con origen en los acuerdos del Pilar dos de la OCDE.
De la misma forma, ambas formaciones han abogado por “mantener el impuesto a la banca para que estas entidades, que solo pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos y que están obteniendo beneficios récord, contribuyan de manera justa al sostenimiento de la sociedad de la que tantos beneficios obtienen al igual que el resto de empresas y ciudadanos”.
Y también pretenden en este sentido “elevar en dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros para seguir avanzando en la equidad horizontal con las rentas del trabajo”.
Respecto al impuesto a las energéticas, no hay mención. La continuación de este gravamen la quería mantener Sumar, pero el PSOE había pactado con PNV y Junts su desaparición cuando caduque a final de año. Esta no mención ha provocado el rechazo de ERC, que pide que no se elimine este gravamen, y Hacienda ha decidido posponer el debate de la reforma fiscal para intentar llegar a un acuerdo que permita que salga aprobado.
Por otra parte, y a instancias de Sumar, se va a “establecer un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jets y yates privados, coches de lujo…) para mejorar la equidad en el reparto de renta y riqueza”.
Además, se introducirá un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con el fin de recortar su rentabilidad y transformarlos en viviendas para el alquiler permanente, “aliviando la falta de vivienda habitual en las zonas tensionadas”.
Respecto a la sanidad privada, los partidos que conforman el Gobierno han abogado por “eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios que tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta”.
Debate pospuesto ante el rechazo de ERC
Que el impuesto a las energéticas no se haya incluido en esta reforma fiscal ha desembocado en el rechazo de ERC, quienes han formado el aplazamiento del debate sobre la reforma en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Hacienda se celebrará finalmente el jueves, con lo que los socios del Gobierno han ganado tiempo para seguir negociando y conseguir que salga adelante.
ERC había comunicado al PSOE su voto en contra de este Proyecto de Ley, ya que consideran que “cualquier medida que pretenda favorecer a la banca y a las energéticas” no va a encontrar su apoyo. Por ello, han instado a los socialistas a volver a negociar.
Subida al tabaco y vapeo y régimen especial de las socimis
En otro orden de cosas, los socios de Gobierno han llegado también a un acuerdo para suprimir el régimen fiscal especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi). Esta decisión se sustenta en que estas sociedades “solo tributan al 1% en el Impuesto de Sociedad” y, a pesar del beneficio fiscal, no ha servido para mejorar la oferta de vivienda.
Y para desincentivar el consumo del tabaco y vapeadores, PSOE y Sumar han acordado hacerlo mediante un aumento de su fiscalidad.
Otro punto que contempla el acuerdo es el despliegue del Estatuto del Artista para dar cumplimiento “de una vez” a la fiscalidad especial que requiere el mundo de la cultura. De igual forma que se ha alcanzado un consenso para mejorar la fiscalidad de las cooperativas para facilitar el crecimiento y ampliación de esta “piedra angular de la economía social” y del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
