El tira y afloja del PSOE y Junts per Catalunya, con un mediador internacional de por medio, atraviesa un momento de calma después de que los de Carles Puigdemont eliminasen del orden del día del Congreso de los Diputados la propuesta para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerase la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza. La iniciativa no iba a ningún sitio y podía incluso haber supuesto una derrota para los independentistas, con el voto de Vox en el aire, y su retirada ha servido para acercar posturas.
Lo que ahora debaten ambas formaciones, con un talante un poco más positivo, es la transferencia de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat, una demanda de la derecha catalana que se aborda en la mesa. El papel de Francisco Galindo, mediador de la negociación, ha sido clave, al prometer que se seguiría avanzando en esta materia si los dos partidos, necesitados el uno del otro, dejaban de tirarse los tratos a la cabeza.
El comunicado emitido por el mediado recordaba que no se habían materializado algunos de los puntos en los que existe acuerdo político entre las dos partes y pedía a Junts que considerara retirar la cuestión de confianza ante el escenario que se abría "en las próximas semanas en relación con los temas más sensibles" que habían trabajado hasta la fecha. "Una ruptura del espacio significaría un retroceso difícil de superar que frenaría estos avances, que mi función de verificador me impide de revelar pero no de conocer", añadía.
Razón no le faltaba y parece que el punto de encuentro está cada vez más cerca, según apuntan fuentes cercanas a la mesa. Es más, las novedades al respecto podrían llegar a finales de esta semana o a principios de la siguiente, si bien sería necesario contar con el visto bueno del Ministerio del Interior, capitaneado por Fernando Grande-Marlaska. Pese al intríngulis, algunas fuentes apuntan incluso a que ya existiría un principio de acuerdo al que habría que limarle detalles.
La negociación para el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración lleva sin avanzar varios meses y la mera sugerencia de que su estado varíe significaría un cambio importante. Los principales obstáculos se han centrado en tres puntos: control de fronteras, expedición de los NIE y la apertura de expedientes de expulsión. Desde el Gobierno defienden que el control de fronteras es una competencia estatal y no parecen dispuestos a ceder.
No obstante, si parecen estar abiertos a incorporar cambios como el aumento de la presencia de Mossos d'Esquadra en puertos y aeropuertos. Esto no retiraría a otros cuerpos, sino que tanto Policía Nacional y Guardia Civil como Mossos d'Esquadra se centraría "cada uno dentro de sus competencias”.
Complejidad para un acuerdo
Pese a que las posturas parecen estar acercándose (la semana pasada se alejaban), ambas formaciones reconocen que las negociaciones están siendo "difíciles". Muestra de ellos es el hecho de que, aunque ambos acordaron hace un año la cesión de competencias sobre inmigración a cambio del apoyo al decreto anticrisis, todavía no es una realidad.
El calendario en el que se trabajaba era el de lograr un acuerdo a finales del año pasado, pero desde Junts siempre se ha puesto énfasis en que debía ser un traspaso integral de las competencias en esta materia, algo que no veían reflejado en el avance de las negociaciones. Por su parte, desde el Ejecutivo trasladan que las negociaciones con Junts están bastante avanzadas, aunque garantizan que cualquier reforma va a "respetar siempre el paraguas de la Constitución".
Esta negociación es clave, dado que podría ser la antesala para alcanzar un acuerdo para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Fuentes del Gobierno esperan que un acuerdo en estos términos ayude a convencer a Puigdemont para que respalde unas nuevas Cuentas Generales, aunque la derecha catalana siempre ha mantenido que no negociarán los PGE sin que se cumpla antes con los actuales.
