El PSOE ha decidido denunciar ante el Tribunal Supremo a la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona. Los socialistas consideran que las acusaciones vertidas por la dirigente ultra contra el Gobierno central, al que acusó de aprovechar el coronavirus para practicar la eutanasia a los mayores, serían constitutivas de un delito de calumnias, tipificado en el artículo 504 del Código Penal.

En la querella, los del puño y la rosa instan al Alto Tribunal a notificar a Olona su imputación, por si quisiera prestar declaración de manera voluntaria, o bien solicitar directamente el suplicatorio al Congreso dada su condición de aforada. El PSOE atribuye a la portavoz la intención de relacionar las graves consecuencias derivadas de la Covid-19 con la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia registrada por el Grupo Parlamentario Socialista el 24 de enero de 2020, y tomada en consideración por la mayoría de los grupos parlamentarios del Pleno del Congreso el 17 de febrero de 2020, que propone reconocer la eutanasia como derecho individual, despenalizando algunas conductas incluidas en el artículo 143.4 del Código Penal. 

La ofensiva judicial emprendida por los socialistas suma así un nuevo horizonte. En apenas una semana, el PSOE se ha citado con la extrema derecha y sus rostros más representativos en sede judicial. Los motivos responden a un patrón común: incitación al odio, recogida en el artículo 510 del Código Penal, y delito de injurias y calumnias, recogido en el artículo 504.

Vox y sus rostros más representativos, denunciados

No es la primera denuncia que han presentado los socialistas. El pasado jueves 16 de abril el partido ponía en manos de la Fiscalía una denuncia por una serie de tuits realizados por la formación ultra en la que se consideraba que se había incurrido en un delito de incitación al odio. Concretamente, estas publicaciones en redes sociales eran cuatro: aquel que llevó a Twitter a cerrar la cuenta de Vox el pasado 18 de enero (vinculaba al colectivo LGTBI con la pederastia), una imagen de féretros alineados en un parking en el que decían que las televisiones gubernamentales no se hacían eco de esta información, el montaje realizado de la Gran Vía sin permiso del autor de la instantánea original y, finalmente, la respuesta al autor de la imagen en la que el partido proseguía en su propósito de culpar al Gobierno mediante la difusión de una licencia artística de mal gusto que no se correspondía con la verdad ni con el interés del fotógrafo.

El lunes 20 de abril el PSOE daba un paso más reclamando a Santiago Abascal, Hermann Tertsch y Julio García (propietario del medio de comunicación Canal 5 Radio) una indemnización de 10.000 euros que se destinaría a asociaciones sociales e investigación científica, además de la retractación por los bulos difundidos con ánimo de golpear a los socialistas.

Concretamente, esta segunda iniciativa legal llamaba a los tres citados a acatar estas peticiones en el acto de conciliación si no querían que la demanda prosperara. En el caso del líder de Vox, Santiago Abascal, se exponía como prueba la difamación contra los socialistas al acusarles de haber puesto una granada en un centro de menores extranjeros de Hortaleza; a Hermann Tertsch se le imputaba la difusión de un montaje lleno de cadáveres a las puertas de Ferraz; y a Julio García las graves acusaciones vertidas desde su portal de comunicación que relacionaban al PSOE con el 11-M.

Finalmente, y antes de llevar a Olona ante los tribunales, los socialistas emprendían acciones legales contra Cristina Seguí, periodista y fundadora de Vox. Contra ella se adjuntaban una serie de tuits realizados desde la decretación del estado de alarma en el que se acusaba al Gobierno de “mataviejas”, “criminales”, “mengueles” o “sinvergüenzas”.