El Partido Popular (PP) está tan preocupado por la democracia y la ciudadanía de Venezuela que, en las últimas horas, ha apoyado una operación militar y un secuestro que contraviene el derecho internacional, ignorando a los muertos causados por los bombardeos de Estados Unidos; ha considerado a María Corina Machado representante política legítima, pese a no haber ganado ningunas elecciones; y ha lanzado una campaña contra el Gobierno español y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, único objetivo real que existe tras de su exaltada y genuflexa respuesta ante la violación de la carta de Naciones Unidas.
El último de los movimientos desarrollados por los de Alberto Núñez Feijóo, después de que sus malotes cachorros hayan jugueteado un rato con la Inteligencia Artificial, consiste en volver a manosear una de las cámaras que acogen la soberanía popular para su campaña política. Una nueva comisión de investigación va a ser alumbrada en el Senado para fingir que ahonda en “si el Gobierno utilizó dinero público para beneficiar al régimen de Nicolás Maduro”, pese a que no existe ningún indicio que apunte en esta dirección.
Es más, España ha acogido a 150.000 venezolanos y ha intermediado en favor de los opositores desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, pero eso es lo de menos para los conservadores. El Senado, cuyo mandato es la representación territorial, vaga al albur de los designios políticos del PP, que con mayoría en la Cámara Alta impulsa todos aquellos disparates que no puede impulsar en el Congreso por no contar con la mayoría suficiente. Ahora, en ciclo electoral autonómico y como ocurrió en anteriores comicios, toca Venezuela.
La tesis de la derecha extrema, presentada por su portavoz en el Senado, es que se pudieron “pagar favores a dictaduras como la de Maduro, con rescates a empresas como Plus Ultra”. Alicia Miranda apunta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al rescate que recibió la aerolínea, asegurando sin pruebas que existe “una caja negra” que constituye “el centro de la trama corrupta del sanchismo”. Así, el PP quiere vincular la corrupción que investigan los tribunales, que afecta a exaltos cargos socialistas y responsables de instituciones públicas, con Venezuela y Maduro.
Pleno extraordinario
Además de la nueva comisión, la portavoz del PP ha anunciado también la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo 15 de enero, al que ha citado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como responsable directa de la SEPI y a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Sara Aagesen, al considerar que se encuentran algunos de los departamentos de su cartera “bajo sospecha” por “la trama hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”.
La creación del nuevo organismo y la convocatoria del pleno extraordinario llegan después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Dos días después de los arrestos, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, motivos por los que se cita a las ministras.
