La reforma fiscal planteada por el Ministerio de Hacienda ha recorrido un camino de espinas hasta su llegada al Pleno. El Congreso de los Diputados votará este jueves la viabilidad de la reforma y de sus enmiendas. Esta es la única certeza, pues Moncloa no tiene todos los votos asegurados. Hay cuatro diputados que se debaten entre el sí y el no, fundamentados en el punto de fricción que mantenido en vilo al articulado: el impuesto a las energéticas. Este cuarteto, bajo las siglas de Podemos, reivindican su posición de fuerza y músculo negociador frente a la coalición. Golpes de pecho que, por lo pronto, completan el boceto de una votación -otra más- de infarto. Se espera una larga jornada de móviles y reuniones. Todo está en un puño.
Los números son inamovibles. El margen de maniobra del Gobierno, también. El paquete fiscal salió a duras penas de una comisión intempestiva el lunes, dispuesto a someterse al escrutinio de un Pleno altamente susceptible de tramitarlo. Cuando todo parecía que el que se asumía como insalvable escollo entre ERC, EH Bildu y BNG por un lado, y PNV y Junts por otro, sale a escena otro actor dispuesto a complicar la trama, si es que eso fuera posible.
Moncloa consiguió acercar posturas entre ambos frentes, acordando la prórroga del tributo vía real decreto ley, mientras que a las derechas independentistas les garantizaba que no se gravará a las empresas energéticas que inviertan en descarbonización. Pero cuando todo el camino parecía a allanarse, aparece un nuevo repecho cuando las fuerzas ya flaquean. La llave la tiene ahora Podemos, ávido de marcar perfil propio en la izquierda a la izquierda del PSOE para resurgir. Los morados ya advirtieron que sus cuatro votos son “imprescindibles” y, abrazando tesis de Junts, reivindicaron que su formación no forma parte de bloque alguno y que se negociará “ley a ley”.
O impuesto o derrota
No es la primera vez que Podemos se desmarca de la alianza de la investidura. Ya lo hizo a principios de 2024, cuando tumbó el real decreto de los subsidios diseñado por Sumar. Ocurrió poco después del cisma en el partido magenta que acabó con los morados dentro del Grupo Mixto. Algo similar podría suceder este jueves, pues los morados insisten en que son cuatro diputados, pero sin la vía de la geometría variable, sus votos son indispensables por mucho que Moncloa rebaje a sotto voce el suflé.
Así las cosas, Podemos ha puesto las cartas encima de la mesa. De nuevo, en Telecinco, la líder de la formación, Ione Belarra, tildaba el acuerdo del Gobierno con las fuerzas de izquierda como una “tomadura de pelo”, habida cuenta del comunicado de Hacienda en el que explicaba que el acuerdo con Junts seguía vivo. Por ello, los morados marcan como línea roja el gravamen a las energéticas, por lo que se regresa a la casilla de salida. “Es una forma de negociar del PSOE que es de trileros, que es de trata de engañar a los grupos parlamentarios y con ellos a la ciudadanía”, resumía Belarra.
La secretaria general de la formación morada avanzaba que ellos no serían parte de ningún juego para “tomarle el pelo a la gente”, no sin resaltar la importancia de que las energéticas paguen por las consecuencias nefastas de una emergencia climática a la que ellos han contribuido. Podemos no se fía ni de Junts ni del PSOE, por lo que exigen garantías que permitan la conversión de dicho tributo en permanente. De no arrancar este compromiso a los socialistas, los morados votarían en contra y podría no ser adelante. Este escenario provocaría un empate a 175 entre síes y noes, por lo que habría que acometer tres votaciones para resolverlo. Si persiste, la propuesta decae.
Moncloa confía
En los pasillos del Congreso, la sensación este miércoles es que el paquete fiscal acabará viendo la luz. La incógnita de Podemos agua varios pronósticos, especialmente por su imprevisibilidad; de ahí que la jornada se haya saldado con un carrusel de carreras, llamadas y corrillos bajo la indiscreta mirada de los periodistas. Moncloa no va a entregar la cuchara, menos aún después de sacar extirpar el bloqueo de la comisión de Hacienda este lunes.
Sobre este asunto han opinado diversos miembros del Ejecutivo, como Félix Bolaños. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha desplegado toda su confianza con respecto a esta cuestión. “Esperamos que salga adelante un pacto fiscal que sea progresivo para que los que más tienen, más paguen”, comentaba ante los micrófonos el diputado de Sumar, Enrique Santiago. Sin embargo, el independentismo catalán ha seguido en su escalada dialéctica, intercambiando reproches después de que Junts acordara con el PSOE dejar caer el impuesto ante el riesgo que suponía para una inversión de 1.100 millones en Tarragona.
La portavoz neoconvergente, Miriam Nogueras, aseguraba que el acuerdo con su grupo estaba cerrado y ponía a Cataluña en lo más alto. “Veremos si los partidos catalanes están al lado de la derecha española y la gran banca o de intereses catalanes”, deslizaba la dirigente independentista. Comentario que encontró la réplica de su homólogo republicano, Gabriel Rufián, que tiraba de ironía y pedía comprensión porque la derecha catalana quiere volver a los tiempos de Convergència, aunque “se conformaría un bloque de derechas” que desde hace varios meses “vota conjuntamente”.
7.200 millones, en el alambre
La ministra de Hacienda se ha encargado de profundizar en lo que pierde España si el jueves no sale adelante el paquete fiscal, del cual dependen 7.200 millones de euros en fondos europeos. Y es que dentro del texto se incluye la aprobación del tipo mínimo para las multinacionales, que responde a una trasposición de una directiva europea de obligado cumplimiento. El Partido Popular ha censurado el “esperpento fiscal” del Gobierno durante la sesión de control de este miércoles, evidenciando su oposición al plan.
La vicepresidenta primera recriminaba durante el debate que el PP no está actuando como “un partido de Estado” porque va a oponerse a una ley que incluye un impuesto mínimo global, enmiendas contra el fraude de hidrocarburos o nuevas figuras fiscales que garantizarían “ingresos suficientes” para blindar a los españoles. También ha defendido los tributos de los que emanan salarios de los funcionarios públicos que, a la postre, contribuyen a la reconstrucción de Valencia; concretamente mencionó la enmienda del PSOE de eliminar la bonificación fiscal del diésel con respecto a la gasolina. Tipos que, por cierto, no salieron adelante en la tortuosa Comisión de Hacienda de este lunes y que se votarán este jueves en el Pleno, con la incógnita de Podemos.
