Carles Puigdemont dictó sentencia. El expresident catalán compareció desde Bruselas para sentar las bases de una eventual investidura de Pedro Sánchez. El líder de Junts puso pie en pared, transmitiendo al mundo cuáles son las exigencias neoconvergentes no para ungir al actual presidente del Gobierno en funciones, sino para abrir las negociaciones. La comparecencia, trufada de referencias constitucionales y alejada del belicismo al que tenía acostumbrado uno de los cabecillas del procés independentista, ha alimentado el optimismo en los dos puntos neurálgicos del socialismo. Moncloa y Ferraz ven más cerca la reedición de una coalición progresista tras escuchar a su nuevo interlocutor eludir la vía de la autodeterminación como principal contrapartida. El Gobierno recoge el guante, acepta la amnistía, pero advierte de que todo ha de tener un “encaje” dentro del paraguas que ofrece la Constitución. “Fuera de ella, nada”, avisan.

Bruselas y Moncloa comparten esta semana el foco mediático, toda vez que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont cumpliera con lo prometido días atrás y expusiera las demandas de Junts para negociar una investidura. El eurodiputado convocó a los periodistas en un hotel de Bruselas para escenificar un ensanchamiento de miras. La formación que dirige desde Waterloo es crucial para la conformación de un Gobierno, tanto a derecha como a izquierda. Da igual el color. De ahí que entre las cuatro líneas rojas emergieran constantes apelaciones a “los dos grandes partidos españoles”. No sólo fueron llamadas, también reproches. El ex jefe del Ejecutivo catalán no olvidó los agravios del pasado, remontándose incluso hasta el año 1714.

Lo cierto es que Puigdemont desplegó una versión más pragmática -si cabe-, orientada a la reconstrucción de puentes, pero sin olvidarse de las reclamaciones históricas del pueblo catalán. La música sonó bien en el Palacio de la Moncloa y, por ende, en el cuartel general del PSOE. Altos cargos de la Ejecutiva socialista advirtieron de la rebaja tonal escenificada por el líder de Junts, catalogándolo incluso como unas demandas “de máximos”. En privado, activos del Gobierno de la Nación redundan también sobre el discurso “light” del expresident, al que también recordaron -también en público- que el único límite lo marca la Constitución Española. Así las cosas, en Ferraz encaran este recién inaugurado mes de septiembre con los quebraderos de cabeza que comporta el encaje legal de una de las principales demandas neoconvergentes; la ley de amnistía.

Voluntad de acuerdo

El discurso del expresident, en cuyas manos descansa la gobernabilidad del país, es plenamente consciente de la capacidad de influencia que le otorgan los siete diputados logrados el 23 de julio. Tampoco escapa a su visión el horizonte electoral en Cataluña. Aún queda algo más de un año para los comicios autonómicos, pero el abandono de las trincheras, replicando la estrategia de ERC en la pasada legislatura, con el fin de marcar los tiempos en el independentismo es indicativo de que la cuenta atrás está en marcha.

Puigdemont: "No nos inspira el ánimo de revancha personal o partidista. Si no fuera así, no hubiéramos pactado la Mesa"

Puigdemont abrió la puerta a un acuerdo en una alocución no exenta de reproches al Estado español. Suavizó ligeramente lo que en tiempos eran retos y amenazas constantes. En los primeros compases de su comparecencia, de hecho, ya advirtió de que no actuarían movidos por el rencor de los vetos cruzados que impidieron la unción de Jordi Trias como alcalde de Barcelona. “No nos inspira el ánimo de revancha personal o partidista”, adujo el expresident, antes de recordar que ya hubo un conato de entendimiento con el Partido Socialista en el marco de la conformación de la Mesa del Congreso. “Si fuera así, no hubiéramos pactado”, subrayó.

Reclamó la necesidad de un “compromiso histórico”, sujeto al cumplimiento de cuatro requisitos que, a la postre, serán la llave que abra la puerta final; la de la negociación de la investidura. Puigdemont no quiere papel mojado, sino hechos tangibles porque, a su parecer, “hoy no se dan las condiciones para llegar” a ese “gran acuerdo”. De hecho, hizo hincapié en la “desconfianza” que aún les transmite el Estado español y que explica algunas de las “decisiones más difíciles” que se vieron abocados a tomar el pasado. Resulta significativo el uso reiterado del “a día de hoy”, abriendo así una vía que conduzca hacia el consenso.

Autodeterminación, pragmatismo y Constitución

Estipuló cuatro requisitos, pero no para la investidura, sino para empezar a negociarla. Condiciones sine qua non entre las que destaca la ya archiconocida desjudicialización del proceso independentista. ¿Cómo? Mediante una ley de amnistía que el bloque progresista ha de empezar a tramitar desde ya, pues el expresident lo fija como línea roja antes de que acabe el plazo para la investidura. “O elecciones o pacto con nosotros”, precisó a lo largo de toda su comparecencia, haciendo valer su potencia negociadora. Puigdemont también incluyó el “reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática” del soberanismo, así como la creación de un “mecanismo” que vele por las garantías del cumplimiento de estos acuerdos y, como último punto, establecer como márgenes los “acuerdos y tratados internacionales” que aludan a “derechos humanos y libertades fundamentales”.

Puigdemont: "Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución ni por descontado a ningún tratado europeo"

Ni rastro del derecho a la autodeterminación en el marco de demandas. Sí hubo apelaciones a la independencia de Cataluña y la descripción de ésta como “nación europea”. Pero lo que antaño era una línea roja, ahora ya no lo es. Es más, el líder de Junts sí hizo alusión, al final de su intervención, en la necesidad marcar la pauta hacia un “referéndum acordado con el Estado español”. De hecho, llamó poderosamente la atención el rosario de citas al marco constitucional, el límite último fijado por el Gobierno para negociar con el independentismo catalán. Puigdemont referenció el artículo 92 de la Constitución al reclamar la consulta pactada con la Administración central, pero también aseguró que ninguna de las acciones se encuentra fuera del paraguas de la Carta Magna: “Ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución ni por descontado a ningún tratado europeo”.

La desjudicialización del procés, sin embargo, no lo es todo para Junts. Puigdemont apeló a otra serie de demandas; un “paquete de cuestiones materiales” y que aún están pendientes por resolver. El eurodiputado referenció algunas de ellas, la mayoría orientadas a carencias competenciales y de recursos, como resaltó al valorar la “alta tasa de inmigración” de la autonomía. Pero también pasó por asuntos como la escasa formación de médicos porque “no los podemos pagar como se merecen” o, en su defecto, el déficit fiscal de más de 20.000 millones de euros por año. “Por lo tanto, que nadie se engañe, con la amnistía tampoco se resolverá el problema de fondo”, matizó.

Optimismo en Moncloa

Desde el Gobierno se fijan posiciones, percutiendo en que cualquier cuestión que traspase las fronteras constitucionales está descartada. No obstante, altos cargos del Ejecutivo y del Partido Socialista convergen, en privado, en que el discurso de Carles Puigdemont en absoluto responde a las previsiones, sino que cristalizó en unos “máximos” que asumen como punto de partida para negociar. Es decir, ven una “voluntad clara de acuerdo” por parte del líder de Junts.

En Moncloa y Ferraz subrayan las reiteradas apelaciones al marco constitucional en su discurso

De hecho, estas mismas fuentes aluden expresamente a las continuas reiteraciones a la Carta Magna en el cómputo global de su intervención. “Ha repetido en varias ocasiones la palabra Constitución reiterando que todo lo que piden está dentro del paraguas legal”, comentan voces de peso en la estructura socialista, que a su vez dejan en manos del Tribunal Constitucional lo que “quepa o no” dentro del texto. No obstante, remarcan que “el derecho a la autodeterminación” no está en absoluto bajo su cobertura.