Carles Puigdemont ha sentado las bases desde Bruselas. El líder de Junts ha rechazado que la toma de decisiones descanse sobre un “ánimo de venganza” por lo ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona o el rosario de “agravios desde 1714”. “Si esto fuese así, no se hubiese alcanzado el acuerdo en la Mesa del Congreso”, ha subrayado el líder postconvergente, que ha exigido a los dos grandes partidos un “compromiso histórico” a la par que ha advertido que “o se pacta con Junts” o los españoles están obligados a acudir de nuevo a las urnas. Así las cosas, ha deslizado que el Gobierno en funciones, la Fiscalía y el Parlamento español tienen potestad para iniciar los trámites de una ley de amnistía, condición sine qua non para negociar la investidura.
El expresident busca un “compromiso histórico” de los dos principales partidos españoles. Puigdemont sabe de la potencia negociadora de su partido. Sus siete diputados son cruciales para la conformación de cualquier gobierno, de ahí que su mensaje no sólo se haya circunscrito al Partido Socialista, sino que también lo haya dirigido a los populares de Alberto Núñez Feijóo, quienes abrirán una vía de comunicación con los postconvergentes a pesar de las reticencias de algunas voces con peso orgánico. Pese a ello, ha reivindicado que Junts no va a cobrarse ninguna venganza, al aludir que allanaron el camino de Francina Armengol a la Presidencia del Congreso de los Diputados. Eso sí, ha precisado que España encara un “momento especial”.
Un "compromiso histórico"
En concreto, Puigdemont sostiene que el país enfila se encuentra en una dicotomía: o se acuerda con los independentistas o se repiten las elecciones. “No estamos hablando de un trozo para tirar adelante la legislatura. El acuerdo debe ser un compromiso histórico, como el que ningún régimen ni Gobierno español ha sido nunca capaz”, ha remarcado el expresident de la Generalitat, que acto seguido ha establecido las líneas rojas de su formación para allanar el camino de Pedro Sánchez a la Moncloa. “Reconocer la legitimidad del independentismo, abandono de la vía judicial y la amnistía; un relator que medie y verifique los acuerdos y el impulso al catalán”, ha relatado.
Sobre el papel, era lo que se esperaba en los fueros progresistas, máxime tras la reunión que Puigdemont mantuvo con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar. No obstante, el eurodiputado ha precisado que ni el 1O ni la declaración unilateral de independencia fueron constitutivos de delito alguno. Tampoco lo fueron “las protestas”, continuó. Todo ello sumado lleva al expresident ha establecer como condición sine qua non la tramitación de una Ley de Amnistía antes de negociar la investidura del presidente en funciones.
Póker de exigencias
De este modo, Puigdemont ha sentado las bases que tanto Partido Socialista como Partido Popular deberán cumplir a rajatabla para arrancar el ‘sí’ de Junts de cara a la investidura. En cualesquiera de los casos. La cristalización de estas cuatro exigencias abriría el camino a las negociaciones bilaterales, puesto que entiende que no se dan las condiciones para iniciarse ante la “desconfianza” transmitida desde el Estado español. No obstante, el expresident ha destacado la “distancia profunda” que les separa de sendas formaciones y les afea que emprendan el camino ahora de unas negociaciones que “han considerado innecesarias durante seis años”.
No obstante, el expresident ha destacado la “distancia profunda” que les separa de sendas formaciones y les afea que emprendan el camino ahora de unas negociaciones que “han considerado innecesarias durante seis años”. Precisamente este escepticismo es lo que empuja a Puigdemont a marcar cuatro líneas rojas contundentes, cuyo cumplimiento abriría la puerta a las conversaciones por una eventual investidura. “Una vez fijadas y asumidas las decisiones previas, [las negociaciones] pueden desarrollarse con garantías”, ha rematado.
La primera de ellas pasa por dotar de legitimidad democrática al independentismo. “Nos consideran la segunda amenaza más importante del Estado, por detrás del terrorismo”, ha afeado el expresident, quien ha lamentado que ello conlleve a una situación en la que “se ordenan todas las acciones necesarias para desactivarnos”. Esta queja le ha dado pie para hacer alusión expresa al espionaje con el sistema Pegasus a diferentes líderes soberanistas. “Amparado en esta decisión tan antidemocrática, el Estado español infiltra y fabrica montajes para proceder a detenciones sin fundamento, con el objetivo de paralizar y criminalizar la movilización ciudadana en favor de la independencia”, ha puntualizado.
El segundo de los pasos a seguir en la hoja de ruta postconvergente ha de abocar al abandono completo y efectivo de la vía judicial. A tenor de esta máxima, Puigdemont ha subrayado que el 1 de octubre no fue un “hecho delictivo”. Tampoco habría de serlo, a su juicio, la declaración unilateral de independencia o la movilización ciudadana posterior. Por ello, ha instado a que el Estado se aleje del uso de la Justicia como arma arrojadiza contra el independentismo. Un escenario que está al alcance de la ley de amnistía, cuya responsabilidad recae sobre el “Gobierno en funciones a través de la Fiscalía y Abogacía del Estado”. De este modo, la pauta marcada por el eurodiputado, tan solo para iniciar las negociaciones, necesita de la tramitación del indulto a los líderes procesistas encausados antes de la investidura.
La creación de una suerte de mecanismo de mediación y verificación del cumplimiento de los acuerdos constituye un peldaño más hasta escalar a la cima. “La falta total de confianza entre las partes hace que sea imprescindible”, ha precisado el dirigente de Junts, quien se ha amparado en experiencias pasadas para desacreditar las “promesas” del Estado. Así, en este punto, se ha remarcado la importancia para la lengua catalana “el reconocimiento que se le puede dar el día 19”. El último paso para culminar el camino hacia la negociación pasa por estipular como “únicos límites” los que estén sujetos a acuerdos y tratados internacionales, aludiendo expresamente a los derechos humanos y a libertades fundamentales.
