Marruecos es uno de los puntos negros del Gobierno en esta legislatura, lo que supone un aliciente para una derecha que no suelta el hueso. De hecho, después de que la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre Pegasus indicara que hay razones suficientes para investigar a Rabat, el Partido Popular ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso -la única que puede conocer secretos oficiales- para que el Ejecutivo informe a los portavoces de los grupos sobre el resultado de las investigaciones. Todo ello, en plenas tiranteces con la monarquía después de resistirse a cumplir los compromisos emanados de la Reunión de Alto Nivel del pasado mes de abril.

Este pasado martes, el presidente de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje ilegal con Pegasus, Jeroen Lenaers, enumeró las “razones” que existen palpables -a su juicio- para investigar a Marruecos en los pinchazos a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska¸ así como a líderes independentistas. Así se pronunció el dirigente del Partido Popular Europeo desde Estrasburgo, toda vez se aprobara el informe sobre sobre el empleo del software en Europa.

"¿Tenemos una pistola humeante o pruebas fuertes de lo que hizo Marruecos? Quizás no, pero hay mucha información valiosa y hay muchas razones para estudiar con cuidado el papel de Marruecos en este contexto", deslizó Lenaers tras ser interrogado por la responsabilidad directa de Rabat al jefe del Ejecutivo español y al resto de miembros del Gobierno. Defiende el valor del informe como un documento que aglutina toda la información recapitulada durante este año y dos meses de comisión. “Se incluyen muchas informaciones que apuntan a Marruecos”, subraya.

La dirigente liberal de Países Bajos, Sophie in’t Veld; ponente del informe, precisó que existen procesos judiciales abiertos tanto en Francia como en España, No obstante, admite que “se sabe muy poco”. La neerlandesa considera que “hay consideraciones diplomáticas que están jugando su papel”, mientras en paralelo se aprobaban las recomendaciones mediante las cuales se reclama una investigación “completa, justa y eficaz” de todos los presuntos casos de espionaje con el citado software, incluyendo entre ellos los ataques a 65 móviles de dirigentes independentistas.

Por su parte, determinan que pese a que el marco normativo español “se ajusta a los requisitos establecidos por los tratados”, los eurodiputados consideran apuntalar “algunas reformas” y la aplicación debe “ajustarse plenamente e los derechos fundamentales”, amén de garantizar la protección de la “participación pública”.

El PP mete presión a Moncloa

Tras las conclusiones de la comisión en el Parlamento Europeo, el Partido Popular ha decidido mover ficha en el Congreso de los Diputados. La portavoz parlamentaria de los conservadores, Cuca Gamarra, ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, único espacio donde se pueden conocer los secretos oficiales. El objetivo del PP pasa por que el Ejecutivo informe a los portavoces del resto de grupos acerca de los resultados de las pesquisas que se abrieron hace un año sobre el espionaje al presidente del Gobierno y otros tres ministros.

Lo anunció en rueda de prensa la propia Gamarra, quien subrayó que es el momento de “que se sepa qué pasó de verdad”. La dirigente conservadora aprovechó la coyuntura para acusar al Gobierno de “ocultar información”, dado que, a su juicio, no ha habido ninguna noticia desde que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunciara la apertura de una investigación. “La posibilidad de que un país esté implicado en este espionaje es de una gravedad máxima”, sugirió la número dos de Alberto Núñez Feijóo al tiempo que recordaba “nunca” habían obtenido una respuesta y que es el momento de percutir sobre ello.

Promesas incumplidas

Mientras la derecha europea y española percute con Marruecos como arma arrojadiza, en Rabat han optado por no seguir las iniciativas acordadas en la Reunión de Alto Nivel (RAN) del pasado mes de abril. En el último cónclave bilateral se pusieron en común nuevas propuestas para avanzar e intensificar las pruebas en la frontera. Sin embargo, según ha publicado El País, el país vecino se resiste a llevarlas a la práctica. Hasta la fecha, lo único que se ha conseguido es la apertura de ambas fronteras durante una jornada entera en enero y otra en febrero, desde que se retomaran las relaciones tras la crisis migratoria.

España ha tenido que insistir a Marruecos para que cumpla con lo acordado en la RAN. Sin embargo, en Moncloa aún esperan una respuesta en firme por parte de Rabat. El pasado 14 de abril se encontraron ambas delegaciones en Rabat para abordar el escenario fronterizo, sin esperanzas de cerrar una fecha concreta para la apertura al tránsito de mercancías. No obstante, el punto de convergencia se alcanzó de forma verbal sobre los siguientes pasos a dar.

Al menos esta fue la interpretación de los actores españoles en la cumbre. Según el El País, que cita a fuentes conocedoras de la reunión, se acordó la realización de pruebas diarias durante abril para, a mediados de mayo, comenzar ya con el tránsito de productos frescos animales y vegetales que han de superar inspecciones sanitarias. Las partes aparcaron estampar en un documento las interioridades del pacto, pero las comunicaciones provenientes de Rabat insistían en la realización de pruebas aisladas de solo un día. El Ejecutivo ha remitido de nuevo su propuesta a Marruecos, pero según advierten desde el Gobierno todo ello forma parte del proceso de negociación, por lo que la respuesta del interlocutor no es firme aún.

Estas informaciones conducen a un malestar que empieza a germinar entre el equipo negociador español, cuestionando las verdaderas intenciones de los marroquíes. De no cumplir Rabat con los compromisos, la duda que reside en esta delegación pasa por los réditos para España del cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental, amén del frenazo a las oleadas de inmigrantes irregulares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España afronta la cuestión con absoluta prudencia, guardándose para sí las interioridades del proceso. Sin embargo, según este medio, desde el gabinete de Sánchez se limitan a destacar que las negociaciones “siguen vivas” para aplicar lo acordado en la reunión de alto nivel, respaldado por un calendario gradual y concreto.

Los retrasos en la apertura de aduanas alimentaron las especulaciones sobre que Marruecos se las guardaba para hacerlas coincidir con la visita oficial de Sánchez al país tras el plantó de Mohamed VI en febrero. Sin embargo, han transcurrido desde entonces tres meses y los términos no acaban de materializarse. En el caso de que no se aplicaran los acuerdos, Marruecos incurriría en un incumplimiento de la declaración conjunta del 7 de abril de 2022, aquella que acabó con la crisis diplomática y derivó en el volantazo contra el Sáhara. En ese acercamiento se selló el restablecimiento de la “plena normalización de la circulación de personas y de mercancías”.