La manifestación convocada por el PP en Barcelona para este domingo contra la amnistía a los protagonistas del Procés, los principales y los secundarios, probablemente no vaya a ser la última. La ley orgánica del olvido no será inconstitucional hasta que el Tribunal Constitucional así lo sentencie. Si sale cara y los magistrados certifican que no vulnera la Constitución, todo irá sobre ruedas; si la mayoría progresista del pleno del alto tribunal se resquebraja y sale cruz, tal vez los efectos beneficiosos que persigue Pedro Sánchez ya sean irreversibles. En todo este trayecto, la oposición tendrá muchas ocasiones para salir a la calle.

La amnistía ha pasado de ser, en el vocabulario de Sánchez, un imposible constitucional para reinterpretarse como una exigencia del estado de derecho, imprescindible para asentar la convivencia en Cataluña y para poder seguir en La Moncloa. De momento, el presidente en funciones ha hablado poco de su giro político, limitándose a decir que sus propuestas para ganarse a los grupos independentistas en el Congreso “no encallarán constitucionalmente”. Para ERC y Junts, la promulgación de la amnistía fue inicialmente una condición previa a la negociación de la investidura y posteriormente se subió la apuesta para convertirla en el complemento imprescindible del referéndum.

La sensación general es que todo el mundo está haciendo su papel para que la ley de amnistía salga adelante, al menos en el Congreso de los Diputados. Una vez en el BOE, el PP cumplirá con su guion constitucional. Inmediatamente comenzarán a producirse regresos a casa de los dirigentes que apostaron por eludir la cárcel, los condenados verán limpiados sus expedientes, los inhabilitados volverán a tener opciones de hacer política institucional, a mayoría de los procesados respirarán tranquilos y seguramente también los policías que se dejaron llevar por el celo injustificable se verán liberados de responder por sus excesos. Ciertamente queda por ver el alcance de lo que hay que olvidar y la amplitud de los beneficiados que está dispuesto a asumir el PSOE. De Sumar, de ERC y Junts ya se conocen sus propuestas. Los tres grupos están en sintonía, pero parece que los socialistas todavía no.

Los agraciados políticos de la “operación amnistía” no tienen por qué coincidir exclusivamente con los auxiliados por el estado de derecho que quisieron derrotar. La interpretación del sentido de una amnistía hace semanas que divide a las cinco familias que cómo poco tiene el independentismo actualmente. Sus valoraciones van desde el acto de justicia que reclaman los partidos oficialistas del soberanismo al blanqueo del “estado represor” que denuncia la ANC, pasando por “el nuevo acto de entreguismo de ERC y Junts” que ve en todo esto la CUP o la intrascendencia de la amnistía como factor acelerante de la proclamación de la independencia que apuntan los más escépticos.

De prosperar la negociación cuyo riesgo político es innegable, no habrá dudas de que el primer ganador será Pedro Sánchez y su gobierno progresista. Para el PSC, muy activo en la negación de la amnistía hace hasta hace poco, la proyección de ventajas e inconvenientes será algo más complejo. La hemeroteca juega en su contra, sin embargo, ya se sabe que la memoria flaquea velozmente. Los socialistas catalanes no tendrán mayor dificultad en alinear la amnistía en su discurso oficial. La reconciliación de los catalanes como objetivo prioritario de su política difícilmente puede verse perjudicado por la ley orgánica del olvido. En el ámbito electoral, las perspectivas de victoria de Salvador Illa en las próximas autonómicas no deberían verse sensiblemente diezmadas. Incluso podría argumentarse que nada favorecería más al PSC que un enfrentamiento directo entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Las chispas que saltarían entre ambos líderes independentistas por tanto desdén y tantas cuentas pendientes acumuladas situarían a Illa en su papel preferido, el de la conciliación.

Entretanto unos negocian y el PP se manifiesta, quedan por conocer los planes del juez instructor de la causa que se pretende olvidar. Pablo Llarena acaba de desestimar la enésima recusación de Carles Puigdemont y se le supone presto a emitir una nueva euroorden contra el ex presidente de la Generalitat en cuanto la justicia europea le dé luz verde. De producirse este nihil obstat antes de que el Congreso apruebe la ley orgánica, le permitiría a Llarena cumplimentar con éxito su euroorden, a Pedro Sánchez ver cumplida su promesa electoral de traer a Puigdemont detenido a España y al líder de Junts beneficiarse de la amnistía al poco de pasar por el mal trago. Una carambola histórica.