La Presidencia del Gobierno ha manifestado su discrepancia con el fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que rechazó por unanimidad la querella interpuesta por Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, responsable de la investigación que involucra a su esposa, Begoña Gómez. Aunque Moncloa asegura respetar la decisión judicial, ha cuestionado duramente la argumentación del tribunal, mostrando sorpresa por algunos de los comentarios incluidos en el auto.
“Respetamos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la querella interpuesta por la Abogacía del Estado en defensa de la institución de la Presidencia del Gobierno. No obstante, discrepamos de sus razonamientos jurídicos y de su argumentación”, han señalado a los medios de comunicación fuentes del Gobierno.
“Y también nos sorprenden algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del Auto, máxime cuando la Presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado únicamente pretenden preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal”, subrayan estas mismas fuentes.
“En la querella presentada ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno: convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial”, añaden. “Lamentablemente, esta sospecha se ha revelado cierta. El mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares (diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas) la declaración, esta fue filtrada a numerosos medios de comunicación”, denuncian.
Asimismo, en el comunicado, el Gobierno también ha aprovechado la ocasión para alertar sobre lo que considera una estrategia cada vez más común entre la derecha y la ultraderecha: el uso de procedimientos judiciales con fines políticos. En este sentido, Moncloa lamenta que este tipo de acoso judicial esté dirigido no solo a políticos progresistas, sino también a sus familiares, como es el caso de Begoña Gómez, e hace un llamado a la reflexión y al debate social sobre las consecuencias de este tipo de prácticas: “Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares”. “Nuestra obligación como Gobierno es, como siempre, defender la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones”, sentencian.
Un caso con muchas lagunas
El caso ha despertado polémica desde el inicio. Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, presentó una querella por prevaricación judicial contra el juez Peinado, alegando que este había citado al presidente a declarar en el proceso que investiga a Gómez por motivos que consideraba políticos y no judiciales. La querella señalaba que la intención real detrás de la citación era "convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo", lo cual se habría demostrado, según el Gobierno, por la filtración a la prensa de la declaración el mismo día que se envió a las acusaciones particulares, entre las que se incluyen organizaciones "ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas", según denunció Moncloa.
El TSJM, en su auto, no admitió a trámite la querella, considerando que los hechos denunciados por la Abogacía del Estado no constituyen prevaricación. Los magistrados que componen la Sala de lo Civil y Penal del tribunal acusaron al Gobierno de intentar "tergiversar" el tipo penal de prevaricación y criticaron el uso de la Abogacía del Estado para emprender acciones legales contra el juez Peinado. Según el tribunal, Sánchez no es parte en el procedimiento, dado que su citación se produjo en calidad de testigo y no de parte implicada, por lo que resulta "extravagante" que se haya utilizado una herramienta como la Abogacía del Estado para defender su posición en este contexto.
No obstante, el fallo unánime del tribunal incluyó un voto particular de uno de los tres magistrados, que si bien no altera el sentido de la resolución, refleja una visión más matizada sobre el caso. Este voto particular apuntaba a la necesidad de considerar si efectivamente el procedimiento pudo haber sido manipulado con fines políticos, lo cual, según dicho magistrado, merecería al menos una evaluación más profunda.
A pesar de la unanimidad en la inadmisión de la querella, los magistrados cuestionaron el uso del recurso legal por parte del presidente, subrayando que este “tiene a su disposición dos instituciones que pueden velar por los intereses legítimos que tiene la institución de la que es titular”, refiriéndose a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal, por lo que la querella contra el juez Peinado, en su opinión, carece de sustento.
En su defensa, la Abogacía del Estado ya había advertido en su querella que la citación de Sánchez como testigo no obedecía a una necesidad procesal, sino a un intento de politizar el procedimiento. “Lamentablemente, esta sospecha se ha revelado cierta”, denunció Moncloa, haciendo referencia a la filtración de la declaración a los medios de comunicación por parte de las acusaciones particulares.
