Universidades, hospitales, avenidas y centros de investigación dedicados al rey emérito podrían estar viviendo sus últimos días si prospera la iniciativa que Más Madrid registrará este martes en el Congreso para retirar cualquier honor o denominación vinculada a Juan Carlos I. La formación sostiene que mantener estos nombres resulta incompatible con el distanciamiento institucional adoptado en los últimos años hacia el emérito, especialmente tras la retirada de su asignación pública y la pérdida de su agenda oficial. Por ello, exigen una revisión completa del mapa simbólico que aún conserva su figura en la administración pública, desde campus universitarios con miles de estudiantes hasta centros sanitarios de referencia o calles situadas en el corazón de grandes ciudades.

La proposición no de ley que presentarán las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas plantea un cambio profundo en la simbología que se mantiene en honor al antiguo jefe del Estado. El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, pide expresamente sustituir el nombre de Juan Carlos I en universidades, hospitales, infraestructuras, vías públicas y centros de investigación. Esto afectaría, entre otras instituciones, a la Universidad Rey Juan Carlos y al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, ambos en la Comunidad de Madrid, así como a múltiples avenidas y equipamientos distribuidos por diferentes municipios del país.

Más Madrid considera que este replanteamiento llega en un “momento de fuerte carga simbólica”, coincidiendo con dos efemérides relevantes: el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco —20 de diciembre de 1975— y la proclamación de Juan Carlos I como rey —22 de diciembre del mismo año—. Para la formación, estas fechas subrayan la necesidad de revisar críticamente las huellas que han quedado en el espacio público de esa transición histórica, especialmente aquellas vinculadas a una figura de la que el Estado se ha ido alejando de manera progresiva.

Un aniversario sin Juan Carlos I en la agenda oficial

Ese distanciamiento vuelve a ser evidente esta misma semana. Juan Carlos I no acudirá al acto institucional organizado este viernes en el Congreso bajo el título “50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia”. El evento reunirá a los reyes Felipe y Letizia, a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía, así como a los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo, que moderarán el coloquio. También participarán los padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero, además de la académica Adela Cortina y la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Más Madrid subraya que la ausencia del rey emérito del acto —y el hecho de que no haya tenido presencia en la agenda institucional desde 2020— confirma la “incoherencia” de mantener su nombre en edificios públicos de utilización diaria. El documento recuerda además la retirada de su asignación presupuestaria con cargo a Casa Real y el fin de sus actividades oficiales tras las sospechas de presuntas irregularidades fiscales.

La PNL introduce también un segundo bloque de medidas: la retirada de títulos, condecoraciones y distinciones otorgados por el Estado a Juan Carlos I. La formación reclama que se revisen uno por uno, aplicando criterios de “ejemplaridad, integridad y ética pública”. Para ello, propone un plazo de seis meses en el que el Gobierno debería evaluar el grado de cumplimiento y presentar un informe detallado ante la Cámara Baja.

El debate parlamentario que abrirá esta iniciativa llegará en un clima político marcado por la división en torno a la figura del emérito. De hecho, varias formaciones ya han anunciado que no asistirán al acto institucional del viernes: Sumar —grupo al que se adscriben las diputadas de Más Madrid—, Esquerra Republicana, Junts, EH Bildu, Podemos, PNV y BNG. Todos ellos consideran que la conmemoración de la restauración monárquica no puede obviar el contexto judicial y reputacional del emérito.

La propuesta de Más Madrid se inscribe en ese mismo marco crítico. Para la formación, actualizar el callejero y los equipamientos públicos es esencial para reforzar la “credibilidad democrática” y construir una memoria pública coherente con los valores actuales. Subrayan que no se trata de borrar la historia, sino de adecuar los símbolos institucionales a la realidad política contemporánea y al propio comportamiento del Estado hacia el antiguo monarca.

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