Fue el 25 de junio de 2014. El Parlamento de Andalucía aprobaba por unanimidad de Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida, los tres únicos grupos de la Cámara, la conocida oficialmente como ‘Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía’. El texto consolidado de la misma se publicaba en el Boletín Oficial del Estado del 8 de julio de aquel año.
Era la primera ley autonómica que regulaba el derecho a la autodeterminación y a la identidad de género, sin la obligación previa de someterse a las pruebas médicas o psicológicas que sí exigían entonces otras comunidades como Navarra o el País Vasco. Solo en los dos primeros años de aplicación de la ley más de 5.000 personas iniciaron los trámites para cambiar de sexo; unas 200 de ellas tenían menos de 14 años.
Una legislación pionera
Andalucía abría una senda que luego habrían de seguir hasta once comunidades autónomas. "Es una ley pionera, estatal y mundialmente, porque despatologiza la transexualidad y reconoce el derecho a la libre autodeterminación del género como un derecho fundamental", declaraba entonces la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), Mar Cambrollé, muy activa en la tramitación de la ley. La idea matriz que inspira la ley estatal no es diferente de la que inspiraba la andaluza: que las personas trans son quienes deciden quiénes son, ellas y nadie más.
La autodeterminación de género, que está siendo uno de los grandes caballos de batalla en la tramitación del texto estatal, ya estaba contemplada, y con el apoyo del PP, en la ley andaluza. La pugna del PP y de un sector del Partido Socialista contra dicho precepto suena a anacronismo si se tiene en cuenta que en la Andalucía de 2014 ambas formaciones dieron unánimemente su visto bueno a lo que ahora es objeto de discordia.
El proyecto estatal no solo coincide con la ley andaluza en el tema de la autodeterminación de género, sino también en muchos otros como las facilidades para el cambio de sexo y de nombre, la prohibición de las terapias de conversión, la despatologización ya mencionada, la no discriminación laboral o la protección de la diversidad sexual en el ámbito educativo.
Autodeterminación de género
El artículo 2 de la ley andaluza, titulado ‘Derecho a la autodeterminación de género’, era perfectamente explícito al respecto:
“Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, libremente determinada, al libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad de género, libremente determinada, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y al ejercicio de su libertad, conforme a su identidad de género, en los diferentes ámbitos de la vida social y, en particular, en el acceso y atención en los distintos servicios públicos que se prestan por la Administración de la Junta de Andalucía”.
El artículo siguiente definía así el concepto de identidad de género: “A los efectos de la presente Ley, se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y que incluye la vivencia personal del cuerpo. Puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”.
Esperanza Oña vs. Alberto Núñez Feijóo
La ley tenía además una particularidad política relevante: la derecha andaluza se sumó a ella. La iniciativa había partido del Gobierno de coalición de PSOE e IU, pero el PP supo comprender el alcance social y el avance en materia de derechos del texto legislativo.
La posición de la formación conservadora la defendió la diputada por Málaga y exalcaldesa de Fuengirola Esperanza Oña, cuyo coraje político fue muy elogiado desde la izquierda. Un año después, en una entrevista periodística, Oña hacía este balance: “Honestamente, lo que me llena de satisfacción es haber aprendido lo que es un transexual, yo no lo sabía. Como la mayoría de personas, pensaba que homosexual y transexual era prácticamente lo mismo, y no tiene nada que ver. Entonces, no solamente los he comprendido sino que me solidarizo con todas sus peticiones. La sociedad es muy injusta con estas personas”.
La posición de Oña y del propio PP andaluz contrasta con la del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que decía esto ayer desde Bruselas: "La Ley Trans es una frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres, de la infancia y se toma a broma buena parte de los principios básicos de la dignidad humana. La Ley Trans no debe aprobarse en ningún caso y si, como el borrador del Gobierno, se aprobarse tenemos el compromiso de derogarla en caso de que tengamos los votos suficientes en la próxima legislatura".
“¿Ha intentado violar a alguien de su familia?”
Los avances que la ley andaluza supuso para el colectivo trans los explicaba muy gráficamente así propia Mar Cambrollé: “Antes de 2014, para acceder al endocrino para recibir tratamientos hormonales las personas trans tenían que pasar por Málaga, donde existía una denominada unidad de trastorno de la identidad; se nos segregaba, se nos estigmatizaba, además, los protocolos de atención sanitaria exigían una evaluación psicológica para poder acceder a esos tratamientos, aunque en realidad no hay criterio científico alguno para determinar quién es o no es trans. A veces, el proceso nos llevaba llevaba dos o tres años. Nos preguntaban cosas como ¿ha intentado usted violar a algún miembro de su familia? o ¿le hablan voces extrañas? Eran preguntas para un enfermo mental, y por eso había que acabar con ese modelo. La ley daba ese salto cualitativo de ser objeto de la medicina a ser sujetos de derecho”
La entonces diputada de Izquierda Unida y ponente de la ley andaluza Alba Doblas, hacía en 2021 este balance de su aplicación: “La autodeterminación de la identidad de sexual no ha generado conflictos administrativos ni jurídicos, no ha generado problemas sociales, sino que los ha mermado y es un buen ejemplo para el desarrollo de la ley estatal. Tras seis largos años de entrada en vigor, no ha existido un solo conflicto relacionado con el movimiento feminista, con el borrado de mujeres o con violencia ejercida por personas trans. Los únicos conflictos extralegales se han producido con los colegios concertados de carácter religioso y con la desgraciada violencia hacia las personas trans, y para eso estaba la Ley, para aportar soluciones y no conflictos”.
