La investigación que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, vive este sábado un nuevo episodio. A partir de las 18.00 horas, Gómez está citada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para una comparecencia clave: el magistrado ha convocado a las partes con el objetivo de “concretar” la imputación por malversación que introdujo en la causa el pasado agosto y que, de llegar a juicio, sería enjuiciada por un jurado popular.
Se trata de la quinta vez que Gómez acude ante Peinado, quien la mantiene bajo sospecha desde la primavera de 2024. En ocasiones anteriores, la investigada optó por el silencio o por responder únicamente a su defensa, el exministro socialista Antonio Camacho. La cita de este sábado incluye también a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, señalado en su día como responsable jerárquico de la asistente.
Una comparecencia marcada por la controversia
La convocatoria responde a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que obliga al juez a comunicar de manera inmediata a los imputados la transformación de las diligencias en procedimiento por jurado. En esta vista, la Fiscalía y la acusación popular —en este caso ejercida por Hazte Oír— deberán concretar los cargos. Después intervendrán las defensas, que podrán solicitar el archivo.
El paso dado por Peinado el pasado martes, al anunciar la vía del jurado popular, reavivó las críticas en torno a su actuación. Defensas y Fiscalía han insistido en la falta de indicios sólidos sobre la supuesta malversación vinculada a la contratación de Álvarez. “Este procedimiento quedará en nada porque no hay absolutamente nada”, declaró Martín Aguirre, también imputado en la pieza.
La pieza separada por presunta malversación se abrió el 10 de marzo de 2025 con un auto de apenas dos páginas, sin precisar hechos concretos ni marco temporal. Inicialmente, el juez no señaló a Gómez ni a su asesora, y llegó a apuntar hacia responsables de La Moncloa, como el ministro de Presidencia Félix Bolaños, cuyo aforamiento obligaba a que cualquier investigación correspondiera al Tribunal Supremo. Ese camino fue descartado de plano por el alto tribunal, que rechazó imputar al ministro por ausencia total de indicios.
En agosto, sin embargo, Peinado dio un giro de 180 grados y decidió imputar directamente a Gómez y a Álvarez, pese a que en mayo había expresado que no podía achacarles responsabilidad penal en este delito. El instructor justificó entonces su cambio de criterio en un dictamen de la Audiencia Provincial de Madrid, que avalaba la investigación sobre Álvarez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Al fijar la citación de este sábado, Peinado aseguró que "con las leyes de la lógica y de la empírica" podía concluir que hay "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos". Y reconoció que, aunque en un principio consideró que "no procedía la admisión a trámite" de la querella presentada por Vox por malversación contra Gómez y Álvarez, "la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva".
Según expuso, llegó a esa "cristalización", en primer lugar, porque interpretaba en sentido incriminatorio el hecho de que el 10 de septiembre, cuando las citó a declarar como imputadas por malversación, Gómez solo respondiera a las preguntas de su abogado y Álvarez directamente se acogiera a su derecho a guardar silencio. Respecto a la mujer del presidente del Gobierno, el instructor dijo expresamente que "las que contestó la investigada Begoña Gómez a su letrado no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio".
En segundo lugar, el juez indicó que también apreciaba indicios en "los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio", que se encuentran en sede judicial desde el pasado día 16 de septiembre y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tendrá que analizar.
Aunque el instructor no lo mencionó el pasado miércoles, también está pendiente que Moncloa aporte a esta pieza separada los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez en su 'email' corporativo de Presidencia desde julio de 2018 -cuando se realizó el nombramiento de Álvarez- para que los examine la UCO.
Al margen, consta ya en la causa otro correo, de febrero de 2024, que Álvarez envió a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale. "Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", se lee en la posdata del 'email'.
