Los testimonios escandalosos de dos jueces, en directo y por televisión, deberían sonrojar a muchos políticos y a no pocos profesionales de la Justicia. Los jueces José Castro Aragón, que instruyó el caso Nóos en el que fue condenado a cinco años y diez meses de prisión Iñaki Urdangarín, yerno del Rey emérito, y Santiago Torres, que abordó entre otros el caso Malaya de corrupción en Marbella, mostraron las presiones más feas y desagradables del poder, con un amparo muy limitado o incluso nulo de sus colegas de la Justicia.

Son bien conocidos más casos de magistrados que, por realizar su trabajo de forma independiente pese a las coacciones a su entorno personal, han sido difamados y apartados de cualquier posible promoción. Esa es la idea de la Justicia que está demostrando tener el Partido Popular cuando pone todos los obstáculos posibles a que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, es decir el Gobierno de los jueces, como obliga la Constitución. Sus razones tendrán…

El juez Castro se vio inmerso en la investigación de las andanzas empresariales de Iñaki Urdangarín, que acabó en la cárcel y dictó la imputación de Cristina de Borbón, hija de Juan Carlos I. “Aquello era una encerrona”, resumió José Castro a quien pidieron reuniones desde Zarzuela, o el propio abogado de la infanta. Incluso, explicó el juez, que ofrecieron a su hijo “que asumiera la defensa de uno de los investigados en el sumario Palma Arena. “Le dije que si aceptaba esa propuesta implicaba que yo tuviera que abandonar”.

Castro, que aseguró que nunca se había tenido por “juez estrella” tuvo serios enfrentamientos en la Audiencia de Palma con el fiscal Horrach. El juez le dijo que no venía a cuento ese interés de la fiscalía en asumir la defensa de una persona (la infanta Cristina) que ya tenía sus propios abogados.

La experiencias del juez Santiago Torres fueron también de coerciones insoportables e inaceptables. "Al año de marcharme de Marbella, ya sufrí el primer infarto por la situación de acoso y de estrés continuado”. Torres y su familia se habían trasladado a Madrid para buscar un poco de anonimato. 

Como demuestra la hemeroteca, no recibieron un apoyo claro del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de Castro, la comisión permanente aprobó una declaración genérica. Solo seis vocales progresistas reclamaron una comunicación más contundente y directa. En cuanto a Torres, el Consejo sí lo apoyó expresamente en 2007, ante las críticas recibidas cuando ordenó la detención de la cantante Isabel Pantoja dentro del caso Malaya. Pero, en otro momento, le enviaron una inspección que frenó una posible promoción. Fue cuando decidió continuar la investigación sobre el entonces presidente de Telefónica. Por cierto, que en aquel momento era miembro del CGPJ, Enrique López, hoy consejero madrileño de Justicia por el PP y responsable del área en la ejecutiva del partido.

Sobre el CGPJ, Torres dijo que no se llega a determinados cargos sin los apoyos que conozcan que “no vas a dictar resoluciones que se aparten de sus intereses”. Castro opinó que sin padrinos en el Consejo “no llegas a ningún sitio”.