Este jueves el Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP) y Vox con las que pretendían paralizar la tramitación del proyecto de ley para que el Estado asuma más de 83.000 millones de euros de su deuda pública, por lo que ha salido finalmente adelante.
Con los votos a favor del PSOE, Sumar, y del resto de los socios, también Junts, el proyecto de ley de la quita de deuda autonómica podrá seguir tramitándose. Inicialmente, los neoconvergentes tildaron esta quita de "insuficiente", pero este jueves confirmaban que se oponen a tumbarla en los primeros pasos de tramitación parlamentaria, lo que exigían desde el PP y Vox, que consideran que esta norma está diseñada en beneficio de Cataluña y en detrimento de las otras comunidades autónomas.
A razón de ello, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha puesto de relieve que "siete de cada diez euros (de la deuda que se condonaría) benefician a comunidades gobernadas por el PP". Asimismo, el titular de la cartera de Hacienda ha puesto de relieve que Andalucía sería la autonomía más beneficiada seguida de la Comunidad Valenciana, mientras que Canarias sería la comunidad que más reduciría su deuda en términos proporcionales, concretamente, un 50%. "Hablen ustedes con la Comunidad Valenciana, que tiene un ratio de deuda del 40,4%, hablen con los representantes de la Región de Murcia, la segunda más endeudada, y explíquenles por qué, por razones estrictamente partidistas, ustedes prefieren que sigan soportando esa carga financiera", ha lanzado España.
“Imaginemos una familia que tiene una hipoteca de 250.000 euros y a la que, un día, su banco le comunica que va a asumir 100.000 euros de esa deuda. ¿Alguien cree que esa familia abandonaría la oficina del banco diciendo que no quiere que le reduzcan la hipoteca que tiene? Nadie lo entendería”, ha proseguido el ministro. “Podemos debatir los criterios técnicos y las cantidades, pero resulta difícil de explicar que alguien se oponga a que disminuya la deuda que tiene su institución con los ciudadanos de su territorio”, ha lamentado.
Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cruset ha advertido de que, aunque su grupo vote a favor de que continúe la tramitación de la quita de deuda, "habrá que poner solución a muchas de las deficiencias de la propuesta actual". En esta línea, Cruset ha exigido la quita total y no parcial de la deuda de Cataluña y ha señalado que existe un agravio comparativo de su comunidad con otras como Andalucía, en términos absolutos la más beneficiada de la condonación. "¿Por qué proponen que se rebaje sólo un 19% la deuda de Catalunya y en cambio que se rebaje un 50% la deuda de Andalucía? ¿Van ustedes, diputados de ERC y del PSC, a impulsar un nuevo agravio contra Catalunya?", espetó.
El rechazo de PP y Vox
El pasado 9 de julio PP y Vox presentaban sendas enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica impulsado por el Gobierno central para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros. Los dos partidos de la oposición reclamaron la devolución de esta norma alegando que nace de acuerdos políticos bilaterales con ERC.
El Consejo de Ministros aprobó a finales del año pasado esta ley de condonación de deuda y la remitió al Congreso para que siguiera su recorrido parlamentario. Tras ello, a principios de julio terminó el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, confirmando que PP y Vox solicitaron devolver la ley al Gobierno porque creen que vulnera principios fundamentales de responsabilidad y solidaridad fiscal.
En concreto, la enmienda a la totalidad del PP calificaba el proyecto de ley como una norma "injusta, insolidaria e ineficaz para lograr los objetivos que dice perseguir". Al respecto, los populares acusaron al Gobierno de premiar a las comunidades autónomas sin valorar su gestión y criticaron que la condonación de la deuda autonómica se haya diseñado como un "traje a medida acordado con sus socios parlamentarios", extendiéndolo al resto de regiones para intentar "disimularlo".
Por su parte, Vox justificó su rechazo al proyecto de ley de condonación de deuda argumentando que no responde a una necesidad del sistema de financiación, sino que es el resultado "de un pacto político entre el PSOE y ERC". En esta línea, los de Santiago Abascal denunciaron que el Gobierno utiliza esta ley para cumplir con el "compromiso de impulsar la condonación de la deuda como precio de su permanencia en el poder".
Entre los puntos claves de su argumentación, Vox sostuvo que el Gobierno ha creado un régimen de excepcionalidad jurídica, advierte del riesgo fiscal de esta medida y carga contra el modelo autonómico.
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