Almeida redobla su persecución a los acampados de Sol y quiere cobrarles la limpieza y los desperfectos

El Ayuntamiento de Madrid pretende que los participantes en la acampada de la Puerta del Sol asuman los costes derivados de la limpieza, los posibles desperfectos y las reparaciones que sean necesarias cuando termine la protesta. La vicealcaldesa, Inma Sanz, aseguró que el consistorio intentará recuperar “hasta el último euro” para evitar que los gastos recaigan sobre los ciudadanos, aunque todavía no ha concretado cómo piensa hacerlo.

Sanz responsabilizó tanto a quienes permanecen en el campamento como a la Delegación del Gobierno, a la que acusa de permitir la situación por “dejación de funciones”. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa señaló que el estado de la plaza preocupa especialmente al Ejecutivo municipal. Un portavoz del Ayuntamiento se limitó a explicar que se está estudiando la fórmula para reclamar el dinero.

Entre los posibles daños, el consistorio menciona las pintadas realizadas sobre elementos emblemáticos, como la estatua del Oso y el Madroño o el monumento a Carlos III. También teme que las tiendas de campaña hayan deteriorado el pavimento, recientemente rehabilitado, al ser fijadas al suelo. La Puerta del Sol está catalogada como Bien de Interés Cultural, por lo que el Ayuntamiento destaca la importancia de comprobar las consecuencias de la acampada sobre el patrimonio histórico y el mobiliario urbano.

Sin embargo, la propuesta del Ayuntamiento que rige José Luis Martínez-Almeida plantea varias dificultades: cómo calcular el coste total, quién tendría que pagarlo y de qué manera se podría atribuir cada desperfecto a una persona determinada, lo cual, teniendo en cuenta la naturaleza de la protesta, es casi imposible. La presencia de numerosas organizaciones y miles de participantes durante las semanas de protesta complica la posibilidad de responsabilizar individual o colectivamente a todos los acampados.

Un único precedente... y lejano

Existe un precedente que puede servir de referencia. En marzo de 2023, nueve activistas climáticos mancharon con pintura roja las escaleras, las columnas y los leones de la entrada del Congreso de los Diputados. Los participantes estaban vinculados a Extinction Rebellion, Rebelión Científica y Futuro Vegetal. Este verano, el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid condenó a cuatro de ellos a pagar multas de 1.400 euros por un delito contra el patrimonio histórico, mientras que absolvió a los otros cinco, que participaron en la protesta sin arrojar pintura directamente sobre el edificio. Además, los cuatro condenados tuvieron que indemnizar conjuntamente al Congreso con 5.863,98 euros por los gastos de limpieza y restauración de los elementos afectados. El caso demuestra que es posible reclamar el coste de los daños, pero mediante procedimientos que identifican conductas y responsables concretos. El caso de la acampada de Sol es completamente diferente.

En Sol, la Policía ya ha impuesto 180 sanciones, según los datos difundidos por el Ayuntamiento el 15 de octubre. Aproximadamente un centenar están relacionadas con cuestiones de limpieza, mientras que las restantes corresponden al consumo de alcohol y drogas. El consistorio también busca identificar a las personas que se bañaron en la fuente de la plaza para aplicar las sanciones correspondientes. Ante esas imágenes, Almeida tuiteó: "Viva la ducha obrera".

Desde el 26 de septiembre, la Puerta del Sol ha llegado a albergar alrededor de 1.500 tiendas de campaña, aunque la cifra se ha reducido con el paso de las semanas. Para identificar a los posibles responsables de actos vandálicos, el Ayuntamiento estudia recurrir a las cámaras de seguridad cercanas a la plaza. Según publicó El Mundo, la estrategia consistiría en revisar las grabaciones del último mes, incluso fotograma a fotograma, para localizar a quienes hayan causado daños al patrimonio público.

La polémica también ha elevado la tensión entre el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida y la Delegación del Gobierno, encabezada por Francisco Martín. El Ayuntamiento acusa a este organismo de no haber intervenido para impedir una acampada que considera ilegal y sostiene que los desperfectos podrían ser importantes, aunque todavía no dispone de una evaluación definitiva del estado del pavimento y los elementos urbanos.

Almeida ha llegado a plantear la posibilidad de emprender acciones legales contra Martín. El alcalde volvió a criticar duramente la protesta el viernes, cuestionando su legalidad y sus condiciones. Según el consistorio, la relación institucional entre ambas administraciones atraviesa uno de sus peores momentos, con comunicaciones limitadas principalmente al intercambio de requerimientos formales. Mientras tanto, la acampada continúa en la Puerta del Sol. En su vigesimoséptimo día, los participantes siguen sin una fecha de desalojo definida y el Ayuntamiento mantiene su intención de exigir responsabilidades económicas por los daños que finalmente se acrediten.