Un juez manda al banquillo a los 15 activistas ambientales que en abril de 2022 arrojaron pintura roja sobre el Congreso de los Diputados en el marco de sus protestas. Habrá juicio, por lo tanto, mientras la Fiscalía pide una pena de un año y nueve meses de prisión para cada uno de los acusado por un delito contra el patrimonio histórico.
El juez de instrucción traslada la causa a los juzgados de lo Penal, donde se dirimirá si estas 15 personas son culpables o inocentes del delito después de que el pasado 21 de noviembre el fiscal encargado del caso pedía que se abriera juicio por una protesta que enmarca como Rebelión Científica.
Los hechos se remontan al 6 de abril de 2022 cuando un grupo de activistas ambientales se concentraron en las escalinatas del edificio de la Carrera de San Jerónimo junto a los leones y tiraron agua teñida de remolacha sobre el mismo -peldaños, columnas y algo de fachada- para pedir acciones más contundentes por parte de los poderes públicos con el objetivo de frenar el cambio climático. La actuación se enmarca dentro de otras acciones como el lanzamiento de sopa sobre el cuadro de la Mona Lisa o Los Girasoles de Van Gogh, el pegado de manos y otras partes del cuerpo a obras de Vermeer, Picasso o Andy Warhol o el corte de la M30 en plena operaicón salida.
Como la construcción cuenta con catalogación, por ahí viene la acusación de daños al patrimonio histórico. La Policía arrestó a los miembros de esta acción achacándoles de un delito incluso contra las instituciones del Estado. Después, el juez instructor retiró esa acusación, mientras que la entonces presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, remitía un escrito a petición de la Fiscalía que aclaraba que no el desarrollo de la actividad parlamentaria no se había visto afectada por culpa de esta protesta.
Este testimonio sirvió para contrarrestar la valoración de los agentes que se había apoyado en un informe del que era letrado Mayor de la Cámara que había afirmado que sí se produjo una “alteración notoria”. Tras descartar el supuesto, la causa siguió, pero solo con el delito de daños patrimoniales. Ahora los activistas irán a juicio.
Un año después
El Congreso de los Diputados se ha teñido de pintura en varias ocasiones. Un año después -en marzo de 2023- un grupo de activistas de Futuro Vegetal lanzaron pintura roja en la fachada exterior del Congreso, coincidiendo la acción en el tiempo con la declaración en los juzgados de los 15 científicos españoles imputados por una protesta similar.
En este segundo “asalto”, fueron nueve los activistas que participaron de él, algunos de los cuales habían colaborado en la escena de abril de 2022. Fuentes del colectivo emplazarían en el momento que, nuevamente, no era pintura lo que se había vertido, sino de agua coloreada como la empleada por en abril de 2022.
Defendieron actuar “frente a la criminalización del movimiento climático y científico” y señalaron que “varios de los participantes” eran “científicas que participaron en la acción originaria de Rebelión Científica del pasado 6 de abril de 2022” y que entonces fueron llamados a declarar. Los activistas de Futuro Vegetal iniciaban así una campaña que anunciaron para el mes de abril.
La organización, por su parte, está formada en su mayoría por miembros de Extinction Rebellion, otro colectivo de activistas surgido en 2018. Con sus movimientos, Futuro Vegetal seguía la estela de colectivos como Just Stop Just Stop (Reino Unido), Letzte Generation (Alemania) y Dernière Rénovation (Francia) que pertenecen a la red A22 de activistas climáticos apoyados económicamente por el Climate Emergency Fund creado por Rory Kennedy -hija de Robert F. Kennedy- y Aileen Getty -nieta del magnate del petróleo Paul Getty.
