En un frente político perfectamente coordinado, los gobiernos autonómicos gestionados por el Partido Popular han lanzado un duro embate contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la gestión en materia de extranjería.
Coincidiendo con la convocatoria de la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los consejeros del Partido Popular han firmado una declaración conjunta para anunciar que no participarán en lo que califican como una "simulación" y una maniobra de opacidad.
La decisión de plantar al departamento ministerial responde, según el escrito consensuado por los barones populares, al deterioro de las relaciones entre administraciones y al "unilateralismo" impuesto por la Moncloa.
El texto denuncia que la Conferencia Sectorial ha sido "vacada de su verdadera finalidad", recordando que la cita actual se produce 15 meses después del último encuentro, contraviniendo el plazo semestral estipulado reglamentariamente y evidenciando, a juicio de los populares, una falta real de voluntad de diálogo.
Bloqueo documental y críticas a la regularización
El detonante técnico del plante autonómico radica en el acceso a la información. Las comunidades del PP acusan al Ministerio de rechazar sistemáticamente la remisión de las actas y grabaciones de las comisiones preparatorias, además de sustituir las transcripciones literales por "síntesis interpretativas" que generan inseguridad jurídica e interfieren en el debate institucional.
Asimismo, las autonomías gobernadas por el PP inciden en la falta de previsión presupuestaria frente al proceso de regularización de personas extranjeras impulsado por el Gabinete central. Según exponen en la declaración, el Ministerio remite únicamente Memorias de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) genéricas, sin aportar estudios pormenorizados sobre la carga económica que deberán soportar los servicios públicos regionales —tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales— ni aclarar las partidas que financiarán el anunciado Plan de Integración.
Las asignaturas pendientes del marco europeo
La ofensiva coordinada del PP pone también el foco en el plano internacional. Los representantes autonómicos denuncian la ausencia de datos oficiales sobre la implementación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aludiendo a carencias operativas, retrasos en la formación de personal y falta de dotación en infraestructuras fronterizas.
En la misma línea, critican que España votara en contra de adherirse al acuerdo suscrito por 33 países en la cumbre europea de Armenia para el intercambio de información sobre flujos migratorios y lucha contra las redes de tráfico de personas.
Frente a la que consideran una política "descoordinada e irresponsable", los gobiernos del Partido Popular apuestan por fijar una política de Estado rígida. Su propuesta aboga por una inmigración legal estrictamente vinculada a las necesidades del mercado de trabajo, con criterios de afinidad cultural, el reforzamiento del control de las fronteras exteriores y la aplicación inmediata de las directivas europeas de asilo y retorno.
"No avalamos una política migratoria opaca e irresponsable (...) El Gobierno ha transformado la Conferencia Sectorial de Inmigración en un instrumento de imposición, opacidad y unilateralismo [...] el Partido Popular no participará en esta simulación (...) Esta convocatoria se ha programado 15 meses después de la anterior, un plazo que por sí solo desmiente cualquier voluntad real de diálogo (...) Las CCAA vamos a soportar sobre nuestros servicios públicos el impacto de esta regularización masiva (...) Es una falta de respeto institucional que nos hace imposible tomar las medidas necesarias para atender a los inmigrantes que finalmente sean regularizados", sostienes fuentes oficiales del Partido Popular.
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