El Gobierno ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha culpado a la coalición del escándalo que afecta a su pareja, Alberto González Amador. La Fiscalía ha señalado al novio de la líder del Partido Popular (PP) por el fraude de 350.951 euros durante los peores años de la pandemia (2020 y 2021) y esta, lejos de dar explicaciones, ha culpado al Ejecutivo de Sánchez de organizar una cacería. “A la señora Ayuso le pido más transparencia y menos fruta”, ha respondido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también dueña de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha calificado la denuncia contra González Amador, relacionado con el hermano de Ayuso, como “muy grave” y ha trasladado a la presidenta autonómica que “es muy urgente que ayuso de las máximas explicaciones lo antes posible”. “La señora Ayuso es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a alguien, pero muy timorata cuando tiene que trasladar explicaciones”, ha sentenciado la portavoz del Gobierno, lamentando la falta de transparencia de la mandataria.
"Ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda”, ha trasladado Ayuso, que ha reconocido que “sabía que estaba sufriendo una inspección”. “Primero te hace una acusación y luego él tiene que defenderlo. Y en cualquier caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid", ha zanjado, antes de asegurar que "no ha habido ni trama, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde La Moncloa”.
Estas palabras tampoco se le han escapado a Alegría, que ha deslizado que “cualquier dirigente del PP tiene que ser muy prudente a la hora de usar el término trama”, haciendo referencia a las palabras de Mariano Rajoy que apuntaban a que la Gürtel “no era una trama del PP sino una trama contra el PP”. El escándalo que pretende rehuir Ayuso podría envolver el piso de un millón de euros que ha comprado junto con su pareja investigada, aspecto por el que ha preguntado la oposición, y abre la puerta a la comparecencia de Ayuso en comisión parlamentaria.
¿Irá Ayuso a la comisión de investigación?
La presidenta de la Comunidad de Madrid podría ser otra de las personalidades que acuda a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que iría si lo llamaban y podría hacerlo acompañado de su compañera de la capital. Alegría ha dejado abierta la puerta a su llamada: “sería fundamental que participase y diese explicaciones. Lo que la fiscalía denuncia son dos delitos muy graves y es urgente y necesario que Ayuso dé explicaciones”.
La portavoz del Gobierno ha defendido la necesidad de esclarecer todos aquellos contratos y gestiones que pudieron estar salpicados de corrupción en plena pandemia, cuando miles de personas morían. El caso Koldo es uno de los que será abordado en la comisión y el PSOE apuesta por investigar a todos los involucrados, “caiga quien caiga” y aunque pueda perjudicar al partido. Sin embargo, el PP se opuso a la constitución de esta comisión ante la posibilidad de que cargos de su formación fuese también auditados en sede parlamentaria.
“El PP no votó a favor de la comisión del Congreso de los Diputados”, ha recordado la ministra de Educación, defendiendo que “siempre es positivo formar parte de estos ejercicios de transparencia”. No obstante, la iniciativa salió adelante igual y se desarrollará pese a la negativa de los conservadores, que Alegría ha interpretado. “Cuando no votas a favor es porque tienes algo que ocultar”, ha concluido. Las explicaciones, más allá de los balones fuera, todavía no han llegado.
Por el momento, se conoce que González Amador, con el que la presidenta autonómica se ha comprado un piso, está investigado por ser el presunto autor de dos delitos fraude fiscal en el impuesto de sociedades por valor de 155.000 euros en 2020 y de 195.951,41 en 2021. Además, también recae sobre él un delito de presunta falsedad documental por la presentación de facturas falsas a través de compañías externas con la intención de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades millonarias. Una suma de delitos que podrían suponer penas de cárcel de uno a cinco años de cárcel, por fraude fiscal, y de entre seis meses y tres años, por falsedad documental.
