Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defraudó a Hacienda en lo peor de la pandemia. Concretamente, el novio de la responsable de Sol defraudó el montante de 350.951 euros entre el año del Covid (2020) y el siguiente a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla. Así aparece reflejado en una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 5 de marzo después de recibir esta un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación que había iniciado dos años atrás en las que el Ministerio público había detectado movimientos sospechosos a través de las sociedades de González.
Concretamente, la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la líder regional dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de sociedades por valor de 155.000 euros en 2020 y de 195.951,41 en 2021, según publica este martes eldiario.es. Asimismo, se le atribuye otro delito de falsedad documental por presentar supuestas facturas falsas a través de compañías externas con la intención de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades millonarias. En números, las compañías presentaron facturas falsas por gastos ficticios que alcanzan los 1,7 millones de euros; de manera que se desgravaba gastos que nunca llegaron a hacerse, reducía los beneficios a declarar y, en definitiva, pagaba 350.000 euros menos de impuestos en dos anualidades.
Facturas falsas
Las dos sociedades investigadas son al 100% propiedad de González Amor. Se trata de Maxwell Cremona, Ingeniería y Procesos para el Fomento de Medioambiente; y Mastermann & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering. La segunda realmente presta servicios sanitarios y la última es una compañía sin empleados del sector de la cosmética y farmacia que el novio de Ayuso empleó para desviar parte de los beneficios que consiguió durante la pandemia.
La inspección de Hacienda concluye que a todos los gastos presentados, 1.748.580, 63 euros corresponden a cargos simulados y actividades que nunca llegaron a producirse. De la misma se desprenden albaranes de media docena de sociedades españolas, una mexicana y una de Costa de Marfil que prestaron servicios a la pareja afectiva de Ayuso para defraudar a Hacienda.
Con todo, la denuncia de la Fiscalía se dirige -además de al novio de la líder regional- a otras cuatro personas acusadas de prestarse a emitir facturas a las compañías de González. Entre ellos aparece un presunto empresario de origen mexicano, Maximiliano Eduardo Niederer González, que habría ejercido como nexo de unión entre dos de las empresas que emitieron estas facturas falsas a las empresas: una de ellas de 620.000 euros a nombre de una firma mexicana que se conoce como MKE Manufacturing SA, fechada a finales de 2020, y otra de 922.585,63 euros que emite en 2021 la sociedad Gayani Ltd, en su caso con sede en Costa de Marfil.
El informe de inspección de la Agencia Tributaria se refiere a una “intencionalidad querida y buscada por Maxwell Cremona SL de solicitar y utilizar las dos facturas que claramente son falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal en los ejercicios en que incrementa de forma significativa los beneficios”. Hace algo más de un año, cuando Niederer fue interrogado, en un principio alegó no conocer la empresa MKE Manufacturing SA a pesar de que en las facturas aparecía su nombre y su firma; y descartó ser su representante, así como haber firmado contrato alguna con las compañías del novio de Ayuso. Menos de una semana después, el empresario mexicano envió un escrito a Hacienda señalando que sí conocía la compañía, pero defendiendo que si su nombre aparecía en algún documento se debía a un “error involuntario” de la empresa.
Además del mencionado empresario mexicano, la Fiscalía pone el foco en otros tres ciudadanos andaluces propietarios de otras seis sociedades que también habrían contribuido a simular gastos para el entramado societario de la pareja de la presidenta.
El inicio de la investigación se sitúa en las declaraciones presentadas por el año 2021 y 2022, en las que se aprecia un incremento notorio de la facturación de la firma a partid del año del Covid. En concreto, las ventas se multiplicaron por más de seis, aunque en las declaraciones a Hacienda solo aparecen 8.400 euros de beneficio. Ejemplo claro de ello es precisamente la de la firma MKE Manufacturing, a la que contabilizó una factura de 620.000 euros que después trató de deducirse a pesar de enmarcarse en actividades que nunca llegaron a llevarse a cabo.
En el ejercicio de 2021, la pareja de Ayuso facturó 1,3 millones de euros, pero se dedujo una factura de más de 900.000 euros para pagar supuestos encargos realizados por la empresa de Costa de Marfil, Gayani LTD, que tampoco se realizaron. Acto seguido, González defendió haber anulado después la factura.
Además de todo ello, la pareja de la presidenta madrileña utilizó una empresa pantalla que adquirió a finales de 2020 para “remansar fondos a favor de Alberto González Amador”, en explicaciones de la propia Agencia Tributaria. En este caso, la compañía utilizada fue Masterman and Whitaker, a quien traspasó un contrato con un cliente habitual a cambio de 600.000 euros en concepto de “Consultoría de Sistemas a clientes”. El importa facturado a dicho cliente fue en realidad de 237.320 -muy inferior-, mientras que la empresa no tenía empleados, infraestructura ni medios para realizar los trabajos.
En este último caso, la Agencia Tributaria deja claro que se trata de una cesión “carente de sentido” y en última instancia una “simulación” por la que la sociedad emitió una “factura ficticia” por un importe estimado que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida” y “sin que responda a la realidad de los servicios prestados”. Las conclusiones de la Agencia Tributaria son que González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”. La empresa acabó apuntándose unas pérdidas superiores a los 222.000 euros con una factura falsa a partir de la cual generó un gasto deducible con el que se anotó un crédito fiscal a futuro para compensarlo con una desgravación cuando empezara a declarar beneficios.
