La pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, Alberto González Amador, defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Así consta en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo tras recibir un informe de la Agencia Tributaria a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que por su interés informativo reproducimos a continuación.

Tal y como ha adelantado 'ElDiario.es', en las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 Hacienda había detectado movimientos sospechosos de las sociedades de Alberto González Amador, con quien Isabel Díaz Ayuso reside en el centro de Madrid. Un enriquecimiento que tuvo lugar durante la pandemia.

Dos delitos de fraude

La denuncia acusa a González Amador de dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades, por 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 euros en 2021. Se le imputa también falsedad documental por la presentación de 15 facturas falsas que suman 1,7 millones de euros. Estas facturas, emitidas por empresas externas, pretendían reducir los beneficios declarados al fisco y evadir el pago de impuestos.

Las empresas investigadas, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, ambas propiedad al 100% de González Amador, se dedicaban, según Hacienda, a servicios sanitarios y cosmética/farmacia respectivamente. La Agencia Tributaria concluye que estas empresas utilizaron facturas falsas para desviar beneficios millonarios durante la pandemia.

La denuncia también señala a otras cuatro personas, acusadas de emitir facturas a las empresas de González Amador. Entre ellas se encuentra Maximiliano Eduardo Niederer González, un presunto empresario mexicano vinculado a dos empresas que emitieron facturas falsas por un total de 1.542.585,63 euros.

La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022, que mostraron un aumento exponencial en la facturación de las empresas de la pareja durante la pandemia. Hacienda detectó movimientos sospechosos en las declaraciones, llevando a una investigación que reveló la emisión de facturas falsas por gastos ficticios.

Además de las facturas falsas, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid también habría utilizado presuntamente una empresa pantalla, Masterman and Whitaker, adquirida en 2020, para simular servicios inexistentes y generar beneficios ficticios. Esta operación, según la Agencia Tributaria, resultó en una "ventaja fiscal inadmisible" para González Amador.

La Fiscalía solicita la imputación de González Amador por tres delitos: dos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Para que exista delito fiscal, además de superar los 120.000 euros defraudados por ejercicio, se requiere dolo, y la Agencia Tributaria considera que en este caso hay evidencias de engaño u ocultación.

Delitos previstos en el Código Penal

O dicho de otro modo, el Ministerio Público considera que González Amador cometió dos delitos fiscales previstos en el artículo 305.1 del Código Penal relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y de 2021. Ese artículo, tal y como informa Alberto Pozas y Elena Herrero, castiga con penas de uno a cinco años de cárcel a quien eluda el pago de impuestos disfrutando “indebidamente” de beneficios fiscales, como la Fiscalía sostiene que ocurrió en este caso. Para que un fraude a Hacienda se considere delito, la cuantía defraudada debe superar los 120.000 euros. Según la liquidación de la Agencia Tributaria, la cuota defraudada por la pareja de Ayuso fue de 155.000 euros en 2020 y de 195.951,41 en 2021. 

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