Los fiscales del Tribunal Supremo han decidido este martes acusar de terrorismo a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic, acordando sacar adelante un nuevo informe que sí apoye la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón. Ante esta decisión, el Gobierno ha reaccionado, enmarcándolo en una “normalidad democrática”.

Ha sido Margarita Robles, ministra de Defensa y exjueza del Supremo, la que antes del inicio de la sesión de control al Gobierno en el Senado ha hablado del asunto: “Lo importante es que el Poder Legislativo es el que dicta las leyes, y esas leyes obligan a todos, a los jueces y a los fiscales”.

La ministra ha sostenido que la decisión de la Junta de fiscales es “una manifestación de normalidad democrática” y que “cada organismo” debe dar “su opinión”: “La Junta de Fiscales ha dado su opinión, los jueces hacen su trabajo, y después lo importante es que el Poder Legislativo es el que dicta las leyes (…) Y esas leyes obligan a todos. A los jueces, a los fiscales y a todos los ciudadanos”.

Ante la insistencia de los periodistas, Robles ha remarcado que lo de este martes con el Supremo es “un trámite más, de absoluta normalidad democrática”. “Todo es opinable, discutible y, por tanto, normalidad democrática”, ha subrayado, reiterando que van a “respetar el trabajo de fiscales y de jueces”, así como al poder legislativo, “que es el que dicta las leyes que aplican jueces y fiscales”.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que respecta la decisión de los fiscales, enmarcándolo también dentro de la “normalidad institucional y democrática”. “Creo que lo que ha pasado es normalidad institucional y democrática absoluta, ha habido un debate jurídico y desde el Gobierno respetamos cualquier decisión que tomen los tribunales”, ha dicho en el pasillo del Senado a los periodistas.

Tras la reunión del Consejo de Ministros y poco después de conocerse la decisión de los fiscales, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresaba "el máximo respeto" desde el Gobierno a las decisiones adoptadas por los fiscales de Penal del Supremo respecto de la decisión adoptada este martes con respecto a la petición de García-Castellón de que se investigue a Puigdemont como presunto autor de un delito de terrorismo.

Los fiscales respaldan a García-Castellón

Este martes, la mayoría de los fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo ha decidido tumbar el informe elaborado por su compañero Álvaro Redondo, que se oponía a que el Supremo investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del procés.

La junta, pese a haber estado debatiendo durante más de tres horas en una reunión que las fuentes consultadas han tildado de “muy jurídica, pero también muy tensa”, finalmente han votado por una mayoría aplastante 12 a 3 no compartir el criterio de Redondo con respecto a investigar a Tsunami por terrorismo. Y, por otra porta, once los quince han apostado por dirigir la investigación por terrorismo contra Puigdemont.

En cuanto a lo que va a suceder tras esta votación, aunque las decisiones de la Junta de fiscales de Sala no son vinculantes, sí conllevará la redacción de un nuevo informe. Finalmente se ha decidido que sea María Ángeles Sánchez, la teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, y número 2 del Ministerio Público, la encargada de redactar el informe con el criterio final de la FGE. El motivo ha sido las discrepancias en la votación entre los dos jefes de Penal Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa.

En su informe, Redondo explicaba que los indicios que hay en este momento son "demasiado abiertos para poderse afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia". Y por ello proponía, como ha adelantado El Periódico de España, devolver la causa a García-Castellón para que prosiga investigando: “Procede indicar al instructor que debe continuar las investigaciones, al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal, que justifiquen la elevación de la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación con los referidos señores”.