La mayoría conservadora ha conseguido tumbar el informe del fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, en el que se muestra contrario a las intenciones del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que pretende que el Alto Tribunal investigue al expresidente catalán, Carles Puigdemont, por terrorismo dentro del caso Tsunami. 

La junta, pese a haber estado debatiendo durante más de tres horas en una reunión que las fuentes consultadas han tildado de "muy jurídica, pero también muy tensa", finalmente ha votado por una mayoría aplastante 12 a 3 no compartir el criterio de Redondo con respecto a investiga a Tsanami por Terrorismo, lo que implicará la redacción de un nuevo informe. Pero más concretamente, y en una segunda votación, se ha votado que sí existen indicios concretos contra los dos aforados afectados, Puigdemont y el diputado de Esquerra Rubén Wagensberg. Así, la Junta no solo va en contra de su compañero el fiscal Redondo, sino del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien también ha recurrido la decisión del polémico juez al no ver ningún indicio de deito de terrorismo en los sucedido en Cataluña en el año 2019.

En cuanto a lo que va a suceder ahora, aunque las decisiones de la Junta de fiscales de Sala no es vinculante, pero sí que conllevará la redacción de un nuevo informe. Finalmente se ha decidido que sea María Ángeles Sánchez, la teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, y número 2 del Ministerio Público, la encargada de redactar el informe con el criterio final de la FGE. El motivo ha sido las discrepancias en la votación entre los dos jefes de Penal  Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa.

Con respecto a este último extremo, la FGE ha emitido un comunicado en el que dicen: "Ante las discrepancias entre los dos fiscales jefes de la Junta, y conforme al criterio de los cuatro fiscales jefe de lo penal, ambos han elevado estas discrepancias a su superior jerárquica, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que será quien resuelva".

En su informe, Redondo explicaba que los indicios que hay en este momento son "demasiado abiertos para poderse afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia". Y por ello proponía, como ha adelantado El Periódico de España, devolver la causa a García-Castellón para que prosiga investigando: "procede indicar al instructor que debe continuar las investigaciones, al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal, que justifiquen la elevación de la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación con los referidos señores".

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras conocer el resultado de la Junta ha expresado "el máximo respeto" desde el Gobierno a las decisiones adoptadas por los fiscales de Penal del Supremo respecto de la decisión adoptada este miércoles con respecto a la petición de García-Castellón de que se investigue a Puigdemont como presunto autor de un deito de terrorismo.

Los fiscales

La Junta de Fiscales de Penal está compuesta por los jefes de laq Sección Penal Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa así como por sus compañeros, Consuelo Fidalgo, Manuel Martínez, Consuelo Madrigal, Manuel Dolz, Álvaro Redondo, Olga Sánchez, Javier Zaragoza, Juan Carlos Lopez Coig, María Ángeles Garrido, José Martínez Jiménez, Salvador Viada y Justino Zapatero.