La ciudadanía cada vez afronta más dificultades a la hora de pagar la renta de su vivienda. Para muchos ni siquiera es posible encontrar un inmueble al que poder acceder con sus ingresos, especialmente bajos en España; sin embargo, la gran mayoría de Comunidades Autónomas (CCAA), que agrupan casi la totalidad de competencias en esta materia, reniegan de intervenir en el mercado o de utilizar herramientas estatales como la ley de Vivienda que, si bien muy insuficiente, intenta abordar la problemática. El Gobierno de coalición se ha cansado de esperarlas y en septiembre seguirá avanzado con o sin ellas.
La última propuesta del Ejecutivo llegó en junio, durante la Conferencia de Presidentes, de la mano del presidente Pedro Sánchez. Sobre la mesa, un nuevo Plan Estatal para los próximos cinco años (2026-2030) que propone triplicar la inversión del conjunto del país para la construcción y habilitación de viviendas, pasando de los 2.300 a los casi 7.000 millones de euros. El Estado se haría cargo de 4.000 millones, pero exige a las CCAA que eleven su inversión al 40% (2.700 millones), dado que casi todas se encuentran en el entorno del 25%.
Si hay CCAA que no quieren participar, seguiremos avanzando bilateralmente con las que sí
Otra de las exigencias es que toda vivienda que se construya con fondos públicos mantenga su protección pública de por vida, no pudiendo pasar al mercado transcurridos una serie de años y replicando imágenes como las vistas en las últimas décadas en España. Si se construyen con dinero estatal, siempre serán públicas y con régimen de alquiler asequible, evitando un derroche de dinero en inmuebles que posteriormente poder ser utilizados para especular. “No queremos que con el dinero del Estado se construyan fondos que en 15 años se vendan a fondos buitre”, dejan claro fuentes del Ministerio de Vivienda a ElPlural.com.
El último de los tres requisitos es la facilitación de información transparente. Con este planteamiento, tan solo seis autonomías (Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia) se han sumado. “Nuestra voluntad es sumar a todas las CCAA porque parece incomprensible que se quieran borrar de un acuerdo que supone triplicar la inversión por no querer asumir tres compromisos que son de puro sentido común: que todos tenemos que poner más dinero, que las viviendas que se paguen con los impuestos de todos tienen que estar protegidas para siempre y que hay que dar datos de forma transparente”, trasladan las mismas fuentes.
División en las CCAA del PP
Destaca la suma al acuerdo de dos autonomías gobernadas por el Partido Popular (PP), Galicia y Canarias (en coalición con Colación Canaria como partido minoritario), dado que las once inmóviles restantes están todas bajo dominio de los de Alberto Núñez Feijóo. Aragón empieza a planteárselo seriamente, aunque choca en lo referido a blindar de forma indefinida la naturaleza pública de las viviendas, siendo Jorge Azcón más proclive a descalificarlas transcurrido un tiempo. El aragonés y sus homólogos del resto de territorios tendrán algo más de un mes para pensarlo.
“A partir de septiembre se intensificarán las negociaciones y si hay CCAA que no quieren participar del plan, seguiremos avanzando bilateralmente con las que sí”, afirman con contundencia desde la cartera liderada por Isabel Rodríguez. Las mismas fuentes trasladan a este periódico que los territorios disponen de “autonomía financiera y fiscal” para llevar a cabo sus políticas “como gusten”. Eso sí, si quieren la financiación estatal tendrán que cumplir con los requisitos que pone el Gobierno central, que es el responsable de dichos fondos.
Requisitos y objetivos del Plan
La meta del Gobierno con este nuevo Plan Estatal, según destacan desde Vivienda, es acabar con el déficit residencial, situado entre las 400.000-450.000 viviendas por el Banco de España; mejorar la regulación, buscando que la vivienda cumpla de una vez por todas su función social como bien de primera necesidad, no solo la especulativa; y poner el foco en los colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda, entre los que destacan esencialmente a los jóvenes. Así, la coalición pretende responder a la que es la principal preocupación de la ciudadanía española, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El abordaje planteado por Sánchez pretende avanzar en la solución de la problemática colaborando con las CCAA. Dentro de este marco, y más allá de los tres requisitos exigidos a los territorios que quieran recibir un dinero extra de la caja estatal, también se definen cinco objetivos. El primero de ellos es acercar el 3,4% que representa actualmente el parque español de vivienda pública, protegida y asequible al 8% de media europea, insuficiente también, pero más holgado. Asimismo, se considera necesario mejorar y acondicionar las viviendas existentes, a más de las nuevas que se levanten, para garantizar la dignidad del inquilino y la reducción de emisiones y derroches energéticos.
El tercero de los objetivos trasladados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es adelantar la edad de emancipación de los jóvenes españoles, actualmente ubicada en los 30,4 años, con medidas concretas, aún no definidas, dirigidas a este colectivo. El cuarto punto es reducir el esfuerzo destinado por los trabajadores al pago de su alquiler, en muchos casos más del 40% de su sueldo. Como último objetivo, el departamento de Rodríguez incide en la necesidad de utilizar la figura de las “zonas de mercado tensionado” contempladas en la ley de Vivienda.
