Fingir indignación porque el presidente de una comunidad autónoma decide hablar en su lengua cooficial da más titulares que abordar la problemática de la vivienda, pero está muy lejos de aportar algo a las vidas cada vez más precarias y complejas de la ciudadanía. Y es que el verdadero problema de convivencia es el incremento de personas que no pueden costearse un hogar digno; mientras el uso o no de un pinganillo solo importa a cargos públicos sin problema habitacional ni responsabilidad con sus ciudadanos, o con mucho que esconder.
No existe otra explicación que justifique por qué once presidentes autonómicos del Partido Popular (PP) han rechazado casi 3.000 millones de euros del Gobierno central para impulsar vivienda pública y asequible en sus territorios durante los próximos cinco. Un acuerdo para definir un nuevo Plan Estatal de Vivienda que es totalmente compatible con montar el numerito nacionalista en la Conferencia de Presidentes. Sin embargo, encabezados por Isabel Díaz Ayuso, los mandatarios decidieron ignorar el debate y no aportar alternativas o modificaciones a la propuesta del Ejecutivo.
Casi 7.000 millones es el presupuesto al que Pedro Sánchez propone que llegue la estrategia cooperativa, debido a que se comparten competencias, que aborde la crisis habitacional. Del total, 4.846.182.000 irían destinados a autonomías del Partido Popular y el 60% (2.907.709.000) lo costearían las arcas del Estado, según las cifras del Ministerio de Vivienda, a las que ha podido acceder ElPlural. La única contraprestación es que las comunidades autónomas aporten un 40% del total; es decir, 1.938.472 en el caso de las once CCAA del PP.
El aumento del presupuesto para construcción, rehabilitación, desarrollo de vivienda pública sería de unos 4.500 millones de euros en toda España. Los territorios gobernados por otras formaciones políticas han aceptado, pero desde el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo no están por la labor de incrementar este presupuesto en 3.500 millones de euros, pese a que el Gobierno central les daría 2.100 millones de euros y se reclamaría a las autonomías, proporcionalmente, un aporte adicional con respecto al Plan 2022-2025 de 1.400 millones.
La propuesta del Ejecutivo llega después de que en el periodo anterior ninguna comunidad autónoma, a excepción de Cataluña (61,4%), se haya acercado siquiera a un 40% del total de presupuesto destinado a incentivar la vivienda pública; donde el Estado ha tenido que cubrir mucho más del 60% de estas partidas, nuevamente con la excepción de Cataluña (38,6%). Algo sorprendente atendiendo al tensionamiento del alquiler y la compraventa en casi la totalidad del territorio nacional. Con esta tesitura, las once autonomías del PP han rechazado una millonada.
¿Cuánto dinero ha rechazado cada CCAA del PP?
El territorio que más se iba a beneficiar en términos absolutos del incremento de presupuesto para vivienda pública es la Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla, donde se hubiese incrementado en 819 millones la partida (+355%) y se habría pasado de los 320.778.900 de euros a los 1.139.886.000, de los cuales el Gobierno central pagaría 683.931.600. En términos relativos, la mayor renuncia llega de la Murcia de Fernando López Miras, donde la cuantía ascendía un 577%, pasando de los 50 millones a casi 300 millones, de los cuales 175.982.400 millones los aportaría el Estado.
Los otros grandes rechazos en suma total son las de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. En el territorio de Isabel Díaz Ayuso se proponía un incremento del presupuesto de 761 millones de euros (+355%) que llevase la cuantía total de los 298.268.100 a los 1.059.894.000, 635.936.400 a cargo nacional. Por parte de Carlos Mazón, su ejecutivo ha renunciado a 455.954.400 millones de euros estatales a cambio de aportar 303.969.600 para llevar el presupuesto de los 240 millones a los 760 millones, una subida del 316%.
Galicia y Castilla y León son las siguientes en la lista de rechazo y habrían disfrutado de un presupuesto 273 millones y 258 millones mayor, respectivamente, de no ser porque Alfonso Rueda y Alfonso Mañueco han rechazado 228 millones y 216 millones cada uno para elevar el dinero destinado a vivienda pública un 355%. Lo mismo le ha sucedido a Jorge Azcón y a María Guardiola, que han rehusado de incrementar en 182 millones y 143 millones el presupuesto de Aragón y Extremadura, respectivamente, pese a que el Ejecutivo central asumiría el 60% del total del nuevo presupuesto.
En Baleares, donde los turistas campan sin coto y los ciudadanos no pueden acceder a un alquiler estable, pues les expulsan durante la época estival, y faltan profesionales como médicos y profesores por la incapacidad de residir en las islas, llegando a vivir en furgonetas, Marga Prohens ha rechazado 96 millones del Gobierno para llevar el presupuesto total a los 160 millones. María José Sáenz y Gonzalo Capellán han seguido la línea del PP y dejarán de recibir 76 millones, en Cantabria, y 68 millones, en La Rioja, para ayudar a elevar el presupuesto para vivienda pública más de un 300%.
