La Comunidad de Madrid presentará formalmente una querella contra la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto. Esta decisión, anunciada por Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, se toma después de que Maroto se negara a retractarse de sus declaraciones sobre los ancianos fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia.
"Vamos a interponer de manera inmediata una querella formal ya contra Reyes Maroto tras no retractarse ayer en este acto de conciliación sobre sus palabras sobre la gestión de las residencias durante la pandemia", ha dado a conocer el consejero en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
La realidad es que "fueron 7.291 las víctimas o personas mayores asesinadas" durante la pandemia en las residencias de la región, algo que Maroto afirma en declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, con el objetivo de “defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia", el Gobierno regional interpuso la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo.
El espejo quebrado en el que el Gobierno de Ayuso ve reflejados sus intereses respecto a las demandas sociales, que involucran justicia y, además, perdón, sufre un resquebrajamiento en mil pedazos de la misión comunitaria y la imagen de la Comunidad de Madrid.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tendrá que acudir al acto de conciliación el 26 de junio, al acusar de "gestión homicida y criminal" al Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante la que también se formalizará una querella si no se retracta de sus declaraciones.
Madrid demanda a Belarra por decir que la gestión de Ayuso de las residencias fue "homicida"
El motivo por el que la región ha tomado esta decisión se corresponde con unas palabras que pronunció el pasado mes de marzo, cuando indicó que la Autonomía había hecho una “gestión homicida” de los centros de mayores durante la pandemia.
“Hemos conocido que la señora Ayuso ha vuelto a utilizar los instrumentos públicos de los que dispone a través de la Comunidad de Madrid para tratar de tapar su corrupción y su gestión homicida de la pandemia”, añadía desde el Congreso de los Diputados.
Tres imputados
El lunes 26 de mayo deberían haber declarado en los juzgados los autores de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, Carlos Mur y Francisco Javier Peromingo, así como el ideólogo de la privatización sanitaria del PP, Antonio Burgueño, pero finalmente se libraron de hablar en los juzgados de Plaza de Castilla por la rúbrica de estos documentos que impidieron el traslado de personas mayores a hospitales.
Los tres altos cargos, primero imputados en la causa en la que se busca dirimir responsabilidades por lo ocurrido en los centros de mayores durante la pandemia del Covid, serán previsiblemente citados, ya que la suspensión momentánea obedecía a un error en los tiempos, según pudo saber este periódico.
El PSOE se personará en la causa como acusación popular. Algo que, según fuentes socialistas, es imperativo al considerarlo “imprescindible para apoyar a las familias de las víctimas”. “Acompañaremos a las familias hasta el final”, señalaron los socialistas, que reafirmaron así su compromiso con la memoria, la justicia y la reparación: “Lo dijimos y lo cumplimos”.
Atendiendo a la explicación de los socialistas madrileños, su personación persigue “que se investigue no solo la posible denegación de la prestación sanitaria por razón de edad”, sino también la elaboración misma de los protocolos. “Se aprobaron sabiendo que podían ser ilegales y que podían dar lugar al fallecimiento de esos mayores sin atención sanitaria”, emplazan.
