A principios de esta semana deberían haber declarado en sede judicial los autores de los protocolos de la vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Peromingo, así como Antonio Burgueño.

Los dos primeros fueron quienes pusieron la rúbrica a los documentos que impidieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales de la Comunidad de Madrid durante el Covid, pero a algunos les sorprende que el último de los nombres esté también en este primer llamamiento -no por no merecido, sino por desconocimiento-, por lo que este artículo intenta responder quién es Burgueño, por qué ha sido también requerido por la Justicia y cuál es su trayectoria, tampoco exenta de polémica.

La última de las primeras personas que deberá explicar cuál fue su papel en la gestión de los centros de mayores durante el inicio de la pandemia fue elegido por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso como coordinador de la crisis sanitaria en la capital, un nombramiento que generó muchas dudas al ser considerado el abanderado por excelencia de la privatización en la autonomía o, al menos, uno de los grandes privatizadores de este servicio.

Lejos de ser una opinión partidista, es su legado el que le colocó en esta posición controvertida con acciones como la que llevó a cabo en 2013, cuando impulsó el denominado “plan ahorro” en detrimento de la sanidad pública que, en la práctica, implicaba la privatización en la gestión de seis de los centros de la comunidad.

Manteniendo siempre la misma línea, Burgueño atacó directamente la atención primaria pública, llegando a calificar de “entrañable” el pago en consultas de médicos de cabecera. “El pago directo de 30, 40, 50 euros del paciente al médico de cabecera redundaría en un modelo sanitario más entrañable (…) No podemos seguir ni con médicos ni empleados sanitarios funcionarios; los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”, defendió.

En lo que se refiere a su relación estricta con el PP, el origen de la misma no se encuentra en el gobierno de Ayuso, sino en el de su predecesora Esperanza Aguirre, siendo en aquella época cuando impulsó la privatización de multitud de hospitales y defendió sin paños calientes el desmantelamiento de la sanidad pública, alcanzando a pronunciar las palabras anteriormente proyectadas. Antes de aquello, ejerció como médico de la aseguradora Adeslas entre la década de los 90 y 2001, momento que muchos sitúan como el inicio de su deriva privatizadora.

Rechazo unánime a su nombramiento

Con este palmarés, en 2020 pocas personas, a excepción de miembros del PP, celebraron este nombramiento. La actual ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid, Mónica García, recordó sus palabras y actuaciones a favor de la sanidad privada, como cuando dijo que le parecía “entrañable” que la consulta de atención primaria costara entre 30 y 50 horas; o calificó como un “entorno empresarial de inversión” la pública.

Y por si alguien pudiera pensar que las palabras de la ahora ministra vinieron propiciadas única y exclusivamente por su ideología política, nada más lejos de la realidad, y es que en una línea similar se pronunciaron otros especialistas de la sanidad como José Ramón Arribas, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital La Paz-Carlos III, quien por aquel entonces expresó igualmente su desaprobación con la decisión de Sol: “Respetuosamente le solicitamos que reconsidere el nombramiento de Antonio Burgueño como coordinador frente a COVID-19, una persona que cuenta con el rechazo de gran parte de la sanidad madrileña”, emplazó a una Ayuso que hizo caso omiso.

Medicalización fallida de geriátricos

Si se habla de Burgueño hay que mirar también a su árbol genealógico; desde su padre, Antonio Burgueño Jerez, jefe de la compañía pionera en la Comunidad Valenciana en la gestión privada de hospitales públicos Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud, hasta sus hijos, piezas también clave en la región durante la pandemia.

El nombre de Encarnación Burgueño saltó a los medios de comunicación por la conocida como Operación bicho, el plan fallido para medicalizar los geriátricos de la Comunidad de Madrid. Se trato de una actuación clandestina que transcurrió durante los 12 días de primavera de 2020 en los que fallecieron alrededor de 3.000 mayores dentro de las residencias.

El plan, además de que no sirvió para nada, estuvo pensado por y para el negocio, tal y como demostraron audios difundidos por el diario El País a finales de aquel año. “Flipo colorines”, dictaba una de estas conversaciones. “Nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, Comunidad Autónoma”, esperaba.

Lo grave no es el apellido, sino que la persona que dirigió aquel plan no disfrutaba de ningún tipo de experiencia sanitaria. Entretanto, su padre se reunió con la propia Ayuso; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; y los entonces consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty para entregarles un plan que se materializó a partir del día siguiente pero que no se llegó a producir: enviar a médicos a residencias de mayores para atenderlos in situ para que los hospitales no colapsaran.

El plan no solamente no se ejecutó, sino que Burgueño -hija- fue una de las personas que vio negocio donde lo primordial debería haber sido salvar vidas. En su caso, trató de obtener el beneficio junto a su socio en el negocio de desfibriladores, Israel Jara, y el gerente de una pequeña empresa de ambulancias, Eduardo Aragonés. Todo ello con el beneplácito de Mur, firmante de los protocolos y cuya declaración también está pendiente.

Ampliando el árbol genealógico de la familia Burgueño, el hermano de Encarnación, Antonio Burgueño Jérez, también trabajó para el Ejecutivo de la región, tal y como pudo saber este periódico. En su caso, lo hizo a través del Proyecto Impulso con una actividad que consistía en la “evaluación y planificación de la gestión para la seguridad del paciente”. El proyecto se aplicó en una docena de hospitales y áreas sanitarias, entre ellos el hospital de Fuenlabrada.

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