La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular (PP) de la región, Esperanza Aguirre, acuda a testificar al juicio sobre la caja b de los populares madrileños y también solicitará que sea condenada como partícipe a título lucrativo, al haberse beneficiado de los servicios reputacionales y electorales de uno de los cabecillas de la trama Púnica, Alejandro de Pedro. El ministerio público trasladará esta petición al Tribunal durante "la fase de cuestiones previas en el juicio oral", según ha informado la Cadena Ser.
Además, la Fiscalía requiere el mismo trato para el sucesor y mano derecha de Aguirre, Ignacio González. En lo referido a su figura como testigos, el ministerio público considera vital el testimonio de la exdirigente del PP al ser la persona que dirigía el partido en el momento en el que se cometieron los presuntos delito, tras y como recoge el informe que adelantó El País. De acudir a la vista oral, Aguirre podría encontrarse con antiguos pupilos como Francisco Granados.
La que fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid durante casi una década estuvo imputada en la trama de la supuesta contabilidad paralela, una ramificación del caso Púnica, durante tres años, pero el juez Manuel García-Castellón, con la connivencia de la propia Fiscalía, decidió archivar en 2022 la causa que apuntaba a Aguirre. La justificación, según aludió, apuntaba a la falta de pruebas concluyentes, pese a que la líder del PP fue una de las principales beneficiarias de la citada caja b, con la que se pagaban sus campañas electorales.
Los investigadores otorgan la responsabilidad de la financiación irregular a Francisco Granados, quien era la mano derecha de Aguirre y secretario general del partido autonómico, y Beltrán Gutiérrez, gerente de los populares. Tres órganos son los investigados en la causa (Gobierno autonómico, PP de Madrid y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid) y los tres estaban liderados por Aguirre en el momento de la supuesta corrupción. La Fiscalía Anticorrupción pide casi ocho años de prisión para el pupilo de la expresidenta y tres años y medio para el otro acusado.
El juicio oral contra ambos excargos del PP se abrió la pasada semana, pero los afincados en Génova 13 echan balones fuera y reiteran que “no había financiación irregular”. Sin embargo, la Fiscalía no opina lo mismo y apunta en su escrito a una “fuente irregular de recursos” obtenidos por una trama que dopaba a la formación de cara a las citas con las urnas. Empresarios afines, fajos de dinero en efectivo o una contabilidad paralela son algunos de los señalamientos del ministerio fiscal.
La caja b, al detalle
“Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, aprovechando sus cargos orgánicos dentro de la formación política, se concertaron para -de forma similar a campañas anteriores-, buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad afines a las que encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados [...] y ocultados, posteriormente, a la Cámara de cuentas de la Comunidad”, expone la literalidad del escrito. “La principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, al secretario general (Granados)”, continúa.
“Una vez entregadas, él mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra. Tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para si o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar al gerente, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas”.
Todo esto, además, no era nuevo ni excepcional porque, tal y como explica la Fiscalía, “la relación entre Granados y Gutiérrez era de plena confianza, pues [Gutiérrez] venía desarrollando esa labor con los diferentes secretarios generales de la formación y con los diferentes directores de las campañas, como nexo entre las personas que ‘recibían’ el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la sede regional”.
De la parte de los “gastos no declarados", Anticorrupción alude que “por parte de los acusados, se autorizaron gastos electorales que no fueron declaradas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido”. Para todo ello, “era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos”.
Para esclarecer todo esto la Fiscalía ha pedido la testificación de Aguirre y de una decena de cargos vinculados al PP. Entre tantos, los más destacados son el también expresidente autonómico Ignacio González; Carlos Izquierdo, tesorero del PP de Madrid desde 2009 a 2016; y los exconsejeros regionales Javier Fernández-Lasquetty, Lucía Figar y Salvador Victoria.
